El Gobierno prevé aprobar antes de verano las reformasanunciadas por el Ministerio del Interior encaminadas a combatir los actos vandálicos callejeros y que el Congreso de los Diputados apruebe estas modificaciones previstas en el Código Penal durante los meses de otoño, han informado fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
La idea es que el Consejo de Ministros apruebe antes de verano el Proyecto de Ley Orgánica de reforma parcial del Código Penal para su posterior remisión a las cortes generales, que finalizaría su tramitación en los meses de otoño.
En estas reformas se incluirán algunas de las iniciativas anunciadas en los últimos días por el ministro del Interior como la de considerar un delito de integración en organización criminal la convocatoria de actos violentos por Internet y las redes sociales.
La intención del Ejecutivo es ampliar a dos años la pena mínima de este delito para poder encarcelar cautelarmente a los autores.
"Como para pedir medidas cautelares tiene que haber una pena mínima de dos años y actualmente esos delitos están contemplados en el Código Penal con penas de uno a tres años de cárcel, nuestra pretensión es que en lugar de uno a tres años, pase a ser de dos a tres o de dos a cuatro. Si el mínimo es de dos años entonces, atendiendo a cada caso y teniendo en cuenta la multirreincidencia o el grado de violencia, el fiscal puede pedir cárcel como medida cautelar", defiende Fernández Díaz.
Según dice, "cada vez hay más grupos antisistema violentos que se están manifestando usando técnicas de guerrilla urbana, produciendo atentados contra las personas y los bienes públicos y privados". "No hay ahora en el ordenamiento jurídico una respuesta a ese fenómeno novedoso", zanja.
Fuentes de este Ministerio insisten en que el sentido de estas reformas no persigue limitar los derechos de reunión o manifestación sino proteger a quienes se quieren manifestar pacíficamente de una minoría violenta que aparece en ciertas concentraciones alterando la convivencia y generando una mala imagen de España.
Resistencia pasiva, atentado a la autoridad
Además estas modificaciones, también pretenden incluir como atentado a la autoridad la resistencia pasiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad tal y como adelantó el propio ministro en el Congreso de los Diputados.
También se pretende incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Interior trabaja desde hace dos meses en esta iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
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