Una ley de transexualidad, otra contra el cambio climático y otra de memoria democrática para Andalucía que pretende ser la secuela regional de la Memoria Histórica. Esos son algunos de los “compromisos legislativos” que PSOE e IU se han propuesto desarrollar durante los cuatro años que gobernarán en coalición la comunidad más poblada de España.
El Acuerdo por Andalucía que las bases de la coalición comunista avalaron el martes recoge en un decálogo las líneas maestras de la gestión que hará el Ejecutivo presidido por José Antonio Griñán en esta legislatura. Con un comunista en la vicepresidencia –presumiblemente el coordinador general de IU en la región, Diego Valderas–, uno de los objetivos del Gobierno será constituir un “grupo de trabajo para la creación de una entidad pública financiera andaluza”, todo un desafío a la política financiera que Rajoy pactó con el PSOE. Esta medida está dentro de un paquete que pretende conseguir la “renovación” de la economía, y la justifican argumentando que el “evidente problema de financiación de la actividad productiva” lo requiere.
El Instituto Público de Crédito Andaluz “coordinará la intervención en la actividad productiva” mediante “fondos reembolsables”. La dotación estimada para dichos fondos, según refleja el propio acuerdo, alcanzará los 1.500 millones de euros, una cifra astronómica que supone más de la mitad de la deuda que la Junta tiene ahora mismo con los proveedores, según datos del Ministerio de Hacienda.
Rebelión
Otro punto clave del acuerdo es mantener una actitud firme y desafiante con la Administración central. Así se desprende a lo largo de todo el texto, especialmente en el punto noveno, donde se establecen las directrices para tratar con el Gobierno de España. El diálogo con el Ejecutivo de Rajoy se hará “desde la defensa del Estatuto de Autonomía para Andalucía” y con “respeto al modelo autonómico”.
Además, apuestan por una ambigua reforma de la financiación de las comunidades, puesto que el actual sistema, argumentan, “ha demostrado que en situaciones de recesión produce situaciones de choque asimétricas”. Igualmente, plantean revisar el “modelo de financiación municipal”.
La agenda prevista incluye una revolución fiscal para “dotar de más progresividad a todo el sistema”. El Gobierno de coalición pretende reformar el Impuesto sobre el Patrimonio para imponer “un gravamen permanente sobre la riqueza”, instaurar “mayor equidad en el Impuesto sobre Sociedades”, revisar “el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” y aprobar un plan contra el fraude que promueva “la ética fiscal a través de una campaña de concienciación y colaboración ciudadana”.
Corrupción
Como no podía ser de otra manera, en el pacto se dedica un capítulo a la ejemplaridad que persiguen “en el ejercicio de lo público”. Para alejar el fantasma de la corrupción que el escándalo de los ERE pone una y otra vez sobre la mesa, socialistas y comunistas se comprometen a “avanzar en transparencia”. El compendio de buenos propósitos señala “luchar contra la corrupción y hacer política de otra forma” y propone conseguirlo mediante acciones como implantar “planes de evaluación participativa de las políticas públicas” o “modificar la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz”.
La hoja de ruta del Gobierno regional no olvida otra de las grandes banderas de la izquierda: dedicar gran atención a desarrollar el concepto que tienen de igualdad. “Realizaremos un esfuerzo presupuestario capaz de sostener las políticas de igualdad de género como una prioridad”, aseguran. La medida estrella con que quieren conseguirlo es “garantizar la práctica” del aborto “a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública”.
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