Eduardo Torres-Dulce / Fiscal general del Estado
Torres-Dulce: «La Fiscalía sólo actuará respecto a ETA con estricta legalidad»
«Quiero que se controle el enorme poder que tiene el fiscal general dentro de la carrera»
MADRID- A punto de cumplir cien días en el cargo, Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) expone a LA RAZÓN sus principales retos como fiscal general del Estado. Entre ellos, no esconde que uno de los prioritarios es conseguir ahuyentar la impresión ciudadana (no lo tendrá nada fácil) de que la Fiscalía es «la larga mano» del Gobierno en los tribunales. Durante su mandato, insiste, «no va a haber ninguna interferencia». Dicho queda.
–Su nombramiento ha sido muy bien recibido por la mayoría de sus compañeros. ¿Cómo se ha encontrado a la carrera fiscal?
–Para cualquier persona que llega a un cargo, encontrarse con un ambiente favorable es algo muy agradable. Además, te permite que los proyectos que vas a llevar a cabo pueden contar con un amplio respaldo, lo cual es prometedor. La carrera fiscal necesita dos cosas. Externamente, darle una visibilidad de imparcialidad y que comience a romperse esa idea que se tiene de que es la larga mano del Ejecutivo en los procesos y, sobre todo, en los de contenido político. Internamente, que los 2.400 fiscales sientan que el trabajo que realizan es importante, recuperando esa ilusión personal de sentirse parte de un proyecto colectivo.
–¿Todo eso cómo se conjuga?
–Con una serie de proyectos que incidan en la idea que le he pedido al Gobierno, de reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal. En un año debe estar elaborado el Libro Blanco del Ministerio Fiscal, una radiografía crítica y autocrítica. A esto hay que añadir que le he pedido al Gobierno, y me lo ha concedido, que por primera vez exista una partida en el Presupuesto, y voy a demandar lo mismo a las comunidades autónomas. Eso permitirá demandar todos los años el dinero público necesario para las funciones del Ministerio Fiscal y que, a la vez, podamos responder parlamentariamente de ese dinero. El tercer punto es que la formación de los fiscales esté en manos de la Fiscalía General y no, como hasta ahora, del Ministerio de Justicia. Y, finalmente, quiero que la autonomía del fiscal general respecto al Gobierno se refleje en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, a su vez, que se controle el enorme poder que tiene el fiscal general dentro de la carrera.
–¿Cómo se plasmaría ese mayor control?
–Deseo que en el Estatuto se plasme un incremento del poder de control por el Consejo Fiscal, por la Junta de Fiscales de Sala, mejorando las situaciones de disentimiento de los fiscales ante las órdenes que puedan recibir del fiscal general, de los fiscales de sala y fiscales jefe. Quiero instaurar un sistema de amparo en virtud del cual cualquier fiscal que se viera inquietado en su labor por cualquier razón pueda acudir directamente al Consejo Fiscal o al fiscal general para que se operen mecanismos de salvaguarda para preservar su independencia en el desempeño de sus funciones. Con todo esto se lograría una mayor autonomía del Ministerio Fiscal y del fiscal general respecto del Gobierno.
–¿Sigue pensando la Fiscalía que Doña Cristina no debe ser citada a declarar en relación a las actividades de Iñaki Urdangarín?
–Si yo he pedido al Gobierno autonomía, me voy a exigir el mismo criterio respecto a los fiscales. La Fiscalía Anticorrupción me viene informando puntualmente de todo lo que se viene decidiendo en la causa y, en su momento, se me informó que del estudio de la misma no se revelaba ninguna razón para pedir la citación como imputada, ni como testigo, de la Infanta. Y hasta este momento ese criterio, que he aceptado, no se ha visto afectado.
–En relación con esa autonomía, ¿existe una dependencia del fiscal general respecto al Gobierno?
–El Ministerio Fiscal no depende del Ejecutivo, no tiene ninguna vinculación más allá de lo que es el nombramiento del fiscal general. Otra cosa es que, por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, se pueda percibir la idea de que los fiscales, y en particular el fiscal general del Estado, tiene una dependencia del Ejecutivo. Esa percepción existe y creo que es totalmente injustificada. Mi gran combate será transmitir que el Ministerio Fiscal va a funcionar de una forma autónoma respecto de los poderes públicos.
–¿La Fiscalía no ha actuado nunca siguiendo parámetros políticos?
–Lo único que puedo asegurar es que durante mi mandato no va a haber ninguna interferencia por parte de los poderes públicos, del poder Ejecutivo. Así lo he expresado y a eso se ha comprometido, en nombre del Gobierno, el ministro de Justicia, y estoy seguro de que eso va a ser así. Si me pregunta sobre lo que ha sucedido antes, no estoy en condiciones ni debo de entrar en decisiones de la Fiscalía General antes de que yo llegara. Pienso que no se habrá producido, pero no voy a hacer ningún juicio de intenciones sobre el pasado.
–Si usted recibiera una orden del Gobierno, ¿cómo actuaría?
–No puedo recibirla, es ilegal.
–¿Y una indicación?
–Tampoco puedo recibirla. Simplemente se prevé que el Gobierno pueda transmitir al fiscal general una preocupación por cómo se están llevando cuestiones genéricas. Pero esa comunicación no puede referirse a un proceso concreto. No obstante, no puedo pensar que el Gobierno me va a transmitir una orden ilegal. Tampoco la admitiría fuera del referido cauce.
–¿Ni en política antiterrorista?
–Al fiscal general no le vinculan en modo alguno las decisiones de esa política antiterrorista del Gobierno, que corresponden a Interior y jamás a la Fiscalía. Estamos aquí para, de una forma imparcial y respetando todos los derechos de los ciudadanos, promover la acción de la Justicia con imparcialidad y con independencia de las políticas criminales del Gobierno.
–Entonces, ¿no es necesario mancharse la toga con el polvo del camino?
–Me va a permitir que no haga un juicio crítico sobre una frase de mi antecesor en este despacho. Lo único que puedo decir es que el Ministerio Fiscal está en el terreno estricto del cumplimiento de la Ley y no, en modo alguno, en ninguna situación de oportunidad política, que nos está absolutamente vedada por la ley y la Constitución.
–¿Cree que las propuestas del Consejo Fiscal deben ser vinculantes en los nombramientos de los principales cargos de la carrera?
–En principio, y no voy a ser yo sólo el que tomé esa decisión, soy partidario de recuperar el carácter vinculante del Consejo Fiscal en esos nombramientos. Eso aumentaría el criterio de autonomía respecto del Ejecutivo y limitaría el poder omnímodo del fiscal general, a la vez que daría sentido a un órgano de asesoramiento como es el Consejo Fiscal, en el que nueve de sus doce miembros han sido elegidos democráticamente en listas abiertas por toda la carrera fiscal. Eso no significa que vaya a haber una dictadura de la asociación que gane las elecciones, porque ese sistema de consenso no priva del ascenso a miembros de una u otra sensibilidad.
–¿Cuántos fiscales necesita la carrera fiscal?
–Ésa es una de las reflexiones que debemos hacer en el Libro Blanco. Los fiscales no sólo atendemos los asuntos penales, que representan el 70 por ciento, sino también los civiles, laborales e incluso en estos momentos cuestiones de consumo. Hay que hacer una reflexión de dónde estamos y no deberíamos estar, de dónde no estamos y sí deberíamos estar y de dónde estamos y debemos seguir estando pero con una mayor eficiencia.
–¿Se refiere a alguna jurisdicción en concreto?
–He emprendido una cruzada personal, pero creo que también institucional, para que las faltas sean expulsadas de la jurisdicción. Me parece que no es justo que, con los medios de los que se dispone, el enjuiciamiento de bienes jurídicos no tan importantes requiera un juez profesional, un fiscal profesional, un secretario profesional y todo el funcionamiento de un juzgado. En ningún país existe esa vinculación. Hay otros medios, desde policías imparciales de carácter administrativo hasta organizaciones ciudadanas con imparcialidad para despejar esos asuntos. Son más de 300.000 los juicios de faltas a los que tienen que acudir los fiscales y eso no es conveniente.
–Usted defiende que la instrucción recaiga en los fiscales. ¿Qué beneficios aportaría que el peso de la investigación de las causas las asumiesen los fiscales?
–Lo primero que pediría es la rebaja ideológica que supone algo que, desde mi punto de vista y con todos los respetos, no tiene ideología, que es quién va a investigar los delitos. Estamos hablando del concepto de investigación, no de instrucción, porque lo que podríamos llamar instrucción son decisiones que afectan a derechos fundamentales dentro del proceso penal y eso corresponde a los jueces, y nunca va a estar a disposición de los fiscales. En lo que afecta a la investigación de los delitos, que de facto es algo que ya está haciendo el Ministerio Fiscal en buena parte de los procesos penales, creo que conviene que la lleven los fiscales, y creo que hay un buen consenso para ello. Ahora bien, yo como fiscal general del Estado voy a exigir que eso no se haga a precio de coste barato.
–¿Qué quiere decir con eso?
–Exijo la atribución a las fiscalías de unidades de Policía Judicial exclusivamente dependientes del Ministerio Fiscal y de unidades de peritos oficiales de Hacienda, interventores, etc. Si la investigación se atribuye al Ministerio Fiscal debe ser éste quien lleve la iniciativa y no, con el máximo respeto que siento por ellos, que la misma parta de operativos policiales o de la Agencia Tributaria.
–¿Qué beneficios reportaría ese cambio procesal?
–Me parece que son evidentes. La mayor autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal respecto a las decisiones del propio fiscal general haría que el fiscal dinamizara las causas y permitiría llevar ante los tribunales una causas orientadas claramentes a la acusación o al archivo o al sobreseimiento.
–¿Es usted partidario de limitar la acción popular?
–La acción popular es algo que intrínsecamente inserta en nuestra tradición jurídica. Significa participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y ello es perfectamente deseable. Soy enemigo radical de su supresión; poco partidario de una reducción drástica del estatuto de la acción popular, y sí partidario de que obedezca verdaderamente en su ejercicio procesal a los criterios de esa participación ciudadana que, por otra parte, está bastante bien orientada ya en algunas decisiones del Tribunal Constitucional.
–¿Si ETA abandona definitivamente las armas la Fiscalía alterará su posición en los procesos sobre terrorismo que están en curso?
–El Ministerio Fiscal sólo se puede mover por criterios de estricta legalidad. No estamos ni por encima ni por debajo ni alrededor de la ley, sino para el cumplimiento estricto de la legalidad y eso excluye la acotación de criterios de oportunidad política, social o legislativa. Mientras yo esté al frente de la Fiscalía General la Fiscalía se comportará con sujeción estricta a lo que nos ordenan las leyes.
–Si ETA anunciase su disolución ¿contempla un escenario de un indulto que excluyese los delitos de sangre?
–Eso son decisiones de ámbito legislativo en las que la Fiscalía no tiene ningún papel. En cuanto a los beneficios penitenciarios, le corresponden a la Administración penitenciaria y en los casos de terrorismo la Fiscalía General y la de la Audiencia Nacional están muy vigilantes para que esos beneficios se cumplan con sujeción a la ley y al reglamento penitenciario.
–¿La Audiencia Nacional tiene futuro ante un final de ETA?
–Si desapareciera la violencia terrorista, cosa que deseo de todo corazón, implicaría un cambio en la Audiencia Nacional, cuyas estadísticas, y se verá en la Memoria de este año, han descendido drásticamente. Esto no implica que tenga que desaparecer necesariamente, porque al hilo de las actividades terroristas, la Audiencia se ha transformado en un órgano en el que se enjuician delitos de actividades económicas muy graves, narcotráfico, etc. No contemplo su desaparición aneja exclusivamente al problema del terrorismo.
–A raíz de las últimas idas y venidas de la Fiscalía, ¿el 11-M es un caso abierto o cerrado?
–Mi posición siempre ha girado respecto a dos ideas muy claras. Una: todos los hechos investigados, calificados y condenados del 11-M están ya resueltos judicialmente, son cosa juzgada y no pueden ser objeto de reapertura. Otra cosa son las investigaciones periodísticas que puedan hacerse. En cuanto pueda aparecer una denuncia, como ocurrió mediáticamente, mi obligación como fiscal general es abrir una investigación para constatar si es así. Eso no puede implicar la revisión del caso. Ni lo he dicho nunca ni lo puedo sostener, porque iría en contra de algo tan elemental como el principio de cosa juzgada, que es sagrado para cualquier juez o fiscal.
–¿Considera necesario endurecer las sanciones por la violación del secreto de sumario?
– Cuando un sumario es declarado secreto su divulgación comporta una vulneración penal clara y tajante. Que ello trascienda a la opinión pública es algo realmente grave porque puede afectar a derechos de las partes. Evidentemente eso hay que conectarlo con el derecho a difundir una información veraz, pero no se está respetando el carácter secreto de los sumarios. Eso merece abrir un periodo de reflexión. No soy muy partidario de decisiones legislativas drásticas, sobre todo cuando entran en colisión derechos, pero algo hay que hacer para que el aspecto secreto y reservado de las investigaciones no esté constantemente en la plaza pública.
–¿Es necesaria una reforma de la Ley del Menor?
–Su funcionamiento es bastante satisfactorio. Otra cosa son los casos puntuales que en a veces provocan una alarma social significativa. Dicho esto, conviene revisar todo lo relativo a la delincuencia de menores con dificultades de reinserción y con posibilidades de reincidencia. Sin perder de vista que no puede tratarse a un menor como a un delincuente, nos guste o no, sean cuales sean los crímenes horrendos o los bienes jurídicos afectados, la individualización de ciertos delitos de menores quizá merezca una consideración más restrictiva que la actual. En todo caso, es un debate abierto.
–Su nombramiento ha sido muy bien recibido por la mayoría de sus compañeros. ¿Cómo se ha encontrado a la carrera fiscal?
–Para cualquier persona que llega a un cargo, encontrarse con un ambiente favorable es algo muy agradable. Además, te permite que los proyectos que vas a llevar a cabo pueden contar con un amplio respaldo, lo cual es prometedor. La carrera fiscal necesita dos cosas. Externamente, darle una visibilidad de imparcialidad y que comience a romperse esa idea que se tiene de que es la larga mano del Ejecutivo en los procesos y, sobre todo, en los de contenido político. Internamente, que los 2.400 fiscales sientan que el trabajo que realizan es importante, recuperando esa ilusión personal de sentirse parte de un proyecto colectivo.
–¿Todo eso cómo se conjuga?
–Con una serie de proyectos que incidan en la idea que le he pedido al Gobierno, de reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal. En un año debe estar elaborado el Libro Blanco del Ministerio Fiscal, una radiografía crítica y autocrítica. A esto hay que añadir que le he pedido al Gobierno, y me lo ha concedido, que por primera vez exista una partida en el Presupuesto, y voy a demandar lo mismo a las comunidades autónomas. Eso permitirá demandar todos los años el dinero público necesario para las funciones del Ministerio Fiscal y que, a la vez, podamos responder parlamentariamente de ese dinero. El tercer punto es que la formación de los fiscales esté en manos de la Fiscalía General y no, como hasta ahora, del Ministerio de Justicia. Y, finalmente, quiero que la autonomía del fiscal general respecto al Gobierno se refleje en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, a su vez, que se controle el enorme poder que tiene el fiscal general dentro de la carrera.
–¿Cómo se plasmaría ese mayor control?
–Deseo que en el Estatuto se plasme un incremento del poder de control por el Consejo Fiscal, por la Junta de Fiscales de Sala, mejorando las situaciones de disentimiento de los fiscales ante las órdenes que puedan recibir del fiscal general, de los fiscales de sala y fiscales jefe. Quiero instaurar un sistema de amparo en virtud del cual cualquier fiscal que se viera inquietado en su labor por cualquier razón pueda acudir directamente al Consejo Fiscal o al fiscal general para que se operen mecanismos de salvaguarda para preservar su independencia en el desempeño de sus funciones. Con todo esto se lograría una mayor autonomía del Ministerio Fiscal y del fiscal general respecto del Gobierno.
–¿Sigue pensando la Fiscalía que Doña Cristina no debe ser citada a declarar en relación a las actividades de Iñaki Urdangarín?
–Si yo he pedido al Gobierno autonomía, me voy a exigir el mismo criterio respecto a los fiscales. La Fiscalía Anticorrupción me viene informando puntualmente de todo lo que se viene decidiendo en la causa y, en su momento, se me informó que del estudio de la misma no se revelaba ninguna razón para pedir la citación como imputada, ni como testigo, de la Infanta. Y hasta este momento ese criterio, que he aceptado, no se ha visto afectado.
–En relación con esa autonomía, ¿existe una dependencia del fiscal general respecto al Gobierno?
–El Ministerio Fiscal no depende del Ejecutivo, no tiene ninguna vinculación más allá de lo que es el nombramiento del fiscal general. Otra cosa es que, por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, se pueda percibir la idea de que los fiscales, y en particular el fiscal general del Estado, tiene una dependencia del Ejecutivo. Esa percepción existe y creo que es totalmente injustificada. Mi gran combate será transmitir que el Ministerio Fiscal va a funcionar de una forma autónoma respecto de los poderes públicos.
–¿La Fiscalía no ha actuado nunca siguiendo parámetros políticos?
–Lo único que puedo asegurar es que durante mi mandato no va a haber ninguna interferencia por parte de los poderes públicos, del poder Ejecutivo. Así lo he expresado y a eso se ha comprometido, en nombre del Gobierno, el ministro de Justicia, y estoy seguro de que eso va a ser así. Si me pregunta sobre lo que ha sucedido antes, no estoy en condiciones ni debo de entrar en decisiones de la Fiscalía General antes de que yo llegara. Pienso que no se habrá producido, pero no voy a hacer ningún juicio de intenciones sobre el pasado.
–Si usted recibiera una orden del Gobierno, ¿cómo actuaría?
–No puedo recibirla, es ilegal.
–¿Y una indicación?
–Tampoco puedo recibirla. Simplemente se prevé que el Gobierno pueda transmitir al fiscal general una preocupación por cómo se están llevando cuestiones genéricas. Pero esa comunicación no puede referirse a un proceso concreto. No obstante, no puedo pensar que el Gobierno me va a transmitir una orden ilegal. Tampoco la admitiría fuera del referido cauce.
–¿Ni en política antiterrorista?
–Al fiscal general no le vinculan en modo alguno las decisiones de esa política antiterrorista del Gobierno, que corresponden a Interior y jamás a la Fiscalía. Estamos aquí para, de una forma imparcial y respetando todos los derechos de los ciudadanos, promover la acción de la Justicia con imparcialidad y con independencia de las políticas criminales del Gobierno.
–Entonces, ¿no es necesario mancharse la toga con el polvo del camino?
–Me va a permitir que no haga un juicio crítico sobre una frase de mi antecesor en este despacho. Lo único que puedo decir es que el Ministerio Fiscal está en el terreno estricto del cumplimiento de la Ley y no, en modo alguno, en ninguna situación de oportunidad política, que nos está absolutamente vedada por la ley y la Constitución.
–¿Cree que las propuestas del Consejo Fiscal deben ser vinculantes en los nombramientos de los principales cargos de la carrera?
–En principio, y no voy a ser yo sólo el que tomé esa decisión, soy partidario de recuperar el carácter vinculante del Consejo Fiscal en esos nombramientos. Eso aumentaría el criterio de autonomía respecto del Ejecutivo y limitaría el poder omnímodo del fiscal general, a la vez que daría sentido a un órgano de asesoramiento como es el Consejo Fiscal, en el que nueve de sus doce miembros han sido elegidos democráticamente en listas abiertas por toda la carrera fiscal. Eso no significa que vaya a haber una dictadura de la asociación que gane las elecciones, porque ese sistema de consenso no priva del ascenso a miembros de una u otra sensibilidad.
–¿Cuántos fiscales necesita la carrera fiscal?
–Ésa es una de las reflexiones que debemos hacer en el Libro Blanco. Los fiscales no sólo atendemos los asuntos penales, que representan el 70 por ciento, sino también los civiles, laborales e incluso en estos momentos cuestiones de consumo. Hay que hacer una reflexión de dónde estamos y no deberíamos estar, de dónde no estamos y sí deberíamos estar y de dónde estamos y debemos seguir estando pero con una mayor eficiencia.
–¿Se refiere a alguna jurisdicción en concreto?
–He emprendido una cruzada personal, pero creo que también institucional, para que las faltas sean expulsadas de la jurisdicción. Me parece que no es justo que, con los medios de los que se dispone, el enjuiciamiento de bienes jurídicos no tan importantes requiera un juez profesional, un fiscal profesional, un secretario profesional y todo el funcionamiento de un juzgado. En ningún país existe esa vinculación. Hay otros medios, desde policías imparciales de carácter administrativo hasta organizaciones ciudadanas con imparcialidad para despejar esos asuntos. Son más de 300.000 los juicios de faltas a los que tienen que acudir los fiscales y eso no es conveniente.
–Usted defiende que la instrucción recaiga en los fiscales. ¿Qué beneficios aportaría que el peso de la investigación de las causas las asumiesen los fiscales?
–Lo primero que pediría es la rebaja ideológica que supone algo que, desde mi punto de vista y con todos los respetos, no tiene ideología, que es quién va a investigar los delitos. Estamos hablando del concepto de investigación, no de instrucción, porque lo que podríamos llamar instrucción son decisiones que afectan a derechos fundamentales dentro del proceso penal y eso corresponde a los jueces, y nunca va a estar a disposición de los fiscales. En lo que afecta a la investigación de los delitos, que de facto es algo que ya está haciendo el Ministerio Fiscal en buena parte de los procesos penales, creo que conviene que la lleven los fiscales, y creo que hay un buen consenso para ello. Ahora bien, yo como fiscal general del Estado voy a exigir que eso no se haga a precio de coste barato.
–¿Qué quiere decir con eso?
–Exijo la atribución a las fiscalías de unidades de Policía Judicial exclusivamente dependientes del Ministerio Fiscal y de unidades de peritos oficiales de Hacienda, interventores, etc. Si la investigación se atribuye al Ministerio Fiscal debe ser éste quien lleve la iniciativa y no, con el máximo respeto que siento por ellos, que la misma parta de operativos policiales o de la Agencia Tributaria.
–¿Qué beneficios reportaría ese cambio procesal?
–Me parece que son evidentes. La mayor autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal respecto a las decisiones del propio fiscal general haría que el fiscal dinamizara las causas y permitiría llevar ante los tribunales una causas orientadas claramentes a la acusación o al archivo o al sobreseimiento.
–¿Es usted partidario de limitar la acción popular?
–La acción popular es algo que intrínsecamente inserta en nuestra tradición jurídica. Significa participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y ello es perfectamente deseable. Soy enemigo radical de su supresión; poco partidario de una reducción drástica del estatuto de la acción popular, y sí partidario de que obedezca verdaderamente en su ejercicio procesal a los criterios de esa participación ciudadana que, por otra parte, está bastante bien orientada ya en algunas decisiones del Tribunal Constitucional.
–¿Si ETA abandona definitivamente las armas la Fiscalía alterará su posición en los procesos sobre terrorismo que están en curso?
–El Ministerio Fiscal sólo se puede mover por criterios de estricta legalidad. No estamos ni por encima ni por debajo ni alrededor de la ley, sino para el cumplimiento estricto de la legalidad y eso excluye la acotación de criterios de oportunidad política, social o legislativa. Mientras yo esté al frente de la Fiscalía General la Fiscalía se comportará con sujeción estricta a lo que nos ordenan las leyes.
–Si ETA anunciase su disolución ¿contempla un escenario de un indulto que excluyese los delitos de sangre?
–Eso son decisiones de ámbito legislativo en las que la Fiscalía no tiene ningún papel. En cuanto a los beneficios penitenciarios, le corresponden a la Administración penitenciaria y en los casos de terrorismo la Fiscalía General y la de la Audiencia Nacional están muy vigilantes para que esos beneficios se cumplan con sujeción a la ley y al reglamento penitenciario.
–¿La Audiencia Nacional tiene futuro ante un final de ETA?
–Si desapareciera la violencia terrorista, cosa que deseo de todo corazón, implicaría un cambio en la Audiencia Nacional, cuyas estadísticas, y se verá en la Memoria de este año, han descendido drásticamente. Esto no implica que tenga que desaparecer necesariamente, porque al hilo de las actividades terroristas, la Audiencia se ha transformado en un órgano en el que se enjuician delitos de actividades económicas muy graves, narcotráfico, etc. No contemplo su desaparición aneja exclusivamente al problema del terrorismo.
–A raíz de las últimas idas y venidas de la Fiscalía, ¿el 11-M es un caso abierto o cerrado?
–Mi posición siempre ha girado respecto a dos ideas muy claras. Una: todos los hechos investigados, calificados y condenados del 11-M están ya resueltos judicialmente, son cosa juzgada y no pueden ser objeto de reapertura. Otra cosa son las investigaciones periodísticas que puedan hacerse. En cuanto pueda aparecer una denuncia, como ocurrió mediáticamente, mi obligación como fiscal general es abrir una investigación para constatar si es así. Eso no puede implicar la revisión del caso. Ni lo he dicho nunca ni lo puedo sostener, porque iría en contra de algo tan elemental como el principio de cosa juzgada, que es sagrado para cualquier juez o fiscal.
–¿Considera necesario endurecer las sanciones por la violación del secreto de sumario?
– Cuando un sumario es declarado secreto su divulgación comporta una vulneración penal clara y tajante. Que ello trascienda a la opinión pública es algo realmente grave porque puede afectar a derechos de las partes. Evidentemente eso hay que conectarlo con el derecho a difundir una información veraz, pero no se está respetando el carácter secreto de los sumarios. Eso merece abrir un periodo de reflexión. No soy muy partidario de decisiones legislativas drásticas, sobre todo cuando entran en colisión derechos, pero algo hay que hacer para que el aspecto secreto y reservado de las investigaciones no esté constantemente en la plaza pública.
–¿Es necesaria una reforma de la Ley del Menor?
–Su funcionamiento es bastante satisfactorio. Otra cosa son los casos puntuales que en a veces provocan una alarma social significativa. Dicho esto, conviene revisar todo lo relativo a la delincuencia de menores con dificultades de reinserción y con posibilidades de reincidencia. Sin perder de vista que no puede tratarse a un menor como a un delincuente, nos guste o no, sean cuales sean los crímenes horrendos o los bienes jurídicos afectados, la individualización de ciertos delitos de menores quizá merezca una consideración más restrictiva que la actual. En todo caso, es un debate abierto.
«Me preocupa la falta de aforamiento del Príncipe»
–¿Es partidario de que se reduzca el número de aforados?
–De lo que estoy preocupado es de la falta de aforamiento del Príncipe de Asturias, y lo digo con absoluta claridad. Sé que no es, probablemente, el momento de suscitar esa cuestión, pero un juez, un fiscal o un policía tienen un fuero especial y resulta absolutamente incomprensible que los Príncipes de Asturias no lo tengan. No me parece equilibrado. El aforamiento no supone ningún privilegio e incluso, en el Tribunal Supremo, excluye la revisión del caso en segunda instancia. No creo que los casos de aforamiento no respondan a asegurar la máxima imparcialidad, atendiendo a que se justifican por el ejercicio de sus funciones.
En primera persona
Torres-Dulce consiguió con su toma de posesión lo que ningún otro fiscal general del Estado: Que entrase «un Oscar», su íntimo amigo José Luis Garci, en la sede del Tribunal Supremo. Cinéfilo entusiasta, desgrana anécdotas cinematográficas con la misma facilidad con la que cita jurisprudencia. A punto de cumplir 62 años, Torres-Dulce tiene a sus espaldas una dilatada carrera fiscal que le ha llevado a trabajar en las Fiscalías de Sevilla, Guadalajara y Madrid y en la del Constitucional (a la que ahora está adscrito). En 1996 fue ascendido a fiscal de sala y, cuatro años después, llegó al Tribunal Supremo. Vocal del Consejo Fiscal, ha sido también profesor de Derecho Penal y Constitucional.
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