POR SU DERECHO A LA VIDA
La nueva ley de interrupción del embarazo que ha anunciado Gallardón aumentará la protección al no nacido. Apoyará a las mujeres que quieran seguir adelante con la gestación
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MADRID- «El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras». Así de contundente se mostró el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado mes de marzo en una sesión de control al Gobierno en el Congreso. La apuesta por la mujer y la protección de la maternidad es una de las iniciativas más firmes del Ejecutivo de Rajoy. Gallardón, en esta línea, insiste en que «ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social». Su primer anuncio, días después de su intervención en el Parlamento, fue incluir medidas fiscales y laborales para que las madres jóvenes puedan cursar estudios en casa y tener prioridad a la hora de repartir becas. Estas dos ideas se recogerán en el anteproyecto de ley que penalizará el aborto. Un segundo paso lo dio ayer: «La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar». Así lo afirmó el ministro de Justicia en la entrevista que publicó ayer LA RAZÓN.
De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, en 2010 se interrumpieron voluntariamente 3.361 embarazos alegando riesgo para el feto, de acuerdo con la ley orgánica de 1985, o riesgo de anomalías graves del feto, un epígrafe que se incluyó en la reforma de ese año y que se puso en marcha en julio. El supuesto de la malformación no sólo incluye los problemas de salud más graves, sino, también situaciones menores como la posibilidad de que el feto tenga un hueso menos desarrollado o un problema de labio leporino (una fisura menor en los labios). Estos abortos representan cerca del 3 por ciento del total de todas las interrupciones, ya que la salud de la mujer o la petición personal son las causas más comunes que se adujeron a lo largo de ese periodo y que asciende hasta los 113.031 casos. Casi dos mil más que en 2009 y más de 21.000 con respecto a las cifras de 2005, cinco años antes.
El número de interrupciones voluntarias en los que se argumenta riesgo fetal también se ha incrementado a lo largo de los últimos años. En total, sumando las cifras de este tipo de interrupción, 16.133 niños no nacieron. Por eso Gallardón, con sus palabras en el Congreso, insistía en la necesidad de apoyar a las mujeres que, a pesar de todas las trabas, deciden seguir adelante con la gestación: «A mi juicio es insuficiente una legislación que se limita a proteger al no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer que debe estar protegida». Por eso, además de cambiar el apartado que afecta a la salud del no nacido, el ministro de Justicia también quiere modificar la norma en lo que se refiere a los plazos para volver a los supuestos. A día de hoy, las mujeres cuentan con una serie de limitaciones para decidir si quieren abortar, ya que esta acción pasó de ser un delito despenalizado en tres casos (salud de la mujer, que el feto pueda nacer con graves taras físicas o si el embarazo es fruto de una violación) a convertirse en un derecho jurídicamente exigible y que cuenta con ayuda económica del Estado. Con este reconocimiento, desaparece la ponderación entre la protección de la vida del nonato y la libertad de la madre. Una exigencia del Tribunal Constitucional y por la que esta norma todavía está en manos de los magistrados. Son ellos los que decidirán si la reforma de la ley de 1985 se atiene a derecho o no.
Lo cierto es que el Partido Popular ya anunció en su programa electoral, en noviembre de 2011, su intención de reformar la actual ley del aborto: «Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». La insistencia del PP en proteger a las niñas españolas está relacionada con otra de los puntos de la reforma de hace dos años, la que permite que las embarazadas de 16 y 17 años puedan abortar sin la autorización de sus padres, aunque al menos uno de ellos debe ser informado. Eso sí, sin avisar a sus padres de su intención conlleva un «grave conflicto», pueden prescindir de esta comunicación. Esta iniciativa no está respaldada por la mayoría de los países de la Unión Europea. Sólo se permite abortar sin el conocimiento de los progenitores en República Checa y en España. Por eso, el Ejecutivo popular ya ha anunciado que también cambiará la norma en este punto. En 2010, cerca de un 13 por ciento de las interrupciones se realizaron en menores de 19 años.
Lo que dice la ley
«Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo si no se superan las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto (...)».«Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida» artículo 15, epígrafes b y c
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