A Javier Gómez Bermúdez le gustan los focos. Y también parece disfrutar sorprendiendo. Con actuaciones como la reciente puesta en liberad de dos terroristas de los Grapo se ha ganado a pulso el título de juez estrella de la Audiencia Nacional que ocupó Baltasar Garzón durante años, justo hasta su reciente condena por prevaricar y la consiguiente inhabilitación. Nacido en Álora (Málaga) hace 50 años, irrumpió como uno de los magistrados más mediáticos cuando presidió el tribunal que se ocupó de juzgar a los islamistas condenados por haber perpetrado el 11-M.
En aquella inacabable vista oral, prometió a víctimas y periodistas que aquellos testigos que hubieran incurrido en falso testimonio irían “caminito de Jerez”. Terminado el proceso y tras una sentencia que decepcionó a muchos, nadie tomó la senda prometida... Para colmo, su segunda esposa, Elisa Beni, desnudó unos cuantos secretos inconvenientes en el polémico libro La soledad del juzgador...
Después, recibió varias condecoraciones del Gobierno del PSOE. En tres ocasiones obtuvo medallas por su quehacer gracias a la generosidad un tanto sospechosa de ese incansable tahúr que es Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior. Unos galardones que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha investigado tras la denuncia de la asociación Preeminencia del Derecho.
Mucho antes de juzgar el 11-M, concretamente en 2004, cuando su carrera ya era fulgurante, fue elegido como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, cargo para el que fue reelegido en dos ocasiones con los votos de los vocales conservadores del Poder Judicial. Pese a su evidente inteligencia, algo no debió de hacer demasiado bien, ya que hasta otros seis jueces se presentaron para ocupar su puesto a principios de este año. Finalmente, Fernando Grande-Marlaska, con el que las relaciones no son precisamente ejemplares, se llevó el gato al agua, tras una ajustadísima votación de 11 contra nueve vocales.
La hazaña más sonada en sus últimos meses al frente de la Sala Penal fue la decisión, asombrosa por extraña, de avocar al Pleno de la Sala la decisión del juez Pablo Ruz de procesar a tres altos cargos del PSOE por el chivatazo a ETA, más conocido como caso Faisán. Sin que nadie se lo pidiera, utilizó una prerrogativa en desuso para trasladar al Pleno la inculpación de la cúpula policial que en el momento del soplo estaba a órdenes, oh casualidad, de Rubalcaba. Como resultado, en septiembre de 2011, a un mes de las elecciones generales, la Sala tumbó lo decidido por Ruz y el caso Faisán quedó fuera de la contienda electoral.
Su penúltima maniobra llamativa llegó tras su derrota frente a Marlaska. Y es que en un movimiento con olor a vendetta optó por descender en el escalafón judicial para hacerse con el Juzgado de Instrucción número 3, precisamente el que ocupaba su sustituto y desde el que puede continuar apareciendo en los medios día sí y día también. Por decisiones como la de liberar a terroristas para enfado mayúsculo de las víctimas.
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