El 21-O ya tiene rostro para Sociedad Civil y Democracia, una formación política recién estrenada que confirmó la pasada semana su participación en los comicios gallegos.
Lo hará con Mario Conde como cabeza de lista por Pontevedra, y con rostros mucho menos conocidos en el resto de las provincias. Enrique Martí Maqueda -realizador y guionista (dirigió La Espuela, Los chiripitifláuticos y Salto a la fama)- será el número uno de la lista de Orense y el abogado de 36 años Francisco Javier Fernández Tarrío lo será por La Coruña. Ya en Lugo, la candidatura estará encabezada por Marcos Carballo Fernández, 38 años, casado con dos hijas y especialista en equipos informáticos (estudió electricidad y electrónica).
Presentadas las caras, la formación que preside Daniel Movilla perfila su ponencia política -aprobará el borrador el próximo 6 de octubre en el Congreso Constituyente- de la que ha dado a conocer algunos detalles.
La intención de someter a referéndum la estructura territorial de España, estableciendo competencias estatales “exclusivas e indelegables” del Estado es uno de los más llamativos en un partido que concurre, como primera prueba de fuego, a unos comicios autonómicos. Pero hay más: el reconocimiento legal de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dé voz a la sociedad civil o una nueva Ley Electoral que contemple un procedimiento revocatorio para los cargos públicos.
También el derecho de los españoles a dirigirse a las administraciones en castellano, la supresión de subvenciones a partidos, sindicatos y patronal y a las televisiones de ámbito inferior al estatal o la eliminación del Tribunal Constitucional y son otras de sus señas de identidad.
Los cargos públicos, a examen
Además, estudian la posibilidad de que comparezcan ante el Congreso de los Diputados las personas candidatas a ocupar cargos a los órganos e instituciones del Estado, “para proceder a un examen de idoneidad, profesionalidad e independencia” y plantean la creación de un Estatuto de los cargos públicos que establecerá su remuneración, medios materiales y límites de gasto, con limitación temporal del ejercicio de cargo público.
Con el fin de garantizar la independencia judicial, SCD propone un cambio en el acceso a la carrera y que los jueces y magistrados que accedan a la política no puedan volver a ocupar su sitio en la judicatura en el plazo de cinco años, además de introducir en el Código Penal un tipo agravado para el caso del delito de prevaricación cometido por jueces y fiscales.
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