CARLOS MORÍN APUNTA QUE LA GENERALIDAD CONOCÍA TODOS LOS ABORTOS.

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  JUICIO POR ABORTOS ILEGALES

  

  5 COMENTARIOS A. J. M.

  El Instituto Catalán de Salud tenía un sistema propio sin aviso para acercarse a las clínicas y hacer determinadas inspecciones, afirma el doctor que se enfrenta a un juicio por más de 100 abortos ilegales.

• El doctor Carlos Morín, principal imputado en el caso de los abortos ilegales en España, ha afirmado este martes que el Instituto Catalán de Salud conocía todos los abortos que se realizaban en sus clínicas. "El método era por escrito y todas -las intervenciones quirúrgicas- se declaraban con un documento amplio", ha señalado a preguntas hechas por su abogado.
  "El Instituto Catalán de Salud tenía un sistema propio sin aviso para acercarse a las clínicas y hacer determinadas inspecciones", ha indicado hoy al tribunal que juzga el caso.
  Trituradoras
  Sobre la trituradora encontrada en una de sus clínicas, la ha desvinculado de los abortos, asegurando que eran utilizadas para prácticas con pollos después de un convenio con la UAB y la Universidad de Zaragoza: "Es muy diferentes hablar de veterinaria que de restos humanos", ha insistido a los medios.
  También ha declarado este martes por la mañana la mujer de Morín, María Luisa Duran, que al igual que su marido se ha negado a responder a la fiscal y a las acusaciones, atendiendo únicamente a las cuestiones planteadas por su abogado.
  En su intervención, ha tratado de dejar claro que su trabajo en una de las clínicas era únicamente como enfermera pero no tenía "ningún beneficio" a mayores, pues no participaba en su gestión ni tenía acciones de la empresa.
  Únicamente recibía a las pacientes en los abortorios, al igual que ha dicho que hacían otras enfermeras, y les facilitaba la información y los papeles para iniciar los trámites pero sin condicionarlas, aunque ha reconocido que ayudaba a las que no sabían ni leer ni escribir.
  "No entraba una señora por la puerta de la clínica y era un aquí te pillo aquí te mato", ha explicado gráficamente para tratar de dejar claro que no condicionaba a las pacientes.
  Además, ha justificado que se cobraban los abortos en efectivo porque eran "situaciones delicadas" en las que algunas de las pacientes no querían dejar rastro de las intervenciones por motivos familiares.
  Relaciones
  Por otro lado, ha señalado su concreta enemistad con Remedios Valls, quien ha aportado unos documentos a la causa y que Morín niega que se los haya dado.
  Morín afirma que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en el año 2007. Asimismo asegura que fue pionero en España de la cirugía lamparoscópica e hizo tutoriales al respecto.
  Además, responde que la clínica Ginemedex tenía licencia para hacer abortos en el primer y segundo trimestre y en cirugía ambulatoria. Tenía también servicios de cirugía plástica. En TCB, la licencia que tenía era para abortos de primer y segundo trimestre, para abortos graves.
  Por otro lado, la Fundación Morín realizó siete viajes para "ayudar" a mujeres de países "con menos recursos". En este sentido, se hacían ligaduras y se enseñaba a hacer cirugía ambulatoria a un menor coste. Así, cubría los gastos de fármacos y de gasas.
  Preguntado por la relación con "M.C." en 2007, el acusado de realizar abortos ilegales señala que estas iniciales vienen de "Morín y Carlos", la fundó "en un año que no recuerda pero cuando era legal abortar en España". Así señala que ya no pertenece a "M.C." por desaveniencias con la propietaria, Remedios González, con la que tiene una relación económicamente de enemistad..
  En cuanto a la relación de su esposa, ejercía como enfermera, pero nunca realizó "ningún tipo de acto médico". Afirma que sí practicó algún aborto pero no hacía ecografías, porque "no me gustan", señala el imputado.
  Por otro lado, Así lo ha advertido hoy Eduardo Navarro, presidente del tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, que juzga a Carlos Morín y a su equipo médico por un centenar de abortos ilegales practicados en sus clínicas de Barcelona, por los que se enfrenta a una pena de más de 300 años de prisión.
  Navarro ha advertido ante las partes personadas en el juicio de la singular situación en que declararán las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín, dado que han sido citadas como testigos pero podrían ser interrogadas sobre cuestiones que les acarrearían responsabilidades penales.
  Esa situación en que se encuentran las pacientes de las clínicas de Morín se deriva del hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que investigaba el caso, decretó en su día el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ellas, en vez del libre, que habría supuesto su archivo definitivo, sin que sus defensas recurrieran.
  Por ese motivo, el presidente del tribunal ha resaltado que esas mujeres declararán "en condiciones especiales" y que se las eximirá de responder a las preguntas que podrían incriminarlas y comportar su imputación, una decisión que da oxígeno a las defensas porque limitará los testimonios de cargo.
  El macrojuicio por los abortos ilegales se inició el pasado viernes, en una sesión en la que las defensas pidieron la nulidad del proceso por considerar que se había iniciado a raíz de una prueba ilícita, el documental con cámara oculta de la clínica de Morín realizado por una televisión danesa.
  Sin embargo, el tribunal ha rechazado hoy "de plano" que el proceso sea nulo, al considerar que no fue el vídeo con cámara oculta el que dio inició al proceso penal contra Morín, sino que éste arrancó de una querella de la organización E-Cristians que "iba mucho más allá" y ampliaba los hechos denunciados en el documental.
  Por otro lado, Eduardo Navarro, presidente del tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, que juzga a Carlos Morín y a su equipo médico por un centenar de abortos ilegales practicados en sus clínicas de Barcelona, por los que se enfrenta a una pena de más de 300 años de prisión, señala que las testigos pueden ser imputadas. No obstante, uno de los abogados de la acusación en declaraciones a GACETA.es ha negado este extremo. "Sería perverso" hacerlo, señala, al tiempo que transmite que "a su juicio, el posible delito cometido por los testigos ya ha prescrito".
  En su decisión de rechazar la nulidad de actuaciones, la Sala ha dado la razón a los argumentos de la acusación particular ejercida por E-Cristians, cuyo presidente, Josep Miró i Ardèvol, ha insistido en que su querella no se basaba en exclusiva en el vídeo de televisión, sino sobre todo en las declaraciones de dos testigos protegidas que contaron lo que sucedía en las clínicas de Morín.
  Miró i Ardèvol ha señalado que el hecho de que fuera un medio de comunicación extranjero el que destapara el caso demuestra la magnitud de los hechos que sucedían en las clínicas y el silencio de las administraciones.