El calentamiento emocional de la calle, para el que no faltan fogoneros ni tribunos inflamados, está derivando hacia conductas agresivas e irrespetuosas nunca vistas en treinta años de democracia. Es verdad que cuando se pierde el prestigio por méritos propios los demás te pierden el respeto sin miramientos, pero resulta alarmante la multiplicación de ataques, abucheos e insultos contra cargos públicos en cualquier momento y lugar. Sólo en las últimas semanas, varios alcaldes, ministros y hasta el propio presidente del Gobierno han tenido que soportar la interpelación iracunda o grosera de espontáneos y manifestantes. A eso se suma el desparpajo, cuando no el berrido chulesco, de ciertos sindicalistas que identifican la lucha obrera con la lucha libre por su afición a partirle la cara al gobernante, naturalmente de derechas. No se trata sólo de la razonable indignación que pueda sentir el ciudadano ante la golfería y el despilfarro de algunos políticos, avariciosos sobre incompetentes. La revuelta se cuece a más profundidad y desde que el 15-M acuñara el anatema «No nos representan» se ha puesto en marcha un proceso de deslegitimación democrática dirigido especialmente contra el Gobierno de Rajoy.
Lo grave no es que un enfebrecido vecino brame sobre el cogote del alcalde, sino que un dirigente de la oposición devalúe la victoria electoral del adversario. Porque ésa es precisamente la leña que han metido en el horno el PSOE y sus sindicatos para guisar el otoño que viene. Prueba de ello es la sorprendente amenaza de Rubalcaba de recoger un millón de firmas si Rajoy no mantenía el subsidio de 400 euros para los parados de larga duración, como si un millón de firmas fuera más democrático que los 10 millones de votos que obtuvo el PP hace sólo nueve meses. Otra prueba concluyente es el manifiesto publicado días atrás por Méndez y Toxo exigiéndole a Rajoy nada menos que un referéndum para validar sus reformas, como si éstas no hubieran sido aprobadas por el Congreso y el Senado tras sendos debates y por mayoría absoluta de los representantes de la soberanía popular. Al negarle validez democrática al trámite parlamentario, los dos sindicalistas se alinean con esa fracción del 15-M que pretende tomar el Congreso el día 25 de septiembre y crear una asamblea constituyente. Por más que la iniciativa sea tan ridícula como las parodias proletarias de Sánchez Gordillo, lo cierto es que, si Rubalcaba, Méndez, Toxo y Lara coinciden en deslegitimar la mayoría parlamentaria del PP, a nadie extrañe que proliferen los «borrokos» y los energúmenos que exigen la voladura de las instituciones democráticas. Hasta que vuelvan a sus manos, claro, y entonces sí serán legítimas y la fiel expresión del pueblo.
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