VUELTAS DE TUERCA
La fortaleza de un país no se mide por el número de cañones, sino por las leyes con las que hace frente al mal y lo vence. ¿Tiene España las leyes necesarias y adecuadas para combatir la maldad? A veces cunde la impresión de que no, de que no hacen justicia plena a la víctima, mientras que se muestran benevolentes con el asesino despiadado. Crímenes como los de Mariluz, Sandra Palo, Marta del Castillo y, el que hoy nos estremece a todos, el de los niños Ruth y José alimentan esa desafección social. Y sucede lo mismo, por supuesto, con los terroristas de ETA, algunos de los cuales apenas si han pagado con un año de cárcel cada uno de sus asesinatos. No fue casual el éxito de la recogida de firmas para endurecer las penas a aquellos delitos de especial impacto social. Sin embargo, la respuesta de los gobernantes no ha sido satisfactoria. El PP ganó las elecciones prometiendo introducir la prisión permanente revisable y así se dispone a hacerlo el ministro de Justicia en breve, aunque sólo para los delitos de terrorismo. Es discutible si también debería aplicarse a otros. Sin embargo, la cuestión fundamental no es sólo la reforma del Código Penal, sino su aplicación estricta. De nada sirve una ley rigurosa si luego se desvirtúa en su aplicación hasta hacerla irreconocible. Así sucede con los etarras, consumados leguleyos que se amparan en un sistema garantista para burlar el espíritu de la Ley. Ahí está Bolinaga, a punto de quedar en libertad gracias a la mezcla de tres ingredientes infalibles: el miedo de quienes firmaron el informe médico; el chantaje callejero; y una normativa carcelaria que no distingue entre un chorizo y un terrorista. En suma, el vigor de un país se nutre tanto de legisladores audaces como de servidores públicos que no traicionan el espíritu de las leyes.
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