LO SIENTO: ESPAÑA ESTÁ ROTA; POR CARLOS DÁVILA.

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  Lo siento: España está rota

  15 ABR 2012 | Carlos Dávila

  Paso a paso, utilizando fórmulas diferentes, dos regiones de España se están marchando; fíjense, este euro del que algunos irresponsablemente se quieren salir, y que es probablemente el único símbolo unitario de Europa, puede salvar la unidad de la Nación española

• Lean ustedes: “Es necesario un Gobierno de emergencia nacional cuya primera medida sería la aprobación de una ley orgánica que suspenda las autonomías, como paso previo a una revisión constitucional que permita recuperar al poder central la mayoría de las competencias transferidas”. Ustedes son listos: si este párrafo, esta iniciativa, se le hubiera ocurrido o bien a un miembro destacado del Partido Popular o hasta quizá a un periodista de los llamados “reaccionarios” y hasta “fachas”, periodistas a los que fumigan diariamente en confidenciales sediciosos dirigidos por sujetos cuyas biografías avergonzarían al propio Rubalcaba, toda la izquierda del país, todo el personal progresista, se hubiera puesto de acuerdo para tildar de golpista o al pobre Ejecutivo popular o, sobre todo, al pobre plumilla que, con toda certeza, según ellos, está en destruir la democracia que presumen, en solitario, claro, “haberse dado”.
  El gran problema político
  Y miren por dónde, no; ni populares ni periodistas, no. Esto lo ha escrito muy recientemente un intelectual –al parecer lo es– que suele enviar sus ideas a una revista, Temas, cuyo presidente del Consejo de Redacción ¿saben quién es?, pues el mismísimo Alfonso Guerra, diputado aún por Sevilla, vicesecretario general que fue del PSOE, vicepresidente que también fue del Gobierno de Felipe González, y uno de los padres, auténticos padres (con el centrista Abril Martorell), de la Constitución Española. El intelectual en cuestión se dedica por lo común a la economía y atiende por Manuel Muela. Repito: ¿qué suerte de escándalo hubieran organizado los medios de la izquierda y qué hubiera dicho esta Elena Valenciano que insulta desde un partido, el PSOE, que en su momento quiso encarcelar a su padre, Luis Valenciano, por corrupto?
  Las cosas en España son así. Ahora, es lógico: estamos enfrascados todos en la discusión sobre la tragedia económica que una cuadrilla de incapaces al mando de Zapatero nos ha dejado a nosotros, a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos. Es natural. Tanto lo es, que hasta los más indoctos en esa ciencia abstrusa y de plastilina que es la economía –la dedicación del citado Muela– nos pasamos horas y días discutiendo como si fuéramos Hayek o Friedman (a Keynes no le cito porque su solo apellido –¡qué decir de sus postulados!– me produce urticaria) de la prima de riesgo o de la deuda. Por tanto, nada que reprocharnos: estamos en la ruina a la que nos han conducido estos sujetos letales del pasado, y ello nos hace olvidar o, para ser más generoso, nos impide recaer en el gran problema político, histórico, que padecemos ahora mismo los españoles: el debate autonomías sí o autonomías no, que afortunadamente se ha instalado en nuestro país, con provocaciones tan adecuadas y pertinentes como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero el panorama es más sombrío que la mera discusión autonómica, porque el gran problema es que más temprano que tarde nos tendremos que enfrentar a la fuga, que ya parece irreversible, de dos regiones tradicionales de nuestro mapa español: el País Vasco y Cataluña. No se trata aquí, por tanto, de revisar competencias, por importantes que sean, en sanidad o educación; no, de lo que estamos hablando es de la intención declarada, sin ambages, absoluta y decidida de independencia que están mostrando dos territorios que desde hace siglos forman parte de nuestra gran Nación.
  Solución constitucional
  Supongo que a estas alturas no es necesario acreditar los objetivos de los secesionistas catalanes, Convergència, Esquerra Republicana y, desde luego, el PSC; ni la presión terrorista que ha heredado, con enorme agrado, la proetarra Bildu; ni tampoco la insistencia del PNV en abandonar lo más pronto posible el cuadro de lo que ellos denominan, al más puro estilo fascista por cierto, “Estado español”.
  Ninguno de estos separatistas está (como es el caso de Esperanza Aguirre) en discutir –al menos discutir– la conveniencia de que las competencias susodichas regresen al poder central: todos están en marcharse de España. El diagnóstico no tiene dudas; es este y hay que denunciarlo. Ahora bien, cada vez que preclaros miembros de nuestra sociedad civil exponen el peligro con enorme claridad y brillantez, con menos dosis de estas dos cualidades, yo pregunto: bien, de acuerdo, y ¿qué hacemos para evitarlo? Y ahí nos quedamos todos: por miedo a responder o por incapacidad y más miedo aún a imaginar la solución.
  Curiosamente, sin embargo, la solución es tan constitucional como la propia definición de España como un “Estado social y democrático de Derecho”. Hay dos artículos muy cercanos en nuestra Norma Suprema, el 150 y después el 155, que nos instruyen en lo que nuestro Estado tendría que hacer (no digo “debería”, escribo “tendría”) en el caso, nada improbable, de que dos autonomías se declarasen en rebeldía. Por no cansarles: el primer artículo, en su apartado 3, reserva al Estado la potestad de “dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas”. Y estas leyes afectan incluso a las materias que ya tienen atribuidas estas regiones. O sea, una Loapa en serio, sin las penalidades que sufrió la anterior y supongo que aprobada en su momento por un Tribunal Constitucional que sea más riguroso, menos pacato y menos atemorizado por ETA que el que en su momento se cargó aquel proyecto de García de Enterría.
  “España está rota”
  Pero si este artículo ofrece al poder central la posibilidad de limitar las competencias casi omnímodas de que ahora gozan las comunidades, el 155 es tajante porque se pone el caso de que una comunidad se niegue a cumplir las propias obligaciones de la Constitución, y advierte de que en ese caso, con la aprobación mayoritaria del Senado, “se podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella [la Comunidad] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Verde y con asas. Y para que se entienda del todo: si Cataluña, de la mano del separatista Mas y con el apoyo de la sediciosa Esquerra, de los tonticios del PSC y hasta de la españolísima Vanguardia, se decide a convocar un referéndum de independencia, el Gobierno no es que debería –repito–, es que tendría que “adoptar las medidas necesarias” para impedirlo. ¿Y cuáles son estas? Pues el que quiera asustarse, asombrarse o tirarse de los pelos, si los tiene, que lo haga, pero significa enviar a los agentes del orden, de todo orden, para que actúen evitando que la consulta se celebre. Ni más ni menos. Lo proclama la Constitución. El caso es por supuesto asimilable al vasco, donde –como se sabe– los proetarras de Bildu y los nacionalistas del PNV están dispuestos a declarar unilateralmente la independencia. Así son las cosas.
  Los socialistas siempre les hizo gracia cuando gobernaban (bueno, eso de “gobernaban” es un decir, la verdad es cuando maltrataban al país) esa permanente preocupación de muchos que incidía en una frase que calificaban, claro, de apocalíptica: “Se está rompiendo España”. Pues bien, paso a paso, utilizando fórmulas diferentes pero ambas disgregantes, dos regiones de España se están marchando entre amenazas dia-lécticas unos y violentas los otros. Nos debe agobiar la trágica situación económica en que nos encontramos, pero sépase lo siguiente: la propia crisis está siendo aprovechada por los secesionistas para acelerar sus proyectos. Cuando algún insensato proclama su interés por salir del euro, pienso, muy en contra, que esa moneda, signo de una Europa unida, puede ser nuestra salvación como Nación eterna. Queda dicho.