La implicación del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el caso de los ERE fraudulentos cobra fuerza a pesar de que el dirigente socialista lograra salvar los muebles el pasado 25-M gracias a un pacto con Izquierda Unida. A escasos días de la constitución del Parlamento andaluz, prevista para el próximo jueves, y de que la juez Mercedes Alaya tome declaración al ex consejero de Empleo Antonio Fernández (la magistrada retrasó su comparecencia del miércoles al viernes), el PP dio ayer a conocer un documento inédito al que ha tenido acceso como parte personada en la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Esta “prueba novedosa e importante”, como la definió el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, “demuestra” que el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, “no sólo conocía el aumento de las partidas presupuestarias para el fondo de reptiles sino que también sabía el destino final de las mismas”. En concreto, el documento en cuestión que sale a la luz se trata de una copia de la memoria justificativa elaborada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo el 31 de julio de 2006 para sostener una ampliación presupuestaria aprobada luego en noviembre de ese año por valor de 9,3 millones de euros con cargo a la partida 31L (raíz del fondo de reptiles y los ERE fraudulentos).
En dicha propuesta de modificación, la Secretaría General Técnica contempla “ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores con extinción de contrato de empresas” inmersas en ERE como “los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, trabajadores de Hytasal, Anovo, etc, y de otras empresas en reestructuración”.
De esta forma, si la opinión pública ya tuvo noticia antes de los comicios de que Griñán realizaba modificaciones presupuestarias al respecto para elevar la cuantía del fondo (su propia firma le delata), ahora aparece el agravante de que “además sabía exactamente cuál era el destino de los fondos”, subrayó el número dos de Javier Arenas. “Si nos atenemos a esta memoria, a Griñán se le adjuntaba un informe, hasta ahora desconocido, donde se le indicaba exactamente a qué se destinaban esos fondos dentro de la 31L”, recalcó Sanz, según informó EP. Además, en ese momento, añadió, ya habían sido comunicados los reparos de la Intervención.
El PP insistió en que Griñán tuvo conocimiento de memorias justificativas sobre las modificaciones presupuestarias que se aprobaron desde 2005 a 2008, espacio de tiempo en el que se destinaron, con cargo al programa 31L, ayudas por valor de más de 18 millones de euros. La distribución temporal de esta cantidad fue la siguiente: 799.000 euros en 2005 para la Faja Pirítica de Huelva; 9,3 millones en 2006 también para la Faja Pirítica y para Hytasal y Anovo, entre otras; 7,4 millones en 2007 para Altadis, Heinecken y Delphi, entre otras; y 1,2 millones en 2008, principalmente, para Bahía Competitiva y Delphi.
Avances de peso
El motivo por el que la juez Alaya decidió aplazar al viernes la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández es el haber recibido por parte de la Guardia Civil nuevos datos sobre la bodega jerezana González Byass, en cuyo ERE de 2008 apareció incluido. En una providencia dictada ayer, la magistrada retrasa su comparecencia ante la “necesidad de que esta documentación se entregue a todas las partes” personadas en la causa. Por otro lado, Guardia Civil comunicó a la instructora un avance de sus investigaciones sobre las ayudas a la firma Aglomerados Morell, asegurando que el ex director general de Trabajo Juan Márquez conocía los 440.000 euros concedidos a Corvillete, una empresa vinculada a la anterior.
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