MOLTÓ CREÓ UNA FILIAL DE CAJA CASTILLA-LA MANCHA EN LAS ISLAS CAIMÁN.

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  PARA NO PAGAR IMPUESTOS EN 20 AÑOS

  
  

  35 COMENTARIOS D. CARRASCO

  El ex presidente de la caja de ahorros emitió acciones preferentes desde el paraíso fiscal. El juez Ruz traslada la querella al fiscal para que informe sobre su admisión.

• El ex presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, creó el 20 de septiembre de 2001 una filial, denominada CCM Preference Limited, en las Islas Caimán. Desde este paraíso fiscal se emitían acciones preferentes garantizadas no acumulativas con objetivo de pagar menos impuestos. El país caribeño es “un lugar de alto riesgo en cuanto a la moralidad y oscurantismo”, según Manos Limpias, que ha presentado una querella contra la entidad castellano manchega.
  La sociedad se constituyó conforme a la legislación mercantil de las Islas Caimán con un doble fin. Por un lado, se utiliza para operaciones de captación de fondos en la emisión de acciones preferentes garantizadas y, por otro, “se alcanza un compromiso del Gobierno de las Islas Caimán que le exime del pago de todos sus impuestos hasta el 2 de octubre de 2021”, según consta en un informe de la auditora Ernst&Young.
  No obstante, hace tres años el Banco de España anunció el traslado de la filial de CCM a suelo español, para someterse a la legislación española. En principio, el cambio no afectaba a las condiciones de las emisiones financieras. De esta manera, las acciones preferentes se adaptaban al estatuto jurídico español.
  En este nuevo contexto se tratan unos hechos que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tendrá que esclarecer máxime con la actual situación de los cientos de miles de afectados por las acciones preferentes.
  De momento, fuentes jurídicas confirmaron ayer a este diario la imputación de Moltó por “presuntos delitos de estafa, administración desleal y falsedad en documento mercantil”. La Fiscalía Anticorrupción sigue practicando diligencias de investigación.
  En otro orden de cosas, Pablo Ruz dio traslado ayer al fiscal de la querella presentada por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, para que emita el preceptivo informe sobre la competencia y el fondo, esto es, su pronunciamiento acerca de si debe admitirse el escrito acusatorio. El informe de la Fiscalía no es vinculante para el juez. En cualquier caso, todo apunta a que la decisión del magistrado Ruz se adoptará en el mes de septiembre, tras el parón del juzgado debido a las vacaciones de verano