Seis meses. Ese es el tiempo que les ha durado a los ex altos cargos socialistas la acumulación de sueldos. Ayer expiró el plazo dado por el Gobierno para que los beneficiarios de las cesantías –remuneraciones del 80% de su salario que durante dos años perciben ex ministros y ex secretarios de Estado– que cuentan con otros ingresos renuncien a una de sus vías de financiación. La consigna dada por el PSOE es que se deje de cobrar la pensión y se conserve el sueldo actual. Así, todos los ex ministros de Zapatero con escaño en el Congreso verán ostensiblemente reducidos sus ingresos desde este mes, pese a que a muchos aún les restaba un año y medio de indemnización.
Quienes menos afectados se verán por el tijeretazo del Gobierno son María Teresa Fernández de la Vega, Celestino Corbacho y Elena Espinosa, a quienes apenas les quedaban tres meses por cobrar la cesantía. De la Vega tendrá que conformarse ahora con los 80.000 euros anuales que se embolsa por ser miembro del Consejo de Estado. Ese será el único sustento también del ex presidente Zapatero.
Por su parte, los ex jefes del Ejecutivo Felipe González y José María Aznar no han anunciado su renuncia a la pensión vitalicia que les corresponde, pese a que ambos cuentan con otros ingresos. González cobra 126.500 euros al año por ser consejero de Gas Natural, mientras que Aznar percibe cerca de 400.000 por asesorar a Endesa y ser consejero de Rupert Murdoch en News Corporation.
La lista de ex altos cargos de la Administración con acumulación de sueldos es interminable. El ex ministro de Economía Pedro Solbes agotó su cesantía en 2011 pero tiene una pensión vitalicia de 3.700 euros mensuales por haber sido comisario europeo y contar con más de 65 años. Además, Solbes cobra 250.000 euros al año de Enel, eléctrica de la que es consejero, y unas dietas que podrían rondar los 70.000 euros de Barclays, entidad financiera en cuyo consejo también está el ex ministro.
Otra ex titular de Economía pluriempleada es Elena Salgado, quien en abril de este año fichó por Abertis para formar parte de su consejo asesor –su sueldo en la concesionaria es confidencial–. Salgado se hizo con hueco también en Chilectra, la filial chilena de Endesa, apenas dos meses antes. Por este último cargo cobra entre 35.000 y 70.000 euros anuales. Hasta ayer, la ex ministra sumaba la indemnización del Estado –a la que se ha visto obligada a renunciar– a esos sueldos privados.
Cristina Garmendia, ex titular de Ciencia e Innovación en el último Ejecutivo de Zapatero, también depende desde hoy exclusivamente de los honorarios que le reporta su actividad empresarial. Garmendia es fundadora y presidenta de Inbiomed, fundación que alberga el primer banco de células madre adultas en España, y desde mayo es la administradora de Jaizkibel, sociedad que se encarga de la gestión de fondos y asesoramiento empresarial.
La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, lideró la posición de su Grupo en este aspecto al renunciar a su indemnización por ser ex secretaria de Estado. Rodríguez se queda con su sueldo de diputada y el plus que le da la Portavocía. De momento tan sólo la ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde se ha desmarcado de la posición del PSOE y no ha renunciado a su cesantía.
La incompatibilidad de sueldos afecta también a José Bono y Javier Rojo, ex presidentes del Congreso y del Senado. El único que renunció a la indemnización antes de que el Gobierno reformara la ley fue el actual líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declinó recibir su pensión nada más abandonar el Ejecutivo de Zapatero.
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