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NO QUIEREN QUE SE PROHIBA EL ABORTO EUGENÉSICO
Un grupo de eurodiputados del PSOE, PSC, ICV y BNG enviaron este jueves una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Vivanne Reding, en la que le piden que se pronuncie en contra de la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Los firmantes de la misiva son Luis Yáñez-Barnuevo (PSOE), María Badia y Raimon Obiols (PSC), Raúl Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG).
(Servimedia) Los eurodiputados explican en su carta que si bien «se desconoce el texto de la reforma anunciada, queda claro que se eliminará en los supuestos de aborto los casos de malformación del concebido», algo que, dicen, el Ejecutivo fundamenta en creencias morales y éticas y no en justificaciones científicas.
Ana Miranda y Raúl Romeva, también miembros de la Comisión de Mujeres del Parlamento Europeo, consideran la propuesta «un claro retroceso en materia de los derechos de las mujeres, que deja a miles de ciudadanas y profesionales de la sanidad en una situación de inseguridad jurídica», ya que se verán obligadas a abortar de forma clandestina y a poner así en riesgo su salud.
Los firmantes coinciden en señalar que la propuesta significará «la institucionalización de la violencia contra las mujeres, que pueden sufrir daños irreversibles en su salud física y psicológica por ser obligadas a no interrumpir su embarazo».
En Europa, indican, solo existen leyes de supuestos sobre el aborto similares a la que quiere aprobar España en Polonia, Malta e Irlanda.
Pero el aborto, prosiguen, forma parte de la mayoría de los Estados de la UE y el Parlamento Europeo ya recomendó a los gobiernos que consideraran las «enormes desigualdades» entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y al aborto en función de sus ingresos y del país de residencia.
Desde esta perspectiva, los firmantes de la misiva apelan a esta resolución y al compromiso de la UE en el Tratado de Lisboa para crear un espacio común de libertad, seguridad y justicia, con el fin de que «la comisaria Reding se interponga delante de la propuesta de Gallardón e impida este retroceso».
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