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«TODOS LOS DÍAS SON DÍAS DE DIFUNTOS EN ESPAÑA»
La organización 'Provida' Derecho a Vivir (DAV) ha plantado un total de 300 «mini» ataúdes blancos de cartón junto al Monumento a la Constitución, en los jardines del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, para pedir al Gobierno que elabore una «ley de aborto cero». El portavoz de la plataforma, Ignacio Arsuaga, ha recordado que «más de 300 niños mueren cada día como consecuencia del aborto».
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(EP) Bajo el lema «todos los días son días de difuntos en España» la asociación ha llamado al Ejecutivo a «aplicar la Constitución» y «cumplir su promesa electoral de derogar la Ley Aído» porque, según ha recordado, «el artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho a la vida de todos los seres humanos».
Para ello, la organización ha convocado una «marcha por la vida» en Madrid el próximo 17 de noviembre y que recorrerá el centro de la capital desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Neptuno para exigirlo. Arsuaga ha asegurado que, incluso si el Consejo de Ministros presenta un anteproyecto de ley antes de la concentración, «se seguirán movilizando para que entre en vigor cuanto antes».
De hecho, ha indicado que en cuanto se presente el anteproyecto «lo analizarán detenidamente» y, en caso de que «no sea una ley que proteja efectivamente la vida de todos los seres humanos», pedirán su modificación.
Castigar a los que se enriquecen con el aborto
En este sentido, el presidente de la plataforma 'Provida' ha matizado que lo que piden «no es una ley que meta a mujeres en la cárcel» sino una que «penalice a quienes se enriquecen como consecuencia del aborto».
Por otra parte, ha llamado la atención sobre las declaraciones de los ministros de Economía y de Hacienda y Administraciones Públicas en las que afirmaban que España está empezando a salir de la crisis, por haber logrado un PIB positivo en el tercer trimestre de este año, y ha recordado otro de los compromisos electorales del PP referente a una Ley de Apoyo y Protección de la Maternidad.
Según ha explicado Arsuaga, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tenía la propuesta paralizada «por falta de presupuesto». Por ello, ha asegurado que el Gobierno «podría tener ya la capacidad para impulsar esa ley, si tiene voluntad política de hacerlo».
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