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RAFAEL / SÁNCHEZ SAUS | ACTUALIZADO 24.10.2013 - 01:00
Palo al pueblo
ESTAMOS viendo las consecuencias que durante muchos años el legislador no quiso incorporar". Así ha resumido José Luis Requero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, el tremendo palo de la desautorización de la llamada doctrina Parot, último refugio legal del Estado para evitar que cientos de terroristas y delincuentes atroces salgan en los próximos meses y años de la cárcel tras purgar mínimas condenas en relación con el número e importancia de los delitos que les llevaron a ella. ¿Cómo es esto posible?
Es asombroso, pero hasta fines de 1995 no se promulgó un Código Penal que recogiera la experiencia de lo que el terrorismo estaba significando en España. Hasta entonces, los gobiernos se habían sentido cómodos con el Código Penal de 1973, una de las pocas leyes importantes del franquismo que los socialistas se resistieron mientras pudieron a derogar. Aquel código, extraordinariamente benévolo con el delincuente, como correspondía a una época en la que el número de reclusos no llegaba a 15.000 (hoy son más de 80.000), el terrorismo era un fenómeno incipiente y no existía el crimen asociado a la drogadicción, estaba ya claramente desfasado a fines de los 70, pero nuestra clase política no quiso sacar las consecuencias de los cambios producidos en la criminalidad y que hubieran obligado, como así ocurrió, al endurecimiento de las penas. Sólo cuando a principios de los 90 la gente empezó a contemplar escandalizada el espectáculo nauseabundo de etarras activos en los 70 y 80 que salían a la calle tras cumplir condenas objetivamente ridículas, se decidieron a cambiar el Código Penal y a urdir la chapuza legal conocida como doctrina Parot para aplicar retroactivamente a los delincuentes más peligrosos y sanguinarios las condenas que sin duda merecían.
La responsabilidad principal de esta ignominia corresponde al PSOE, que siempre se ha resistido al endurecimiento de las penas para los criminales y además, dicen los que saben de eso, pactó con ETA en 2006 la anulación de la doctrina Parot. Es muy indicativo que el representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el socialista Luis López Guerra, ex secretario de Estado de Justicia, haya votado a favor de condenar a España por aplicar la doctrina Parot. La sombra de Rubalcaba, aún en la retina el caso Faisán, es alargada.
Es asombroso, pero hasta fines de 1995 no se promulgó un Código Penal que recogiera la experiencia de lo que el terrorismo estaba significando en España. Hasta entonces, los gobiernos se habían sentido cómodos con el Código Penal de 1973, una de las pocas leyes importantes del franquismo que los socialistas se resistieron mientras pudieron a derogar. Aquel código, extraordinariamente benévolo con el delincuente, como correspondía a una época en la que el número de reclusos no llegaba a 15.000 (hoy son más de 80.000), el terrorismo era un fenómeno incipiente y no existía el crimen asociado a la drogadicción, estaba ya claramente desfasado a fines de los 70, pero nuestra clase política no quiso sacar las consecuencias de los cambios producidos en la criminalidad y que hubieran obligado, como así ocurrió, al endurecimiento de las penas. Sólo cuando a principios de los 90 la gente empezó a contemplar escandalizada el espectáculo nauseabundo de etarras activos en los 70 y 80 que salían a la calle tras cumplir condenas objetivamente ridículas, se decidieron a cambiar el Código Penal y a urdir la chapuza legal conocida como doctrina Parot para aplicar retroactivamente a los delincuentes más peligrosos y sanguinarios las condenas que sin duda merecían.
La responsabilidad principal de esta ignominia corresponde al PSOE, que siempre se ha resistido al endurecimiento de las penas para los criminales y además, dicen los que saben de eso, pactó con ETA en 2006 la anulación de la doctrina Parot. Es muy indicativo que el representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el socialista Luis López Guerra, ex secretario de Estado de Justicia, haya votado a favor de condenar a España por aplicar la doctrina Parot. La sombra de Rubalcaba, aún en la retina el caso Faisán, es alargada.
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