La incorporación de Navarra a España tiene un guión, como toda cadena de sucesos históricos, aunque quizá sea más apasionante en sí mismo el recorrido posterior a esa unión, fruto del cual el pequeño reino pirenaico mantuvo la singularidad de su régimen de gobierno. Tras la conquista, Navarra dijo adiós a sus reyes pero no perdió su condición de Reino. Fernando el Católico prometió, de hecho, respetar las instituciones y leyes navarras anteriores a la integración. En este proceso se nutren los derechos históricos de Navarra y se encuentran las respuestas a la peculiaridad de su régimen foral, mantenido, con distintas modificaciones, hasta hoy. Para comprender esta historia, no obstante, es necesario analizar el escenario previo a 1512, lo que arroja muchas luces sobre la descomposición y el desgaste de ese territorio y la pérdida de operatividad de sus monarcas.
Navarra pasa en apenas 100 años del esplendor que había gozado durante el reinado de Carlos III el Noble, a principios del siglo XV, a la decadencia. El conflicto sucesorio que se abre con su muerte, en 1425, avivará el enfrentamiento entre dos fracciones de su nobleza y conducirá finalmente a una guerra civil demoledora durante una década (1451-1461). La herida de ese conflicto es de tal calibre –en todos los órdenes: social, económico, militar– que el reino se convierte en una presa fácil para las dos potencias vecinas. Fernando el Católico decide finalmente ocuparla en julio de 1512 para evitar una intervención similar francesa que cambiara las reglas de juego en la zona. La invasión, que había sido barajada en diversas ocasiones para garantizar la neutralidad de Navarra en un conflicto internacional más amplio –el que enfrentaba en Italia a las coronas de Francia y Castilla–, se precipitó tras la firma de un acuerdo de acercamiento de los últimos monarcas navarros al rey francés Luis XII. No hay que olvidar que la situación geográfica de Navarra la convertía en un enclave estratégico decisivo para sus vecinos. Esa es la razón última que marcará el paso del rey castellano y traerá consigo la pérdida de la singularidad dinástica de Navarra. Pero vayamos por partes para entender mejor el desenlace.
Problema dinástico y guerra civil
Carlos III el Noble dejará tras de sí un excelente balance de reinado, pero fallece, en 1425, sin un heredero varón. La prosperidad económica y cultural que alcanza Navarra será inversamente proporcional a la incertidumbre que genera su muerte. A este rey, que da nombre a una de las arterias principales de Pamplona, corresponden, por ejemplo, las mejores muestras del gótico navarro de inspiración flamenca y francesa, como el palacio real de Olite o su propio sepulcro en la catedral de la capital. Con Carlos III se consolidan también la arquitectura institucional interna y las buenas relaciones con los reinos peninsulares y europeos.
Este escenario próspero se complica, sin embargo, con su fallecimiento. Al morir sin heredero, ocupa el trono su hija Blanca de Navarra. Pero Blanca no se casa con cualquiera, sino con Juan II,heredero también de la Corona de Aragón y cabeza de una liga nobiliaria en el seno del Reino de Castilla. El matrimonio refleja, por tanto, un cruce inevitable de intereses entre los reinos peninsulares y Francia. Mientras Juan II maniobrará todo lo que pueda en beneficio propio (el Reino de Aragón y la inminente unión con Castilla), Blanca se limitará a reinar Navarra, atenazada a su vez por la presión de Francia y la presencia castellana en una de las facciones de su nobleza.
La cuestión sucesoria se complica con la muerte de Blanca, en 1441, durante una peregrinación en Santa María de Nieva (Segovia) –donde todavía reposan sus restos– y la lógica aspiración al trono del legítimo heredero, su hijo Carlos, Príncipe de Viana.
No había duda de que Blanca había llegado al trono por derecho propio, pero no ocurría lo mismo con el rey consorte, Juan II, que ostentaba el título por su matrimonio. Era razonable pensar, en consecuencia, que muerta la reina ascendiera al trono su hijo. Pero no fue así. Juan II, como futuro rey de Aragón (desde 1458), tenía demasiados intereses para abandonar el reino navarro sin más ni más. Además, Blanca había pedido a su hijo Carlos en el testamento que, en atención al honor y dignidad de su padre, no tomase el título de rey sin su permiso. El Príncipe de Viana respetó a regañadientes la voluntad de su madre y aceptó más a regañadientes todavía el nombramiento de gobernador del Reino, que le dejaba en un papel importante, pero secundario. Para la historia queda claro que se había lesionado el derecho al trono de Carlos, lo que avivó no pocos recelos e intrigas en la Corte.
La gota que colmó el vaso en las malas relaciones entre padre e hijo fue el segundo matrimonio deJuan II, en 1447, sin la preceptiva autorización del Reino, con Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla. El polémico enlace, con el que el monarca pretendía fortalecer los contactos de Aragón y Castilla, no sentó bien a un sector de la nobleza, que cuestionaba aún más su ya discutible asiento en el trono navarro, y fue el detonante de la sangrienta guerra civil entre dos bandos: los beaumonteses, alineados con el Príncipe de Viana, que pactó el apoyo de Castilla hasta “la total expulsión de su padre del Reino de Navarra”, y los agramonteses, partidarios de Juan II. Paradójicamente, del matrimonio de Juan II y Juana Enríquez nacerá Fernando el Católico (futuro rey de Aragón y de Castilla) y, por tanto, hermanastro de Carlos, Príncipe de Viana.
Juan II desheredó después al príncipe Carlos y entregó la primogenitura familiar –y con ella la sucesión al trono navarro– a la tercera de sus hijas, Leonor, casada con el conde francés Gastón IV de Foix, un peligroso precedente que comprometía hacia el otro lado de la frontera la línea dinástica de Navarra. Carlos optó por un exilio voluntario en Nápoles.
Decadencia y ocupación
La guerra civil se prolongó unos años entre dos bandos divididos sobre el futuro de un reino cada vez más aislado. Mientras los beaumonteses, que apoyarán años más tarde a Fernando el Católico para ocupar Navarra, defendían la vinculación a Castilla, los agramonteses preferían el juego de alianzas con Francia. La guerra acabó en 1461, el mismo año de la muerte, en Barcelona, del Príncipe de Viana, pero no despejará las tensiones posteriores. El balance de la contienda fue nefasto: la ruina de la economía y la hacienda pública, el caos político y social y unos monarcas cada vez más débiles abocados a buscar apoyos en el exterior.
Ese empobrecido legado es el que recibe Leonor de Foix cuando asciende al trono, en 1479, tras la muerte de su padre, Juan II. Su reinado fue muy breve: 16 días. La coronación se celebró el 28 de enero y murió el 12 de febrero. Irónicamente, en esta reina quedaron reconocidos todos los títulos navarros, aragoneses, castellanos y franceses que hubieran correspondido a su hermano, el malogrado Príncipe de Viana. El panorama tras su fallecimiento es realmente complicado. Al desgaste social se une la perspectiva de un heredero plenamente francés, algo que inquieta a un sector de la nobleza navarra y al propio Fernando el Católico, que ya rodeaba todas las fronteras peninsulares de Navarra.
Los malos augurios se cumplen tras la llegada al trono de la casa francesa de Foix-Albret, con más territorios a custodiar en el país vecino –a través de señoríos y condados– que en el reino peninsular. El acercamiento a la órbita de influencia francesa se consuma con los dos últimos reyes de Navarra,Catalina de Foix y Juan III de Albret (o Labrit), y se saldará, en última instancia, con la invasión castellana. El detonante concreto fue el Tratado de Blois, con el que los monarcas navarros se aseguraban el apoyo de Francia en caso de una agresión castellana. El acuerdo fue considerado hostil por Fernando el Católico, ya que rompía la neutralidad de Navarra en la guerra que mantenían Castilla y Francia por el control de Italia. Y a su vez, el rey castellano necesitaba el paso fronterizo de Navarra para atacar Francia por Bayona.
Fernando el Católico dio la orden de tomar Navarra al día siguiente de la firma del Tratado de Blois. El pequeño reino, totalmente indefenso, no ofreció apenas resistencia. El monarca castellano contaba con un ejército que no tenían los Foix-Albret y el apoyo asegurado de la nobleza agrupada en el sector beaumontés. Pamplona se rindió pacíficamente a las tropas del Duque de Alba y sólo hubo algunos conatos rebeldes, especialmente en Estella y Tudela. En tres meses –de julio a septiembre de 1512– todo el reino estaba controlado y pasaba a formar parte de Castilla. Los últimos reyes de Navarra, una vez derrotados, buscarán refugio en la localidad francesa de Orthez y mantendrán la dinastía que dará lugar a la Casa de Borbón, que reinará en Francia hasta la revolución de 1789 y en España a partir de 1700.
Tras la conquista, el Duque de Alba prometió respetar la personalidad de Navarra como Reino, sus instituciones, sus leyes y la autonomía interna previa a la unión. Igualmente, se comprometió a no confiscar los bienes del bando rebelde, el agramontés. Muchos de estos nobles aceptaron a Fernando como rey y otros huyeron con la intención de organizarse para reconquistar el territorio. Quedaba claro, en suma, que la unión, conseguida por las armas, no implicaba la desaparición del reino. Pero también es cierto que Navarra perdía su independencia de la que había gozado desde el siglo IX.
Los historiadores han interpretado la generosidad de ese gesto en las dudas sobre la legitimidad de la conquista. Incluso los sucesores de Fernando el Católico, Carlos I y Felipe II (Carlos IV y Felipe IV de Navarra) dieron pie a esa sospecha en sus testamentos. Pero se antepuso el pragmatismo de la seguridad de las fronteras con Francia, algo que la población navarra, perdida la independencia, fue asimilando sin dramatismo a lo largo del siglo XVI. No obstante, la negociación diplomática sobre los títulos reales se prolongó algunos siglos. Es preciso recordar a este respecto que el título de rey de Navarra lo ostentaron desde entonces los reyes españoles y los franceses.
Últimos focos de resistencia
Tras 1512, la unión de Navarra a Castilla no fue irreversible hasta 10 años después. De hecho, hubo al menos tres intentos para restaurar la monarquía de los Albret y recuperar la independencia. Tras la segunda tentativa (1516), el cardenal Cisneros, por orden del emperador Carlos I, mandó destruir todos los castillos y fortalezas de los agramonteses.
El intento más serio fue el tercero, en 1521, cuando una poderosa expedición francesa, respaldada por el bando nobiliario agramontés, reconquistó Navarra sin apenas resistencia, como había sucedido nueve años antes con el Duque de Alba. El problema, tanto en 1512 como en 1521, no era tanto conquistar como defender lo conquistado. El contraataque castellano, con el apoyo de los beaumonteses, reunió a 30.000 soldados. La batalla más sangrienta (5.000 muertos) fue en Noáin, un pueblecito muy próximo a Pamplona, que decidió la inmediata recuperación de la capital y de todo el reino. En la defensa de la capital fue herido Íñigo de Loyola (san Ignacio, después), que luchaba con las tropas castellanas.
Cuatro meses después, otra expedición francesa toma por sorpresa las fortalezas navarras de Chateau-Pignon y Maya (o Amayur), y la castellana de Fuenterrabía, que no se recuperaría hasta 1524 por Carlos I. El último foco de resistencia, en lo que a Navarra se refiere, tuvo lugar dos años antes, en 1522, en el castillo de Maya (o Amayur), situado en el valle de Baztán, en el que se refugiaron 200 caballeros leales al heredero de la Corona, Enrique II de Albret, que finalmente capitularon después de un corto pero intenso cerco. Entre esos hombres estaban Miguel y Juan de Jasso Azpilicueta, hermanos del que después sería san Francisco Javier.
Los navarros de la parte norpirenaica (Ultrapuertos) quedaron abandonados a su suerte unos años más tarde, en 1528, aunque no perdieron su condición de tales hasta finales de siglo. La última fortaleza a la que se renunció, en 1530, fue la de San Juan de Pied de Port, muy próxima a Roncesvalles. Desde ese territorio, los Albret siguieron titulándose “reyes de Navarra”. Ese es el motivo por el que la sociedad navarra vivió en una tensión militar constante hasta la entronización en España, en 1700, de Felipe V de Borbón, un rey francés que también era heredero de los derechos de los últimos reyes de Navarra. Al fin y al cabo, la monarquía francesa invocó siempre, como justificación para actuar en esta frontera, los derechos dinásticos al trono navarro de los Albret-Foix, en primer término, y después de los Borbón-Albret, reyes de Francia con Enrique IV desde 1589.
El sello del autogobierno
Después de la incorporación a Castilla y durante cuatro siglos, Navarra conservará su condición de Reino –será gobernada por un virrey que ejerce la autoridad del monarca– y mantendrá sus instituciones privativas, especialmente las Cortes, para legislar y aprobar la contribución económica a las empresas de la monarquía española (lo que hoy conocemos como Convenio Económico). Unos años más tarde, en 1576, se crea la Diputación del Reino como órgano permanente de gobierno y de representación de las Cortes. Esta institución ha sido, por tanto, la titular de la administración propia de Navarra durante los últimos cinco siglos, aunque en el XIX pasó a llamarse Diputación Provincial, después Diputación Foral de Navarra y finalmente, desde 1982, Gobierno de Navarra.
El autogobierno navarro dura ya, por tanto, 500 años, aunque no ha sido, en ocasiones, un camino fácil. La primera amenaza seria llega a mitad del siglo XVIII con la política centralizadora de los Borbones, que alimentará una tensión creciente entre las partes hasta bien entrado el siglo XIX. Tras la primera guerra carlista (1833-1839), la solución institucional y política para Navarra se concretó con la Ley Paccionada de 1841. De acuerdo con esa norma, el Viejo Reino se integra en España con rango de provincia –desaparecen la figura del virrey y las aduanas, por ejemplo–, pero manteniendo al mismo tiempo instituciones y leyes de su régimen foral. En otras palabras, Navarra se garantizó un régimen jurídico propio dentro de España que afecta sobre todo a su autonomía fiscal y competencias políticas y administrativas.
Hay un suceso reseñable en este sentido, que ocurrió a finales del siglo XIX (en 1893 y 1894), y que ha pasado a la historia con el nombre de Gamazada. Se resume, esencialmente, en la reacción popular contra Germán Gamazo, ministro de Hacienda del Gobierno liberal de Sagasta, que pretendió suprimir el régimen fiscal de Navarra establecido en la Ley Paccionada. La Diputación, arropada por 120.000 firmas, cuando Navarra contaba con 300.000 habitantes, presentó una protesta formal a la regente María Cristina. La iniciativa fue finalmente retirada y Gamazo dimitió. El incidente alimentó decisivamente la defensa popular de los fueros. Desde entonces, la mayoría de los pueblos y ciudades navarras tienen el nombre de “Fueros” en sus principales calles y plazas, y en Pamplona se empezó a construir, enfrente del Palacio de la Diputación, el Monumento a los Fueros.
La singularidad de Navarra, en fin, se ha mantenido tal cual durante los grandes periodos políticos que resumen los dos últimos siglos de España: la restauración, las dos repúblicas, el franquismo y, finalmente, la transición democrática. La última adaptación al marco constitucional fue la Ley de Amejoramiento del Fuero, sancionada por Juan Carlos I en 1982.
El nacionalismo vasco reinventa la historia
Lo ocurrido en 1512 con la incorporación de Navarra a Castilla es una realidad histórica con un balance incuestionable: cinco siglos de convivencia común en España. Tal vez a la luz de las circunstancias históricas de ese recorrido se entienda mejor la última adaptación al marco constitucional del autogobierno del Viejo Reino, condensado en su Ley de Amejoramiento del Régimen Foral, sancionada por Juan Carlos I el 10 de agosto de 1982. “Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la unidad nacional española –dice el preámbulo de esa ley–, manteniendo su condición de Reino, con la que vivió, junto con otros pueblos, la gran empresa de España. Avanzado el siglo XIX, Navarra perdió la condición de Reino, pero la Ley de 25 de octubre de 1839 confirmó sus Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional”. Algo más adelante, en su artículo 1 se concreta que “Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con otros pueblos”.
A pesar de que la realidad es tozuda, desde distintos ámbitos del nacionalismo vasco se quiere dar ahora una interpretación radicalmente distinta y falaz de unos sucesos históricos que ocurrieron hace cinco siglos. El fin no es otro que crear un debate ficticio que juega tanto con la profunda ignorancia de muchos vascos sobre su propia historia como con la conveniencia política de manipular a los navarros a su antojo en su pertinaz ambición de crear un Estado vasco. Con distintas variantes, se ha repetido el mismo discurso desde finales del siglo XIX, amparándose para ello en un peculiar todo vale que contribuya a la ficción que inventó Sabino Arana.
¿En qué se traduce ahora?: en sembrar la duda sobre lo que realmente sucedió en 1512 y los años sucesivos, alimentando la falsa sospecha –en contra de la historiografía más rigurosa al respecto– de que Navarra fue una víctima más de Fernando el Católico o que el expansionismo castellano acabó con la añorada independencia del último reino cristiano peninsular. Sólo así se explica que se tergiverse la historia sin ningún rubor o que se magnifiquen hechos aislados de aquel periodo, como el cerco a Amayur –de donde toma el nombre la coalición independentista vasca–, donde se refugiaron 200 leales al heredero del último rey de Navarra, o que se conmemoren aniversarios vinculados a los intentos de restauración monárquica de los Albret, como la Batalla de Noáin, en la que murieron 5.000 personas entre castellanos, navarros y franceses.
La versión nacionalista vasca olvida lo más importante: que la incorporación de Navarra fue fruto de un pacto entre dos reinos y que la población -más lejos cultural, política y religiosamente de Francia que de Castilla- optó por España y asimiló la unión sin dramatismo alguno. Pero no, la imaginería nacionalista prefiere una vez más distorsionar los hechos y contribuir a una fábula que ofende al sentido común de cualquier navarro orgulloso de serlo.
El nacionalismo vasco no ha entendido nunca la diversidad de Navarra, sus contrastes, su realidad –con un protagonismo del catolicismo, clave para cualquier análisis–, su historia y, especialmente, sus Fueros, en los que se fundamenta su identidad como pueblo. Tampoco ha digerido jamás que esos Fueros –entendidos desde el siglo XII como una expresión de libertad política y personal– son, al mismo tiempo, los mismos que conservó tras la unión dinástica de 1512 y los mismos que fue adaptando en su proyecto común con España, especialmente tras la unión administrativa de 1839. Como siempre, las sociedades evolucionan al compás de los cambios. Paralelamente, desde el siglo XIX y a través de sus distintas formulaciones políticas, el nacionalismo vasco ha exigido siempre el mismo trato que Navarra, amparándose en unos derechos históricos que no son comparables a la arquitectura histórica e institucional del Viejo Reino.
En ese contexto, Navarra no aspira a tener mejores ni peores relaciones con ninguno de sus vecinos. Hay afinidades con el País Vasco, como las hay también con La Rioja, Aragón o la Aquitania francesa, con la que comparte un pasado común a través de la Baja Navarra. Lo que une y separa a Navarra de esas regiones no puede ser nunca un argumento para dividir o separar a los propios navarros, muy diferentes de por sí en la Montaña, la Zona Media o la Ribera.
De norte a sur, Navarra cambia de lengua –del euskera al castellano– y se transforma desde lo más superficial, como el clima, la vegetación y el paisaje –en apenas 120 kilómetros se pasa de una selva atlántica de hayas y robles al desierto de las Bardenas, próximo a la excepcional huerta tudelana–, a lo más profundo: los tipos humanos, con sus tradiciones y costumbres. A pesar de ello, la identidad colectiva de los navarros no sólo existe dentro de un espacio físico y emocional, sino que podría considerarse un caso ejemplar de cohesión. Esa conciencia navarra neutraliza las diferencias en un territorio complejo que se gestó hace algo más de mil años, que desde hace 800 tiene unos límites bastante similares a los actuales y que desde hace 500 está unido a España. Desde entonces, las cadenas de su escudo quedaron integradas en el escudo de España.
Sobre este punto, escudos y demás, no me resisto a contar –como colofón de estas líneas y a pesar de lo surrealista que puede parecer– que, durante la Transición, el Gobierno de Euskadi diseñó un escudo del País Vasco en el que se colocaban, a partes iguales, las cadenas de Navarra con los símbolos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Navarra protestó contra ese disparate institucional y pidió que retiraran las cadenas de ese escudo, algo que el País Vasco no acató hasta 1986, cuando no le quedó otra que plegarse, a regañadientes, a una sentencia del Tribunal Constitucional. Y, a pesar de los pesares, no lo hizo del todo: una cuarta parte del escudo vasco actual lo ocupa el color rojo de la bandera de Navarra. La provocación sigue ahora con la revisión de 1512.
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