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  A FAVOR DE LOS VALORES

  La sociedad civil despierta

  02 JUN 2012 | J.M. BALLESTER ESQUIVIAS

  El Congreso Mundial de las Familias de Madrid sirvió, entre otras cosas, para constatar que no es utópico parar los pies a las legislaciones y a las políticas que atentan contra la dignidad humana. Aunque el camino sigue siendo largo, hay motivos de satisfacción: Rusia ha restringido el aborto, Turquía se dispone a hacerlo y el Consejo de Europa ha reforzado el derecho a la vida y a la objeción de conciencia.

• El 21 de julio de julio de 2011 fue una fecha importante para la Rusia contemporánea. Ese día, la Duma -así se llama su Parlamento- aprobó una ley en virtud de la cual las mujeres solo podrán abortar durante las doce primeras semanas de embarazo. Además, se crea la semana del silencio, periodo de siete días en el que las candidatas al aborto reflexionarán en profundidad acerca de la decisión final que tomarán. A primera vista -sobre todo en relación con los plazos- parece bien poco. Y lo es.
  Sin embargo, si se tiene en cuenta que en Rusia se practican al año alrededor de un millón y medio de abortos -fue uno de los primeros países en liberalizarlo-, el voto de la ley es un hito. Más aún: fue el propio Vladimir Putin -entonces primer ministro y hoy, de nuevo, presidente- el que se empeñó en sacar adelante el proyecto. Su diagnóstico era inapelable: los abortos estaban haciendo peligrar el relevo generacional de la población rusa.
  Órdago a lo grande
  En Turquía, la situación no es -por el momento- tan alarmante, pero el Gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha decidido tomar precauciones: en fechas próximas presentará al Parlamento un proyecto de ley que reducirá los plazos para abortar. Se prevé que pase de diez a seis semanas, o incluso a cuatro. Hasta ahora, Turquía gozaba de la reputación de ser un país natalista, pero la tasa de fecundidad ha bajado peligrosamente en las dos últimas décadas.
  Prueba de la determinación del Gobierno es la indignación que provocaron en sectores feministas unas declaraciones de Erdogan en las que calificaba el aborto como un crimen. La batalla entre islamistas y laicos sobre el aborto promete ser muy dura. Un indicio: en diez años en el poder, Erdogan no ha perdido ninguno de los órdagos que ha lanzado. Sin ir más lejos, nadie apostaba un duro por él cuando se empeñó en echar un pulso a los militares. Y lo ganó.
  La situación es muy distinta en los países de la Unión Europea (UE): ningún Gobierno se plantea cuestionarlo de forma sustancial. Hay ligeros brotes, como en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a revisar ciertos aspectos de la ley aprobada por el PSOE en 2010. Intentarán, por ejemplo, evitar que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres.
  Pese a estos ligeros avances, ni España ni ningún otro país ha alcanzado el nivel de compromiso de Hungría con los valores. Nada más ganar por abrumadora mayoría los comicios de 2010, puso en marcha los procedimientos para que fuera aprobada una Constitución que sancionase valores como el matrimonio basado en la unión del hombre con la mujer, el derecho a la vida o el reconocimiento explícito de las raíces cristianas de Hungría. Lo consiguió al año siguiente.
  Aborto, eutanasia...
  Sin embargo, desde la UE y la mayoría de sus Estados miembros arreció una dura campaña contra Hungría, con amenaza de sanciones políticas y económicas incluidas. Orbán no cedió y parece que el paso del tiempo le está empezando a dar la razón: según ha podido saber ALBA, la Comisión de Venecia -encargada de verificar la adecuación de legislaciones nacionales al Convenio Europeo de Derechos Humanos- ha renunciado a cuestionar la ley húngara sobre la familia.
  Todos estos pasos -ni los minúsculos de España ni los grandes de Hungría- no hubieran sido posibles sin dos resoluciones votadas en 2010 y en 2011 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
  La primera garantiza el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieran participar en las prácticas contrarias a sus principios. “Ninguna persona, hospital o institución deber ser presionada, culpada o discriminada por negarse a realizar, acoger o a asistir en la práctica de un aborto, un falso parto provocado, una eutanasia o toda intervención que provoque la muerte de un feto o de un embrión humano, cualesquiera sean las razones”.
  Lo curioso es que, en un principio, se trataba de un proyecto que quería prohibir la objeción de conciencia. Parlamentarios como el italiano Luca Volontè o el irlandés Ronan Mullen consiguieron dar la vuelta a la situación.
  Más: el pasado 3 de octubre, una nueva resolución de la misma Asamblea condenó expresamente la práctica de la selección prenatal del sexo, un procedimiento radicalmente contrario a los valores básicos defendidos por el Consejo de Europa, como son la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos.
  
  
  De una lectura detenida del texto aprobado, se desprende lo laxas que suelen ser las legislaciones en la materia. Las resoluciones del Consejo de Europa no son de aplicación inmediata, pero se incorporan al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Son, pues, una buena base para seguir avanzando. Sí, se puede.