El inédito gobierno andaluz (PSOE-IU) que presidirá el socialista José Antonio Griñán deberá enfrentarse en los próximos años a retos como la alta tasa de paro, la ausencia de crédito, un presupuesto congelado, la "confrontación" o la instrucción judicial de los ERE fraudulentos de la Junta.
"Estar en el Gobierno en estos días no es ninguna ganga, exige sacrificios", ha admitido Griñán, quien hoy ha sido investido por el Parlamento, el sábado tomará posesión de su cargo y el lunes tendrá al completo su nuevo gobierno de coalición en el que IU contará con la Vicepresidencia y tres de las diez consejerías que compondrá el organigrama.
Convencido de que el próximo gobierno autonómico será un "alegato contra la economía del miedo", que atribuye al pensamiento único económico y personaliza en el Gobierno de Mariano Rajoy, Griñán tiene claro que los principales problemas de la comunidad son el paro (1.329.600 desempleados y una tasa histórica del 33,17%) y la restricción del crédito para crear o financiar empresas.
Aún así, él y sus socios de gobierno quieren y creen que es posible cambiar el modelo productivo ahorrando, pero sin hacer recortes sociales, con gasto público pero cumpliendo el objetivo de déficit, que consideran "injusto" para las comunidades, y "sin privatizaciones". Queda por saber el "impacto social y las difíciles decisiones", que tendrá que tomar el nuevo Gobierno andaluz, pero la merma de los ingresos del Estado en Andalucía ha provocado ya que la Junta haya tenido que congelar una partida de su actual presupuesto de unos 2.700 millones de euros.
El dirigente socialista no para de ofrecer diálogo y cooperación institucional, aunque tampoco para de clamar contra la "confrontación" que, según él, ha puesto en marcha "contra" Andalucía el Gobierno central del PP. Como ejemplos, los más recientes "agravios" en financiación autonómica o los recursos a la subasta andaluza de medicamentos y a las oposiciones de profesores. No obstante, han sido la polémica sobre las finanzas de la Junta y el primer proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) el que ha tensado más las relaciones entre el Gobierno del PP y la Junta, heridas abiertas a las que el Ejecutivo andaluz de coalición deberá hacer frente en esta legislatura.
El PSOE e IU tienen claro que los PGE incumplen el Estatuto de Autonomía por no recoger la inversión estatal equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado, como dice la norma estatutaria. La inversión por regiones en los presupuestos del Estado establece para Andalucía el 14,6% (1.851,91 millones de euros) cuando su población supone el 17,8%. IU ya ha anunciado que pedirá al Parlamento que recurra al Tribunal Constitucional (TC) las cuentas estatales.
Andalucía reclama también al Gobierno, como lo hizo con el anterior, el pago pendiente de una cantidad comprometida por los anticipos de financiación autonómica correspondiente al ejercicio del 2011 que estima en 1.379 millones de euros. Griñán deberá también "lidiar" con el viejo problema de los ERE fraudulentos de la Junta y la instrucción de un sumario que ha llevado recientemente a la cárcel al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Decisiones judiciales al margen, el Parlamento creará una comisión de investigación promovida por IU y luego por el PSOE, mientras que el PP, que la pidió sin éxito en el anterior mandato en una decena de ocasiones, quiere que comparezcan Griñán, Manuel Chaves (expresidente de la Junta) y Gaspar Zarrías (exconsejero de la Presidencia).
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