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  LA DISPERSIÓN COMENZÓ CON MÚGICA EN 1989

  La política penitenciaria desde 1989: de la dispersión a la reinserción

  01 MAY 2012 | NAZARET LEÓN

  El Plan de Reinserción del Gobierno para los presos de ETA ha supuesto un cambio en la política penitenciaria del Gobierno. Las asociaciones de víctimas y sectores del PP critican el Plan mientras que el PSOE lo considera necesario.

• La política penitenciaria en España para los presos de ETA se ha visto alterada esta semana con el Plan de Reinserción presentado por Interior para los presos de ETA. Tras dos décadas sin apenas cambios en la política del Gobierno en este sentido, el Ejecutivo ha sorprendido con un nuevo plan integral que abre las puertas alacercamiento de presos de la banda al País Vasco.
  Las asociaciones de víctimas, que se enteraron de la nueva medida por los medios de comunicación, han puesto el grito en el cielo y muestra su decepción por la medida. Ángeles Pedraza,presidenta de la AVT, ha tachado el plan de "prematuro" y de suponer una cesión a los "intereses de los terroristas", mientras que Francisco José Alcaraz lo considera un "coladero". También han criticado el Plan los sectores más críticos del PP con los beneficios a presos etarras, como Jaime Mayor Oreja, que ha llegado a comparar el plan de reinserción de Rajoy con el proceso de paz de Zapatero, a pesar de que Rajoy haya tratado de calmar las aguas y asegurase que los presos de ETA "no tendrán ningún beneficio penitenciario".
  Desde el PSOE la medida ha sido acogida con agrado. El jueves Elena Valenciano manifestaba quesu partido siempre estará con el Gobierno en materia antiterrorista y el lehendakari, Patxi López, destacara que el plan del Gobierno central es "positivo", dado que la reinserción es "un triunfo de la democracia" y un objetivo consagrado por la Constitución.
  La política de dispersión tuvo uno de sus hitos en la dispersión acordada a finales de los años 80 por el socialista Enrique Múgica como ministro de Justicia y Antoni Asunción como responsable de Prisiones. En 1989 se acordó acabar con la concentración de presos etarras en determinadas prisiones con el objetivo de romper el férreo control que la organización terrorista ejercía sobre sus militantes encarcelados.
  Hasta ese momento, los etarras presos cumplían condena fundamentalmente en los centros penitenciarios de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid), mientras que las mujeres se agrupaban en la cárcel de Carabanchel.
  En estas dos décadas, la política penitenciaria no ha sufrido apenas cambios, a excepción de la modificación durante el primer Gobierno de José María Aznar del traslado a la península de los etarras presos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Con este nuevo Plan se da un nuevo paso y se pone en marcha un programa integral de reinserción que se dirige también a reclusos de otras organizaciones terroristas como los GRAPO o los grupos yihadistas, pero que sigue teniendo como objetivo prioritario el más de medio millar de etarras presos en cárceles españolas que aún no han dado el paso de decir no a la violencia.
  Los costes y los beneficios de la dispersión
  La dispersión tuvo sus costes. Por ejemplo, los funcionarios de prisiones fueron declarados objetivo por ETA, pero también generó que surgieran las primeras distensiones en el seno de la banda y a principios de los años noventa se concedió el tercer grado penitenciario -el más flexible, que permite salir de prisión durante el día- a algunos reclusos.
  Fue el caso, por ejemplo, de los internos en Vitoria Isidro Etxabe y José Antonio Urrutia, que en diciembre de 1991 y en conversaciones con sus familiares dijeron que los atentados de ETA estaban "creando odio en todos los sitios", lo que a la larga provocaría que les "sacaran a gorrazos".
  Mucho más relevante fue la llamada "carta del Puerto" -por la prisión situada en esa localidad gaditana- firmada en agosto de 2004 por Francisco Mujika Garmendia, "Pakito" -quien hasta su detención en Bidart (Francia) había sido "número uno" de ETA durante tres lustros-, y otros terroristas como Ignacio Arakama, "Makario"; Ignacio Bilbao, "Iñaki de Lemona", o Carlos Almorza.
  El texto señalaba ya entonces que la lucha armada "hoy en día no sirve", ya que las Fuerzas de Seguridad estaban ganando la batalla a la banda, y apostaba por explotar el "capital y potencial político".
  Los firmantes del escrito fueron expulsados por ETA del colectivo de presos en julio de 2005, como tres años después lo fueron otros "históricos" como José Luis Álvarez Santacristina, "Txelis", y Kepa Pikabea, que cumplían condena en Logroño y que hacía tiempo que se habían desvinculado de la banda.
  La 'Vía Nanclares'
  Ese año, 2008, puede considerarse el de la "institucionalización" de la llamada "vía Nanclares", que en realidad supone la aplicación de los requisitos fijados por la reforma legal aprobada en 2003 -la Ley Orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas- a los presos que rechazan la violencia.
  Estos requisitos pasan por la declaración de arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas, la colaboración con la Justicia y el compromiso de pagar las responsabilidades civiles a las que hubieran sido condenados les permite, si han cumplido las tres cuartas partes de la pena, acceder al tercer grado y después a la libertad condicional.
  A esta vía se han acogido en los últimos años una treintena de presos etarras, que además de en Nanclares -que le da nombre- han sido agrupados en otras cárceles como Villabona (Asturias), El Dueso (Cantabria), Zuera (Zaragoza) o Martutene (Guipúzcoa).
  Desde su llegada al Gobierno, el PP ha apostado por esa línea y ha concedido el tercer grado penitenciario al etarra José Manuel Fernández Pérez de Nanclares -cuya libertad condicional ha informado también favorablemente- y, en abril, a Joseba Andoni Díaz Urrutia.
  
  
  
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