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RAFAEL SANCHEZ SAUS | ACTUALIZADO 15.11.2012 - 01:00
De jueces y políticos, valga la redundancia
SI todo un Tribunal Constitucional ha tardado siete años en responder a una pregunta en el fondo bastante sencillita para tan grandes sabios, comprenderán ustedes que este pobre comentarista haya creído necesario tomarse una semana para informarse de su polémico fallo sobre el llamado "matrimonio homosexual" y sus consecuencias.
Pero, a la vista de la sentencia, lo primero que uno se plantea es qué ha podido retenerla durante siete largos años, ya que nada se atisba en ella que permita suponer un largo estudio. Los argumentos jurídicos son impropios de tan alta instancia y la forma en que se retuerce el indubitable sentido del artículo 32 de la Constitución sólo es posible como parte de esa malformación leguleya que ha convertido a la Justicia en España en una institución temida pero no respetada, de la que el ciudadano medio sólo espera males. En cuanto a los argumentos, digámoslo así, sociológicos, que justificarían el fallo, no están fundados en otra cosa que en el hecho de que en estos siete años la gente parece haber aceptado sin estrépito una norma que en el momento de su promulgación suscitó un enorme rechazo. ¿Sugieren acaso sus señorías que lo que debían haber hecho las masas airadas era provocar tumultos en las puertas de ayuntamientos y juzgados para privarles de tan peculiar argumento? Porque, más allá del respeto al orden público, nada avala esa suposición de cambio social que sirve frívolamente para desmantelar la idea de matrimonio que la gran mayoría de la ciudadanía española y de la raza humana sostienen.
Ya al margen de la sentencia, no deja de sorprender la comodona aceptación de sus supuestos por el Gobierno del PP, tan combativo otrora contra la ley, cuando se trataba de movilizar a la opinión pública contra Zapatero. La hipocresía forma parte del amplio catálogo de pecados de los políticos que está apartando de ellos velozmente a los españoles. Para el ciudadano medianamente informado de las cosas, el intento del Gobierno de refugiarse bajo las togas del Constitucional es tan patético como insultante. ¿Desde cuándo hace las leyes el Constitucional? Éste, en todo caso, debería marcar los límites de la ley, aunque ciertamente a menudo no sea así, pero no su filosofía ni su contenido. Con su nueva actitud, el PP da razones a quienes lo presentan como un colaborador más en la imposición a la sociedad de la ideología de género que, a través de lo políticamente correcto, ha implantado ya su dictadura en los medios periodísticos y culturales. Como es costumbre, sólo cuando sea demasiado tarde el PP se percatará de las consecuencias de su complicidad con una ideología que fomenta una visión tan limitada y torcida de las relaciones humanas. Pero el daño ya estará hecho.
Pero, a la vista de la sentencia, lo primero que uno se plantea es qué ha podido retenerla durante siete largos años, ya que nada se atisba en ella que permita suponer un largo estudio. Los argumentos jurídicos son impropios de tan alta instancia y la forma en que se retuerce el indubitable sentido del artículo 32 de la Constitución sólo es posible como parte de esa malformación leguleya que ha convertido a la Justicia en España en una institución temida pero no respetada, de la que el ciudadano medio sólo espera males. En cuanto a los argumentos, digámoslo así, sociológicos, que justificarían el fallo, no están fundados en otra cosa que en el hecho de que en estos siete años la gente parece haber aceptado sin estrépito una norma que en el momento de su promulgación suscitó un enorme rechazo. ¿Sugieren acaso sus señorías que lo que debían haber hecho las masas airadas era provocar tumultos en las puertas de ayuntamientos y juzgados para privarles de tan peculiar argumento? Porque, más allá del respeto al orden público, nada avala esa suposición de cambio social que sirve frívolamente para desmantelar la idea de matrimonio que la gran mayoría de la ciudadanía española y de la raza humana sostienen.
Ya al margen de la sentencia, no deja de sorprender la comodona aceptación de sus supuestos por el Gobierno del PP, tan combativo otrora contra la ley, cuando se trataba de movilizar a la opinión pública contra Zapatero. La hipocresía forma parte del amplio catálogo de pecados de los políticos que está apartando de ellos velozmente a los españoles. Para el ciudadano medianamente informado de las cosas, el intento del Gobierno de refugiarse bajo las togas del Constitucional es tan patético como insultante. ¿Desde cuándo hace las leyes el Constitucional? Éste, en todo caso, debería marcar los límites de la ley, aunque ciertamente a menudo no sea así, pero no su filosofía ni su contenido. Con su nueva actitud, el PP da razones a quienes lo presentan como un colaborador más en la imposición a la sociedad de la ideología de género que, a través de lo políticamente correcto, ha implantado ya su dictadura en los medios periodísticos y culturales. Como es costumbre, sólo cuando sea demasiado tarde el PP se percatará de las consecuencias de su complicidad con una ideología que fomenta una visión tan limitada y torcida de las relaciones humanas. Pero el daño ya estará hecho.
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