Casi ninguna medida del Gobierno ha provocado una oposición tan unánime como la subida de las tasas judiciales. Contra Alberto Ruiz-Gallardón hacen cola para darle una colleja jueces, fiscales, abogados, procuradores, partidos de izquierda, asociaciones varias, sindicatos, empresas de recursos de multas, tertulianos, conserjes y viandantes en general. Salvo el PP, y no al completo, a nadie le parece bien que se encarezcan entre 50 y 750 euros los recursos judiciales, lo que lleva a preguntarse si el Gobierno se estará equivocando. La respuesta es no. Hace lo que debe, aunque no sea popular. Tal vez convendría matizar algunas tasas, pero lo que está en juego es la viabilidad económica y operativa de un sistema judicial que cuesta al erario público casi cinco mil millones de euros al año, que acumula más de dos millones de causas pendientes y que funciona al ralentí por culpa de los cientos de miles de recursos que se interponen con propósitos dilatorios para no diferir responsabilidades económicas.
Un caso típico es el de las multas de tráfico, que en su gran mayoría son recurridas por bufetes especializados. Así, para una multa de 200 euros se pone en marcha una maquinaria de recursos para eternizar la resolución final, que llega varios años después y con un coste para la administración de Justicia de unos 10.000 euros. Es decir, que la multa a un conductor imprudente nos cuesta a todos los contribuyentes cincuenta veces más. No parece que sea ésta la Justicia para ricos de la que habla la izquierda, dos términos (justicia y rico) que cuando matrimonian hacen salivar a los fogoneros del resentimiento social. Como tampoco subir las tasas universitarias convierte los campus en coto privado de los ricos, sino que penaliza a los malos estudiantes, a los que el resto de los españoles no tenemos por qué costear su indolencia. Y lo mismo cabe decir del copago farmacéutico, una medida disuasoria de puro sentido común ante el despilfarro en botiquines caseros a los que todos somos muy aficionados. Ninguna de estas tres medidas daña o merma la necesaria justicia social, pues en los trámites judiciales se introducen exenciones para los menos pudientes, en la Universidad se conceden becas para los buenos estudiantes sin recursos y en la farmacia se paga según la renta. No hay enemigo peor del Estado del Bienestar que esa filosofía del «gratis total» a la que se abonaron gobiernos anteriores para ganar votos. En esta vida no hay nada gratis y o se racionaliza el gasto o el sistema se hunde. La subida de tasas es ingrata y tal vez convenga matizar alguna, pero sólo así podrá conjurarse la maldición gitana: «Pleitos tengas y los ganes».
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