Jaime Septién
La violencia en México no se ha retirado de las calles. Hasta el pasado mes de septiembre, la cuenta dolorosa de los asesinatos no había bajado: 15 mil muertes violentas, por temas vinculados al tráfico de drogas y crimen organizado, se han producido en los primeros nueves meses de la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto.
Condiciones básicas para poder vivir
Por lo pronto, los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco se solidarizan con el obispo de Apatzingán, monseñor Miguel Patiño Velázquez, quien, en días pasados, hizo una valiente denuncia sobre la situación de ingobernabilidad en algunas regiones del Estado de Michoacán e hizo un llamado a recuperar el estado de Derecho como una urgencia impostergable.
“Su llamado merece toda la consideración de las autoridades y de la sociedad en orden a poner las condiciones básicas para la convivencia social y para la seguridad de los ciudadanos”, dijeron los prelados de la provincia de Acapulco, cuyo metropolitano es el arzobispo de Acapulco, monseñor Carlos Garfias Merlos.
En el comunicado, los obispos de esta zona, lastrada últimamente por los desastres naturales y desde hace tiempo por el crimen, asumieron el llamado de la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano a las autoridades federales, estatales y municipales para que desarrollen una acción pronta y eficaz “ante la injusticia de los secuestros, asesinatos y cobro de cuotas que afectan al bien y la prosperidad de tantas personas y comunidades”.
En su comunicado, los obispos valoraron también las palabras de monseñor Alberto Suarez Inda, arzobispo de Morelia, que haciendo eco a las múltiples tragedias que padecen familias y comunidades michoacanas, ha señalado, en una carta al gobernador de Michoacán, la necesidad de “identificar y atender con inteligencia las raíces profundas de los hechos que preocupan y afectan a la población” y de crear una sinergia, una colaboración respetuosa y armónica con los diversos niveles de gobierno para la solución de estas situaciones.
Muchos viven desesperanza permanente
Los obispos de Ciudad Altamirano, Tlapa, Chilpancingo – Chilapa y Acapulco, recuerdan en su mensaje que en algunas regiones del Estado de Guerrero, como en Tierra Caliente, Norte, Centro, Acapulco y Costa Grande, se padecen situaciones dramáticas causadas por la inseguridad y la violencia y mucha gente vive en una permanente desesperanza.
En su mismo comunicado, los obispos de la provincia de Acapulco hicieron un llamado urgente “para que todos nos responsabilicemos de la construcción de la paz de una manera decidida”. Los purpurados manifestaron su preocupación de que pueden aumentar las expresiones de violencia al no atenderse, de manera integral, las causas que la han generado y que puedan darse situaciones de crisis que generen la violencia y confrontación total que rebase a las autoridades y a toda la sociedad.
“Ya hay situaciones de emergencia en algunas comunidades guerrerenses y, por otro lado, hay que hacer esfuerzos capitales en la prevención de mayores violencias”, subrayan en su comunicado.
Para ellos, ésta es una oportunidad para pensar seriamente en una acción coordinada entre las autoridades y la sociedad civil. “Es importante que caigamos en la cuenta de que los esfuerzos unilaterales y fragmentados no tienen eficacia y de que las autoridades no tienen capacidad de afrontar la situación de violencia si no cuentan con la colaboración de la sociedad civil”.
Luego los prelados recordaron la lección que ha traído el desastre a causa de la tormenta “Manuel”, que dejó muchos muertos y cientos de miles de damnificados a su paso por México el pasado mes de septiembre, especialmente en las costas y en las partes bajas de Guerrero: “Así como para la atención de la emergencia causada por las lluvias hubo una gran participación de la sociedad civil, expresada en organizaciones, instituciones, empresas y personas físicas, que abrieron bastantes cauces de colaboración entre autoridades y sociedad, cabe pensar que ha llegado el momento de abrir cauces de colaboración en los que la sociedad civil tenga una decisiva participación en los esquemas de seguridad como un componente fundamental de la construcción de la paz”.
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