La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha publicado el Informe sobre crímenes basados en el odio (Hate crimes in the OSCE region. Incidents and responses 2012), en el que informa sobre los delitos cometidos en base a prejuicios raciales, ideológicos y religiosos en los países miembros. El Informe recoge todo el espectro de violencia, ataques, intimidaciones, amenazas, vandalismo, incendios y atentados personales, y ofrece un capítulo especialmente dedicado a los delitos contra los cristianos
Noticia digital (25-XI-2013)
El informe se basa en los datos oficiales recibidos desde los 40 Estados participantes, así como en los incidentes recogidos por 100 organizaciones no gubernamentales de toda la región de la OSCE. Así, 35 de estos Estados han informado de incidentes sobre delitos motivados por prejuicios religiosos, de los que 15 mencionan explícitamente atentados contra los cristianos.
A pesar de que los datos que maneja la OSCE proceden, en general de fuentes gubernamentales de los Estados miembros, resulta especialmente llamativo en el caso de España, del que la OSCE no destaca ningún caso concreto de persecución contra los cristianos. Sin embargo, el Informe remite a datos del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), que sí dan idea de una persecución creciente contra los cristianos en Europa, incluyendo algunos episodios en nuestro país.
De hecho, el Observatorio para la Intolerancia y la Discriminación de los cristianos en Europa, vinculado al Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), publicó hace unos meses su Informe 2012 sobre lasRestricciones legales que afectan a los cristianos, denunciando que, «más allá de los numerosos casos de intolerancia y discriminación registrados contra los cristianos, existen también restricciones legales que permiten que estos casos ocurran, confirmando de este modo la tendencia, también desde el punto de vista jurídico, a cuestionar algunos valores y derechos fundamentales propios de la cultura de nuestras sociedades europeas».
En España, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, detalló a principios de año un Recopilatorio de ataques a la libertad religiosa durante el año pasado, en el que denunciaba que, «aunque el derecho a la Libertad Religiosa está recogido en la Constitución Española, nuestro país sigue sufriendo ataques a esta libertad primordial». Asimismo, ofrecía numerosos casos de atentados contra la libertad religiosa de los cristianos que no aparecen en ningún informe gubernamental ni en el Informe de la OSCE. Algunos de ellos don el intento de relegar la capilla de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid a un aula de no más de 5 metros cuadrados; la demanda de retirar el crucifijo del salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, y de la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres; las reiteradas peticiones de suprimir la asignatura de Religión católica, así como las presiones a los padres para que sus hijos no cursen esta asignatura; la noticia de que el Partido Popular de Marbella ordenó por escrito a sus concejales ir a misa para captar el voto católico; las mofas a la fe católica en expresiones denominadas artísticas; la demanda de evitar por ley que miembros del Opus Dei ocupen cargos públicos; el asalto al colegio salesiano María Auxiliadora, de Mérida, gritando «¿Dónde están los curas, que los vamos a quemar?»; los ataques a imágenes religiosas en Ibi (Alicante) y en otras localidades; o los ataques al obispo de Alcalá por su homilía del Viernes Santo, entre otros muchos casos.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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