"CRIMINALES SOCIALES"; POR JOSÉ A. ÁLVAREZ GUNDÍN.

Al menos ocho diputados y dirigentes del PP han sufrido en los últimos días ataques personales a las puertas de sus domicilios por parte de las huestes antidesahucios que lidera Ada Colau. Con el pretexto de entregarles documentación, los «indignados» se han dedicado a montar bronca y a vociferar insultos de grueso calibre como «asesinos», «criminales sociales» y «culpables de los suicidios». En la propia página web de esta plataforma se publican datos y direcciones de diversos políticos, entre los que curiosamente no figura ninguno del PSOE o de IU, lo cual da una pista de por dónde van los tiros. La campaña de acoso y hostigamiento recuerda los métodos que las escuadras fascistas y las brigadas comunistas empleaban contra sus adversarios políticos y, en especial, contra los judíos.

Aún hoy, el modelo se sigue aplicando en Cuba de forma brutal contra los disidentes y en Venezuela los chavistas de camisas rojas hacen lo propio contra la oposición democrática. Sería muy grave que en España asistiéramos al rebrote del matonismo político, de cruenta memoria histórica por ambos bandos, porque ni es compatible con la democracia ni es admisible en un Estado de Derecho. La plataforma antidesahucios (APH) ha realizado hasta ahora una labor meritoria y ha defendido con acierto a numerosas personas en trance de perder su vivienda. Se comparta o se discrepe de sus criterios hipotecarios, tiene todo el derecho a criticar al Gobierno, a los diputados del PP y al Consejo de Ministros en pleno. Pero pierde la razón y malversa sus logros cuando sobrepasa las líneas rojas de la crítica política y la convierte en ataques personales. La privacidad familiar es sagrada, sea la de un político, de un bombero o de un registrador de la propiedad. Violarla equivale a romper las reglas del juego y la limpieza ética del debate. En países de sólida tradición democrática, como Estados Unidos, el acoso domiciliario está severamente castigado con cárcel. España no debería ser menos democrática, de modo que si alguien llama a la puerta de tu casa tengas la certeza de que es el cartero. Los «indignados» son muy libres de manifestarse en la calle Génova y no en la de Ferraz, de exigir al PP más subvenciones sociales y hacer la vista gorda ante el escándalo socialista de los ERE, el mayor desfalco de dinero público destinado a los parados que se recuerda en 40 años. Pero lo que de ningún modo se les puede consentir es que actúen como matones con coartada ideológica y que traspasen el umbral a partir de cual toda persona recobra su estricta condición individual.