VUELTAS DE TUERCA
En el último rifirrafe parlamentario entre Rajoy y Rubalcaba pasó un ángel que, por su rareza, sólo podía identificarse como el ángel del consenso. Apenas revoloteó unos minutos por el Hemiciclo, pero fue suficiente para alertar de que la tragedia de los desahucios es de tal envergadura y dureza que exige un armisticio entre PP y PSOE para darle la mejor de las soluciones. Con el dolor de decenas de miles de familias que pierden sus casas no caben politiqueos de bajo vuelo, ni populismo, ni ensañamiento. Según cálculos de expertos y jueces que han investigado el problema, el año se cerrará con cien mil desahucios, cifra que puede duplicarse en 2013. Por eso estuvo acertado el presidente del Gobierno al tomar en consideración la oferta del líder socialista de pactar una salida, porque en el empeño también está en juego el prestigio del Congreso. Nada les haría más feliz a los «indignados» que hacen la Carrera de San Jerónimo que la inoperancia de los diputados ante la plaga que muestra el rostro más doliente de la crisis.
La solución, sin embargo, no es tan sencilla como asegura la izquierda, según la cual bastaría con cambiar a fondo la ley hipotecaria, de suerte que se estableciera la dación en pago sin restricciones y se impidiera de hecho el desahucio cuando el afectado estuviera en paro o cuyos ingresos fueran reducidos.Una modificación tan radical de la norma acarrearía más daños al sistema crediticio que ventajas a los ciudadanos. Puede que hoy beneficiara a muchas de las familias afectadas, pero perjudicaría gravemente a las que en un futuro quisieran adquirir una vivienda. Las condiciones hipotecarias se endurecerían de tal modo que conseguir un crédito sólo estaría al alcance de unos pocos privilegiados. Algo muy frustrante en un país donde el 80% de sus ciudadanos aspira a tener su vivienda en propiedad. Pero también sería muy inoportuno, justo cuando se está poniendo en marcha el «banco malo» para vender por la vía rápida todo el ladrillo acumulado en diez años. Por muy buenas que sean las condiciones de compra, no parece que se pueda prescindir de un crédito hipotecario. Lo más razonable, por tanto, es aplicar la propuesta que comparten Rajoy y Rubalcaba: hacer más transparente la ley y negociar con los bancos una reforma del Código de Buenas Prácticas, la excelente iniciativa aprobada hace seis meses, pero que aún puede dar mejores resultados. La clave es que la banca abra la mano, sobre todo con las familias más golpeadas. A problemas excepcionales hay que responder con fórmulas excepcionales. Y si el banco en cuestión es uno de los nacionalizados, con más motivo. De lo contrario, se les daría munición a los que con un punto de demagogia dicen que hay dinero para rescatar a los bancos, pero no a las personas.
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