Buena parte del Gobierno hizo ayer su primera intervención de la X legislatura en el Senado ampliando las líneas generales de actuación ya expuestas la pasada semana en diferentes Comisiones del Congreso de los Diputados. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, acudió a la Cámara Alta para contestar, entre otras cuestiones, a una pregunta del senador peneuvista Joseba Zubía sobre “si el Ejecutivo tiene tomada la decisión de qué hacer con los restos de Francisco Franco enterrados en el Valle de los Caídos”. Presta a eludir cualquier polémica, Santamaría guió su intervención en torno al necesario pacto para realizar cualquier acción al respecto. “Cualquier decisión que se tome será con el debido consenso”. De igual modo, la número dos del Ejecutivo trajo a colación el informe elaborado por un comité de expertos bajo el auspicio del Gobierno socialista en el que se resaltaba esa necesidad de aquiescencia para decidir al respecto. Además, incidió en la importancia de “no reabrir viejas heridas” para lo que avanzó la intención del Gobierno de “trabajar de manera cuidadosa”.
Por otro lado, recordó la necesidad de la “autorización de la Iglesia” para cualquier reforma y recurrió al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica que establece que el Valle de los Caídos se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y cementerios públicos. Pese a su templada intervención, Sáenz Santamaría no pasó por alto la oportunidad de criticar la herencia del anterior Ejecutivo en este tema. Según la vicepresidenta, el Gobierno socialista tuvo “mucho tiempo para arreglar esta cuestión” y, en cambio, prefirió dejarlo “para el último momento”.
El Senado vetará
En el asunto donde Santamaría se mostró más concreta fue al respecto de las novedades que el Gobierno promoverá en el Senado. La vicepresidenta anunció varias medidas que pretenden “devolver más respeto” a la Cámara Alta, entre las que destacan la capacidad de veto a los proyectos que se le otorgará, sin que su decisión sea enmendada por el Congreso. “La Ley de Estabilidad Presupuestaria introducirá una modificación para que el veto del Congreso valga lo mismo que el veto del Senado”, precisó. Además, avanzó que la Cámara celebrará dos debates anuales sobre entes locales y manifestó el compromiso por parte de los miembros del Gobierno en acudir a las sesiones de control. Rajoy lo hará por primera vez en marzo.
Antes de formular dichos anuncios, la vicepresidenta mantuvo un almuerzo privado con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, en un céntrico restaurante madrileño. Con esta cita –confirmada por ambas partes–, la segunda que mantienen desde las elecciones (la anterior fue en diciembre y Mariano Rajoy aún no había sido investido presidente), populares y convergentes buscaron reforzar su entendimiento ante las próximas reformas que el Ejecutivo va a elevar al Pleno: especialmente, la del sector financiero, y la laboral, que se aprobará el próximo viernes.
Durante el encuentro, que se produjo una semana después de la reunión mantenida en La Moncloa por Rajoy y el jefe de la Generalitat, Artur Mas, la ministra de la Presidencia y Duran Lleida se comprometieron, según fuentes gubernamentales, a llevar un diálogo fructífero a lo largo de la legislatura, poniendo todos los esfuerzos en alcanzar “acuerdo puntuales” en aquellas medidas de mayor calado que aparecerán recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las mismas fuentes precisaron que en el encuentro no se abordó en profundidad lo relativo al pacto fiscal, pero sí apuntaron que se trató la agenda de trabajo para la comisión bilateral Estado-Generalitat. El Ejecutivo popular aún no ha nombrado a sus representantes.
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