SEVILLA- Los datos de deuda que ofrece el Banco de España sitúan a Andalucía por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. La cuestión es que estos indicadores no miden las facturas sin contabilizar, trabajos comprometidos pero que aún no han entrado en el sistema de pagos pendientes de la Administración autonómica. Es lo que el PP denomina «facturas en los cajones» y por lo que acusa a la Junta de estar en «suspensión de pagos». La mejor manera de aclarar la situación real de las comunidades es que éstas reconozcan públicamente la deuda global adquirida con los proveedores (empresas de servicios, constructoras, consultoras, de suministros, etc). La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, no ofreció ayer una cifra, ni aproximada, de a cuánto puede ascender esta cantidad, pese a que se le preguntó sobre este dato tras el Consejo de Gobierno. La consejera de Presidencia se remitió a un posible acuerdo con el resto de regiones para publicar esos indicadores. Sí aseguró que en la Administración andaluza no existe el concepto «facturas en los cajones» y que lo único que se hace es que «si al cierre de un ejercicio queda algún gasto reconocido se incorpora al ejercicio siguiente como se ha hecho siempre, toda la vida y como hacen otras comunidades como Madrid».
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