El impulso a la polémica Ley de Memoria Histórica, a la que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha destinado ni un solo euro para el próximo ejercicio, fue una de las condiciones que puso sobre la mesa IU para sellar su alianza con el PSOE al frente de la Junta de Andalucía. En los primeros presupuestos del bipartito tras las elecciones del 25-M, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha querido ya satisfacer a su socio de Gobierno en su particular deriva revisionista. Para ello, el Ejecutivo socialista ha provisto a la Junta de una oficina de Memoria Histórica, cuyo coste alcanza los 626.891 euros, según consta en los presupuestos autonómicos para 2013, recién aprobados por el Consejo de Gobierno andaluz.
En concreto, la “recuperación de la Memoria Histórica” era en las cuentas regionales de 2012 sólo una competencia de la Dirección General de la Consejería de Gobernación y Justicia, que tenía otras funciones distintas, como mejorar los servicios prestados por este departamento. Sin embargo, con la llegada del líder de IU en Andalucía, Diego Valderas, a la nueva Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dicho cometido ha pasado a ser un programa propio e independiente de esta cartera, que gestionarán los comunistas con autonomía. Ahora, la Memoria Histórica contará con una oficina propia, que sólo en gasto de personal supondrá 136.800 euros. Además, las subvenciones se han incrementado un 65%, pasando de 205.000 euros a 340.000.
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