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AMNISTÍA INTERNACIONAL, CELS, ELA, ETC
Por medio de un varias acciones legales presentadas tanto a nivel nacional como las jurisdicciones de Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero y la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires, el lobby abortista argentino pretende que se reconozca el derecho al aborto en los casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Ahora, según el artículo 86 del Código Penal, en estas circunstancias el aborto no es punible.
(La Nación/InfoCatólica) En el colectivo de organizaciones abortistas que lideran el la reivindicación, cuyas acciones se presentaron ayer, figuran Amnistía Internacional, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que interpusieron una acción colectiva ante la Justicia contra el Ministerio de Salud de la Nación para que se ordene la incorporación, a nivel federal y como servicio básico y obligatorio, de las prestaciones necesarias para abortar que resulten de violación o que pongan en riesgo la vida o salud de la mujer, en condiciones seguras, oportunas, dignas e igualitarias.
Aborto como servico básico de salud
Al respecto, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó que el objetivo es «lograr la incorporación, como servicio básico de salud, de la práctica del aborto legal».
Pese a que, mediante el fallo «F.A.L. s/medida autosatisfactiva», la Corte Suprema estableció en 2012 que cuando el embarazo proviene de una relación sexual no consentida no se requiere autorización judicial ni denuncia policial previa para acceder al aborto legal, según advierten desde las organizaciones, más de la mitad de las jurisdicciones del país desconocen el fallo y no dictaron normativas para el acceso en los hospitales.
En la ciudad de Buenos Aires, Amnistía Internacional apoyó las demandas presentadas por la diputada porteña María Rachid, el CELS, ELA y otras organizaciones que piden la declaración de inconstitucionalidad de algunos requisitos incluidos en el protocolo de atención de los abortos no punibles del Ministerio de Salud porteño, por considerar que obstaculizan el acceso al aborto legal en el sistema de salud público.
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