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  UN GUIÓN QUE PSOE E IU MANEJAN CON DESTREZA

  La izquierda toma la calle

  11 MAR 2012 | José María Olmo

  La oposición lanza una escalada de protestas sólo tres meses después de las elecciones. Pero esto es únicamente el principio. Al PSOE le urge conseguir en el espacio público el respaldo social que no tiene en el Congreso. 

  Tácticas de guerrilla urbana: un cuento viejo





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  En una democracia moderna, Clausewitz se actualiza modificando el sujeto. No hay guerra pero sí protestas, manifestaciones, marchas y huelgas que prolongan la política por otros medios. Para un sector de la izquierda, además, la ecuación se completa con el llamamiento al desorden de Bakunin. La actualidad parece corroborar esos planteamientos y también los que vaticinaban una legislatura de intensa conflictividad social. Pero inquieta la rapidez y virulencia con que ha llegado. Ni la economía española se encuentra en la misma situación que la helena ni la sociedad se está expresando en las mismas proporciones, pero empiezan a adivinarse estrategias para generar un caos a la griega. A Mariano Rajoy le esperan cuatro años de incendios en las calles y está por ver si sabrá gestionar el reto.
  
  El prólogo se escribió en Valencia mucho antes de que el Gobierno haya agotado los 100 días de carencia. Los populares han heredado el malestar con el que convivió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero durante el último tramo de su segunda legislatura. Pero el cambio de color de La Moncloa ha alterado el blanco de las protestas. Cuando eclosionó el 15-M, el enemigo eran las entidades financieras y los políticos, en general. En cambio, en las protestas por los recortes en la Comunidad Valenciana, que marcan el cambio de ciclo, el malestar se concentró sólo en los dirigentes populares. Y los sectores del 15-M que siguen atacando también a la izquierda y a los sindicatos están empezando a ser ignorados por los medios que antes les respetaban.
  
  
  Los disturbios de Valencia son precisamente el mejor paradigma de lo que Rajoy tendrá que afrontar. Comenzaron cuando estudiantes de un céntrico instituto de la ciudad, el IES Lluis Vives, salieron a manifestarse contra los recortes que supuestamente está sufriendo la educación pública y que se habrían traducido en cortes de calefacción en sus aulas. Las concentraciones degeneraron en cortes de tráfico que obligaron a los antidisturbios a intervenir. Las imágenes de las cargas policiales encontraron eco en un sector de los medios y PSOE, IU, ERC y BNG, entre otras formaciones, acusaron a Gobierno y Policía de intentar silenciar las protestas. La ex ministra de Sanidad Leire Pajín incluso acusó al ministro de Educación,José Ignacio Wert, de “reprimir a los estudiantes”. Los errores del PP en la coordinación de su respuesta, las imágenes de la intervención policial y el soporte de la oposición en el Congreso propiciaron la convocatoria de nuevas manifestaciones y el aumento de los asistentes. Las protestas se extendieron al resto de España y provocaron el primer conato de crisis del mandato. Fin del partido. Oposición 1 - Gobierno 0.
  Legitimidad distorsionada
  El episodio refleja, desde su alfa hasta su omega, un guión que la izquierda maneja con destreza y al que recurrirá más veces. Francisco Caja, profesor de Estética de la Universidad de Barcelona y presidente de Convivencia Cívica Catalana, afirma que “la izquierda maneja un tipo de legitimidad diferente al que contempla la derecha”. En su opinión, “la experiencia demuestra que el PSOE sólo cree en la democracia cuando el pueblo les designa a ellos y, cuando no lo hace, recurren a la violencia para tratar de aparentar que la calle está de su lado. A veces lo ha hecho explícitamente y otras, como ha ocurrido recientemente, dejando que sean otros los que hagan”.
  Regresando a las movilizaciones de Valencia, pese a los datos que se difundieron, los únicos recortes que ha sufrido la escuela pública en la comunidad afectan a un solo complemento en el sueldo de los profesores. De hecho, el IES Lluis Vives nunca llegó a sufrir cortes de calefacción y, aunque se hubieran producido, habría que relativizar su dramatismo en una provincia que en el mes de febrero registra una temperatura media de 12 ºC, contabilizando también las horas de noche.
  Pero esto no impidió que en plena ola de disturbios los líderes regionales de PSOE, IU y la coalición Compromís no sólo respaldaran las marchas sin fisuras, sino que llegaran a acusar a la Policía de actuar como en el franquismo. Entre los detenidos había miembros de tribus urbanas radicales, pero la oposición omitió la presencia de estos individuos. Cuando el PP denunció la connivencia de algunos discursos con los violentos y reclamó que se redujera el diapasón de las movilizaciones, PSOE, IU, Compromís y otros partidos de la Cámara Baja se mostraron agraviados y acusaron a los populares de negar, directamente, el derecho a manifestarse.
  La dialéctica puede extenderse al resto del mandato. Salvador Cardús, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que las fuerzas más perjudicadas por los resultados del 20-N “pueden tener la tentación de simular en el espacio público la mayoría que no tienen en las cámaras legislativas”, pero Cardús subraya que esa estrategia “sólo tendría rendimiento en el corto plazo”. A su juicio, “uno no puede mantener un país movilizado durante cuatro años, porque la sociedad acabaría cansadísima”. El profesor advierte de que sólo caben dos opciones: “O las movilizaciones finalizan o España terminará como Grecia”.
  Si el futuro se decanta por la segunda opción, lo más probable es que los síntomas iniciales emerjan en Cataluña. Barcelona es, después de todo, la capital europea de la extrema izquierda. No hay marcha o protesta que no termine en choques con la Policía. Los últimos tuvieron lugar hace dos semanas. La adhesión de algunos universitarios a las concentraciones de Valencia finalizó con varios contenedores y un coche calcinados, una sucursal bancaria destrozada y cinco mossos heridos.
  El arraigo de esta ideología en Barcelona no es casual. Confluyen un pasado estrechamente vinculado a las ideologías revolucionarias (el anarquismo ya gozaba de mayor difusión que el socialismo entre la clase obrera catalana a principios del siglo pasado) y la comprensión que en las últimas décadas han mostrado las autoridades políticas hacia estos movimientos. Las corrientes antisistema, entre las que se incluyen red skins, antifascistas, antiglobalización y okupas, llevan años beneficiándose de la pasividad policial y las cuantiosas subvenciones de la Administración catalana. La identificación es incluso personal. Imma Mayol, ex tercera teniente de alcalde de Barcelona por Iniciativa per Catalunya (ICV) y mujer del ex consejero de Interior catalán Joan Saura, siempre reconoció, incluso cuando ocupaba cargos de responsabilidad política, que compartía el ideario antisistema, aunque en estos momentos Mayol se encuentre en nómina de una multinacional como Agbar. En otros partidos catalanes también hay representantes vinculados con estas corrientes.
  En Cataluña, además, interviene en el fenómeno la variable del nacionalismo radical. Ciertos sectores de ERC, ICV y Candidatura de Unidad Popular (CUP), en especial sus organizaciones juveniles, así como otros colectivos radicales, como los Maulets, pregonan la independencia desde tesis de la extrema izquierda que incluyen el recurso a la violencia para la subversión del Estado.
  Terrorismo callejero
  La mezcla de antisistemas e independentistas radicales genera un ecosistema totalitario que idea excusas para exhibirse. El rumbo que tome la crisis en los próximos meses tendrá mucho que ver con el comportamiento de estos grupos y, también, con el tratamiento que reciban de los partidos ideológicamente más cercanos.
  En los noventa, Barcelona llegó a sufrir cada año la colocación de más de 200 artefactos explosivos contra instituciones públicas, empresas y viviendas, según fuentes cercanas a las Fuerzas de Seguridad de Cataluña. La cifra de atentados ha descendido pero el terrorismo de baja intensidad, como se le denomina eufemísticamente, persiste aunque no tenga difusión en los medios.
  El Sindicato Unificado de la Policía Local (SUPL), con sede en Barcelona, denuncia que los violentos actúan como una guerrilla callejera perfectamente organizada. “Brotan en medio de las manifestaciones y justo después de atacar desaparecen del mapa es como si saliera el sol después de la tormenta”, explican desde el SUPL. “Son capaces de montar una protesta en sólo unos minutos, se comunican de forma muy rápida y siempre va con ellos alguien que da vueltas en bicicleta para informar de cómo hemos colocado nuestros efectivos. Tratan de que los enfrentamientos se produzcan en calles del casco histórico porque saben que ahí no pueden entrar nuestros vehículos. Lo tienen todo estudiado”.
  La Policía sabe que buena parte de los radicales se aloja en edificios ocupados del área metropolitana de Barcelona pero los antisistema disponen de abogados que dificultan los desalojos. También disfrutan del soporte de colegas europeos, en especial, italianos y griegos que aterrizan en la ciudad con un largo historial de batallas callejeras.
  ¿Reparto de papeles?
  La Justicia ha probado conexiones de la extrema izquierda catalana con otro mundo: el del terrorismo etarra. Más allá de la simpatía que despierta ETA entre estos colectivos, la Justicia condenó en 2002 por colaboración con la banda a tres radicales que ayudaron al comando Barcelona en el asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch, los concejales del PP José Luis Ruiz y Francisco Cano y el guardia urbano Juan Manuel Gervilla.
  Con todo, la mayor inquietud proviene de la simpatía que estos colectivos siguen encontrando en partidos supuestamente democráticos, como si existiera un minucioso reparto de papeles, una relación simbiótica en la que los violentos logran el permiso para existir y los partidos consiguen difundir mediante las movilizaciones las corrientes de opinión que les interesan. El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Laraña, que ha estudiado en profundidad multitud de movimientos sociales, entre ellos el 15-M, considera que “el hecho de que los partidos de la izquierda no condenen con claridad los actos violentos demuestra que cada vez tienen menos ideas”. Laraña recuerda que PSOE e IU han incorporado a sus programas políticos muchas de las ideas del 15-M, un síntoma de su dificultad para renovar sus proyectos. Las protestas callejeras son la mejor fórmula para posponer esos debates internos.
  En otros casos, hay algo más que comprensión de los partidos hacia los violentos. Francisco Caja denuncia que en las universidades catalanas “operan grupos perfectamente organizados que son sufragados con subvenciones y que tienen conexiones con ICV, ERC y otras formaciones”. Caja critica que estos partidos utilicen los sindicatos de estudiantes y sus secciones juveniles como correas de transmisión de estrategias ocultas. Y denuncia que él mismo ha sufrido agresiones, interrupciones en clase, la acción de piquetes y otros comportamientos antidemocráticos “y ningún partido nacionalista ha denunciado nunca estas acciones”. “A estos señores les pagamos las pancartas”, lamenta. “Ven como un instrumento legítimo la agitación y la violencia política y encima saben que no les va a pasar nada. La Policía conoce perfectamente quiénes son pero no recibe la orden de detenerlos”.
  Lo cierto es que, entre la izquierda, las condenas a los actos vandálicos de Valencia y Barcelona han brillado por su ausencia. En el caso valenciano, el apoyo de la oposición a los violentos llegó a colarse en el Parlamento autonómico. PSOE, IU y Compromís invitaron al presidente del sindicato de estudiantes, Albert Ordóñez, a una sesión de la Cámara, algo respetable de no ser porque esa misma persona había llamado sólo unos días antes a “quemar las calles de Valencia” y a protestar “a sangre y fuego”.
  Lema prefabricado
  La implicación de Compromís fue más lejos. El lema que acabaron utilizando los estudiantes para protestar por los recortes, “Primavera Valenciana”, había sido acuñado por la propia coalición días antes de que surgieran los primeros problemas. De hecho, Compromís llegó a figurar como el mayor autor de mensajes instantáneos sobre la “Primavera Valenciana” en la red social Twitter. Representantes de la coalición acudieron incluso a las puertas de las comisarías para reclamar la libertad de los radicales detenidos por la Policía. Ni las manifestaciones de Valencia fueron tan espontáneas como parecía ni subrayar el acercamiento de algunos partidos a ciertos movimientos radicales debería generar sorpresa o malestar, a no ser que sean fingidos.
  Desde la distancia, Enrique Laraña opina que la impresión que dieron las movilizaciones estudiantiles de Valencia eran de estar perfectamente organizadas por “grupos estudiantiles, sindicatos y partidos políticos”. El catedrático de Sociología de la Complutense hace hincapié en el hecho de que “la derecha actual se haya desvinculado totalmente de los movimientos totalitarios, mientras que los partidos de izquierdas no han hecho lo mismo con las corrientes absolutas que los inspiraron”. “Eso hace más probable”, prosigue el profesor, “que esos partidos puedan considerar que el fin justifica los medios”. Para Laraña, los acontecimientos de los últimos días y los que casi con total seguridad se producirán en los próximos meses prueban que, “al contrario que la derecha, la izquierda aún no ha hecho su travesía del desierto”.
  El PSOE ya utilizó en las generales un lema que buscaba el voto invitando a los ciudadanos a “pelear” por sus derechos. Más recientemente, las Juventudes Socialistas han acusado al PP de “golpear” a los estudiantes. Y con anterioridad, el propio Zapatero reconoció en 2008 a un conocido periodista que la “tensión” y la “crispación” les beneficiaban electoralmente. IU también ha recurrido al lenguaje bélico en su campaña contra las medidas del Gobierno: “Paremos la reforma laboral. Luchemos por nuestro futuro”. La violencia ni siquiera es subliminal.
  Salvador Cardús reclama que, en el contexto actual, “los responsables políticos deberían practicar la contención”. A su juicio, “se están produciendo manifestaciones que están fuera de lugar y que rayan el populismo”. Al profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona le sorprende que “los mismos que hace cuatro días administraban esta situación estén pidiendo ahora detrás de una pancarta lo que ellos no hubieran podido conseguir”. En su opinión, “el PSOE parece haber recuperado cierta confortabilidad en la oposición, el entorno donde le es más fácil capitalizar el descontento. Y en el mismo sentido se podría hablar de los sindicatos. Se ponen detrás de una pancarta protestando contra un malestar del que también ellos son responsables”.
  Los sindicatos son precisamente la otra gran pieza en las movilizaciones de la izquierda. En Madrid llevan meses participando en marchas contra los recortes que, a su juicio, están sufriendo la sanidad y la educación. Pero las centrales de trabajadores necesitan ganar respaldo entre los trabajadores y mejorar su reputación –que con más de cinco millones de parados no atraviesa su mejor momento– para poder elevar el tono de su contestación. El objetivo último es una huelga general y convocarán más si tiene éxito la primera. Hoy mismo, pese a coincidir con el octavo aniversario del 11-M, saldrán de nuevo a las calles. Contarán con la compañía del PSOE.
  Los otros actores en la estrategia de movilizaciones son colectivos y asociaciones que propugnan desde la defensa del castrismo a la implantación de la tercera república, pasando por los que reclaman el fin de los centros de internamiento de extranjeros o los que secundan el anticlericalismo. El repertorio de corrientes es amplio y todas son susceptibles de recibir el apoyo de partidos con representación parlamentaria.
  Cardús se detiene también en el papel de los medios de comunicación. Alerta de que se “se está perdiendo la proporción en las informaciones”. “En mi universidad hay más de 30.000 estudiantes”, afirma, “pero los que hacen pintadas, interrumpen clases y organizan protestas no son más de 150. Sin embargo, con las manifestaciones de hace unos días hubo más cámaras de televisión en el centro que cuando viene un premio Nobel”. Cardús critica que la violencia esté “centrando toda la atención”. “Parece que algunos medios tienen cierto interés en que España termine como Grecia”.
  La respuesta del Gobierno
  La forma en que responderá el Gobierno a la escalada de movilizaciones es una incógnita. Francisco Caja considera que “las primeras decisiones del PP no indican que su análisis sea claro. Se está comportando con una ingenuidad y una bobería que no hacen presagiar nada bueno”. Las opciones se dividen, básicamente, entre tratar de contener los ánimos o reaccionar con la misma intensidad.
  Un sector del PP se decanta por no ceder el control de la calle a la izquierda y trasladar al debate dialéctico la defensa de las medidas que está aprobando el Ejecutivo, pero la línea que parece haberse impuesto, según fuentes cercanas a Moncloa, prefiere rebajar la tensión reclamando calma y recurrir a la pedagogía para que los ciudadanos puedan asimilar, a esta altura de la recesión, las reformas y los ajustes que quedan por aprobar. Lo último que Rajoy quiere en estos momentos es entrar en el juego maximalista que está planteando la izquierda. Las elecciones andaluzas y asturianas del próximo 25 de marzo servirán para averiguar si las primeras movilizaciones han alterado el reparto de fuerzas que dibujaron las urnas hace sólo tres meses.