Con la convocatoria del 29-M, al grito de huelga general “justa y necesaria”, la irresponsabilidad sindical ha llegado al límite. Es una triste gracia ese lema de huelga, porque si en España hay algo injusto y necesario son los dos grandes sindicatos de clase, que han vivido como señoritos a costa de los trabajadores.
Nunca se repetirá lo suficiente que fue la izquierda caduca de Zapatero y Rubalcaba, con el apoyo subvencionado de los sindicatos –que hasta pusieron al ministro de Trabajo–, la que destruyó en España más de tres millones de empleos, que son más de tres millones de dramas. A falta de poder exigir una responsabilidad penal, al menos las urnas ya han colocado en su sitio al PSOE. Pues ahora les toca a CC OO y UGT pagar su complicidad con este holocausto laboral, frente al que no sólo se mantuvieron en silencio, sino con el que hacían un negocio a través de los ERE.
Con el dinero de todos pagamos la estafa de la PSV y, desde entonces, estos parásitos del régimen no han dejado de enriquecerse, mientras asalariados y autónomos veían descender sus derechos y su renta. Sus líderes viven con el lujo de nuevos ricos –cruceros, áticos y joyas–, sus organizaciones se han convertido en estructuras de poder asimilables sólo a las que existían más allá del Muro. Sus cuentas son tan millonarias como opacas y la única certeza contable es que las pagamos entre todos, porque casi no existe partida del presupuesto de la que no saquen tajada, ya sea estatal, autonómica o local. Sus tentáculos abarcan desde los consejos de entidades financieras hasta la violencia impune de los piquetes, pasando por los sillones de decisión de la televisión pública, y hasta participando del negocio de las empresas de trabajo temporal. Y todo ello gracias a las prebendas de las que disfrutan desde la Transición, primero con el reparto del antiguo patrimonio sindical y después gracias a las subvenciones –las cuotas de afiliados sólo representan un 26% de su financiación, frente al 74% procedente del maná público o del beneficio de sus empresas–.
De hecho, si se movilizan ahora, después de años de cómplice silencio mientas se destruía empleo, es porque ven peligrar su poder e influencia con la reforma laboral. Eso es lo que les quita el sueño a Méndez y Toxo y no la suerte de los desempleados. Por dicho motivo van a una huelga general que va a suponer una pérdida de 4.700 millones de euros. Lo que nos faltaba.
Tampoco les preocupa la desgracia de las víctimas del terrorismo, y no tienen empacho en instrumentalizar la fecha del 11-M para movilizarse en un nauseabundo intento de apropiarse de la efeméride y su fuerte contenido simbólico. Porque no hay nada casual en elegir marzo para las movilizaciones: los sindicatos pretenden sustituir su nulo crédito por la resurrección del enfrentamiento ideológico y una nueva criminalización del PP. Cualquier cosa les sirve para desviar la atención sobre la insoportable carga que constituye su existencia para nuestros bolsillos, al igual que su responsabilidad directa en las causas de la crisis y en los obstáculos para superarla.
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