«A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es también una decisión». Esta frase que está más cerca de un trabalenguas que de una declaración formal ha acabado por darle la razón al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con la prima de riesgo en 280 puntos básicos y el tipo de interés del bono a 10 años flirteando con el 4%, España puede presumir de haber sorteado un rescate por parte de la Unión Europea al que parecía abocada en la primera mitad del pasado año. Aunque sólo han transcurrido algo más de nueve meses, la fecha del 24 de julio del pasado año parece formar parte de la historia. Y es que ese día, la prima de riesgo superó los 640 puntos básicos y el bono a diez años se pagaba al 7,62%.
Profundizar en la recesión
¿Cómo estaría España hoy si Rajoy hubiera cedido a las presiones internacionales e internas y hubiera terminado por solicitar el rescate de nuestra economía? No es fácil hacer este ejercicio de prestidigitación económica, pero parece claro que los ajustes impuestos a la sociedad española para reducir el déficit público hasta niveles aceptables por Bruselas hubieran sido mucho más exigentes.
Oficialmente sólo hay una cifra. La que Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, destacó en una entrevista concedida a LA RAZÓN a finales del pasado mes de enero: «Si el Gobierno hubiera pedido el rescate, la caída del PIB no hubiera sido en 2012 del 1,3-1,4% (entonces no se conocía el dato definitivo), sino del 4-5%». Una pérdida de riqueza en un año de entre 40.000 y 50.000 millones de euros en un solo año. A partir de esta cifra se podría extrapolar que este año la actividad económica seguiría en recesión, en unos niveles muy similares a los del pasado año, como demuestra lo sucedido en otros países rescatados, con la única excepción de Irlanda, que tuvo que recurrir a Bruselas cuando los problemas de su sistema financiero acabaron por quebrar al Estado. Superado el «shock» inicial, que se tradujo en un déficit público del 30,8% del PIB en el año 2010, que ya se ha corregido hasta niveles sostenibles, la economía irlandesa ha vuelto a la normalidad, lo mismo que sus cifras de inversión.
Un rescate de la economía española, que de haberse tenido que solicitar se hubiera hecho en el primer semestre del pasado año, hubiera producido importantes ajustes tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, más contundentes que los llevados a cabo por el Gobierno desde su llegada al poder. Así ha sido en Grecia, Portugal e Irlanda y así será en Chipre, la última economía que se ha echado en manos de la troika.
Por el lado de los ingresos, a los aumentos impositivos acordados por el Gobierno (la subida del IVA en tres puntos del tipo general, desde el 18% al 21% y la creación de un gravamen temporal del IRPF de hasta el 7%) hubiera habido que añadir una segunda subida del IVA, hasta situarlo en el 23%, como ha sucedido en Grecia y Portugal.
Por el lado de los gastos, las principales novedades se habrían registrado en el Estado del Bienestar y en el sector público, la gran reforma que sigue teniendo pendiente el Gobierno de Mariano Rajoy y sobre la que ha puesto el punto de mira en el Programa Nacional de Reformas presentado en el último Consejo de Ministros del mes de abril.
Un as en la manga
Frente al parecer de la prensa internacional, Rajoy siempre ha manifestado que haría siempre «lo que más convenga a los españoles», sin esconder que la UE tendría que acabar (la referencia es de agosto de 2012, cuando la fase más crítica de la crisis de la deuda soberana se había superado) con las dudas que generaba el futuro de la moneda única.
El presidente del Gobierno se ha guardado siempre la carta del rescate como la última posibilidad, sabiendo que una petición de ayuda de España hubiera puesto contra las cuerdas a todo el entramado de la Unión Económica y Monetaria, con unas consecuencias imposibles de predecir.
Nunca se ha llegado a barajar ninguna cifra oficial del coste de un hipotético rescate de la economía española, aunque las estimaciones de los principales bancos de inversión del mundo y las agencias de rating lo situaban en 500.000 millones de euros. «Too big to fail», demasiado grande para caer. Es más que probable que haya sido el mejor aliado de España durante el pasado año.
Sin acudir al rescate, España ha cerrado 2012 con una recesión del 1,4% en su PIB, un paro del 25%, un déficit público del 10,6% y una deuda del 84,2% del PIB. Un nuevo giro en la tuerca del gasto público hubiera tenido consecuencias inmediatas en el empleo, en las prestaciones que reciben los parados y en las pensiones. España tiene pendiente el ajuste de las administraciones públicas, la primera exigencia que impone la troika a los países rescatados. A Grecia le ha obligado a suprimir 150.000 empleos públicos, además de recortar sus salarios. A Portugal, por el estilo.
España hubiera visto incrementar su tasa de paro en al menos dos puntos con la salida de 200.000 empleados públicos no funcionarios. El aumento del paro sólo se hubiera podido equilibrar con una disminución de las prestaciones por desempleo y con rebajas en las pensiones.
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