La Junta de Andalucía, que preside el socialista José Antonio Griñán gracias al apoyo de la formación comunista Izquierda Unida, sigue dilapidando el dinero público. Continúa financiando organismos dependientes del Ejecutivo autonómico sin control ninguno. Esto es posible gracias al entramado de fundaciones públicas, organismos sin ánimo de lucro que no deben rendir cuentas a la Intervención General ni al Registro Mercantil. Desde enero de 2012 hasta hoy han sido 19.438.705 de euros lo que se ha desviado por este procedimiento.
De nada ha servido que el ex interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, emitiera hasta 15 informes desfavorables sobre la forma en la que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) pagaba a los prejubilados de los ERE. Y tampoco se ha hecho mucho caso a la conclusión que aparecía en esos informes, en la que se afirmaba que las transferencias de financiación se realizaron “con muy escaso control”.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de ayer, 1 de abril, recogía la entrega de 4,2 millones de euros a varias fundaciones. Un dinero que era entregado desde la Consejería de Salud y Bienestar Social, dirigida por Mª Jesús Montero. Unas subvenciones que se elevaban a públicas el mismo día en el que la jueza Mercedes Alaya, instructora del proceso abierto sobre los ERE fraudulentos aprobados y financiados por la Junta de Andalucía, decretaba una nueva prórroga del secreto del sumario por un mes más.
Los más de 19 millones de euros que se han repartido estos últimos 15 meses entre las fundaciones de titularidad públicas, más de la mitad ha correspondido a la Fundación Progreso y Salud, “dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, es la entidad central de apoyo y gestión de la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que ha recibido por este procedimiento casi ocho millones y medio de euros.
Otra cantidad importante ha sido la entregada, por medio de 14 subvenciones diferentes, a la Fundación para el Avance Tecnológico y el Entrenamiento Profesional (Iavante), a la que se han transferido 4,2 millones de euros. Iavante es una línea de desarrollo de competencias profesionales que depende de la Fundación Progreso y Salud.
Otros 3,3 millones se le concedieron a la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi). Su cometido es el fomento de la I+D+i en los centros públicos de la provincia de Sevilla.
El resto, hasta completar los 19,4 millones de euros, se lo repartieron, en cantidades menores, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, la Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental, la Fundación Audiovisual de Andalucía, la Fundación Imabis, la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y la Red Andalucía Emprende.
Este entramado de financiación sin control viene a completar la información, conocida también ayer, según la cual los secretarios generales de UGT y CC OO en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, dirigían la Asociación Faja Pirítica de Huelva, un organismo que se habría beneficiado del cobro de ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía.
La junta directiva de este organismo se encargaba de cobrar todas las cantidades debidas a los asociados por entidades públicas y privadas. También administraban sus pólizas y, en cumplimiento de este cometido, entraban en contacto con los diferentes intermediarios que se lucraron en la red que investiga la jueza Alaya y que podría haber manejado más de 1.200 millones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario