El pasado 20 de abril, un espontáneo se abalanzó sobre el Nicolás Maduro, el candidato chavista que se ha proclamado vencedor de unas disputadas elecciones. Su nombre es Yendri Sánchez González. Con una zamarra roja, logró ponerse frente con frente con el presidente Maduro el mismo día del acto de jura del cargo, en el momento en el que éste se prestaba a ofrecer su discurso de investidura. “Nicolás, me llamo Yendri”, le espetó el hombre, que es conocido por haber hecho de espontáneo en otros actos públicos. Nicolás Maduro reconoció tras el acto que “Ha fallado la seguridad absolutamente, me pudieron haber dado un tiro aquí. Ha fallado la seguridad”, repetía tras comprobar la fragilidad de la misma.
El acto de Yendri Sánchez atentó contra el normal desarrollo de un acto importante de la nación. La Fiscalía, incluso, ha resuelto aplicar contra él la ley antiterrorista, aprobada hace exactamente un año, el 30 de abril de 2012. La fiscal Katherine Harrington también actúa contra el primo de Sánchez, pese a no haber participado en ningún acto contra Maduro.
Marino Alvarado, de la organización defensora de los Derechos Humanos Provea ha declarado, en palabras recogidas por El Universal, que “La propia Fiscal anunció el martes 16 de abril que se aplicaría en los casos de las protestas recientes, y es un asunto muy delicado porque ahí se maneja una definición muy ambigua de lo que es terrorismo”.
Es cierto que la definición de terrorismo es muy amplia, y le confiere a la Fiscalía, dependiente del Gobierno, mucho margen para aplicarla. Un acto de terrorismo, según esta norma, es un acto tipificado como delito y que “obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país”. A juicio de Marino Alvarado, “Es el extremo de la mentalidad represiva”.
La denuncia de Marino Alvarado se refiere a una declaración de la Fiscal Luisa Ortega Díaz según la cual, “si de las investigaciones resultare que nosotros comprobamos que estas personas articularon para actuar, vamos a aplicar asociación para delinquir prevista en la Ley contra la delincuencia organizada (y financiamiento al terrorismo) y vamos a solicitar la incautación de los bienes, propiedad de esas personas y congelación de las cuentas”.
Alvarado ha señalado el hecho de que “La Ley Antiterrorismo se empezó a usar ahora; ni Chávez lo había hecho". Nicolás Marudo no tiene el carisma de su antecesor. De hecho ha hecho su campaña a base de mencionarle obsesivamente, de decir que las elecciones son en su nombre, e incluso de hacer que se le aparezca en forma de pajarito chiquitico. Alvarado lamenta que "el Gobierno de Maduro se inauguró utilizando la Ley Antiterrorismo contra la protesta social".
La oposición denuncia el primer “preso político”
Por otro lado, el Ministerio Público detuvo el pasado sábado al militar retirado Antonio Rivero, por su presunta participación en unos actos violentos tras las elecciones del pasado 14 de abril. La Fiscalía ha declarado su retención durante 45 días, tras acusarle de instigación a delinquir y asociación para delinquir.
Los fiscales Luis Trocelis y Rosanna Álvarez se basan en un vídeo en el que aparece Antonio Rivero, de la formación política Voluntad Popular, en el que le dice a los opositores al régimen chavista heredado por Nicolás Maduro que se mantengan cohesionados.
El coodrinador nacional de Voluntad Nacional, Leopoldo López, ha declarado que con Antonio Rivero, Nicolás Maduro ya tiene a su primer “preso político”. “Lo vinculan con un delito de instigación para delinquir por el hecho concreto de ser parte de un partido político”, señala Lólez. Antonio Rivero está enhuelga de hambre.
Recientemente, el ministro de Vivienda de Maduro, Ricardo Molina, dejó claro en unas palabrasrecogidas por vídeo una advertencia a los funcionarios: “No acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante de Voluntad Popular ese partido fascista de Leopoldo López, que renuncie. Porque si no renuncia, yo mismo le voy a botar”, es decir, echar de la función pública. Esto podría ir contra las leyes, pero para el Ejecutivo de Maduro no representa mayor problema: “Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chavez... no lo acepto”.
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