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  Huelga contra España

  29 MAR 2012 | Editorial

  Lo que inquieta a UGT y CC OO no es la suerte de los trabajadores, sino el fin de sus privilegios.



• La Constitución reconoce en el título 1 –de los derechos y deberes fundamentales– la legítima opción a la huelga (“se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores...”, reza el artículo 28). Ahora bien, esa opción queda automáticamente cuestionada, en este 29 de marzo, si reparamos en la segunda parte del artículo 28: “...para la defensa de sus intereses”. Porque, a la vista de los datos, es francamente discutible que sean los intereses de los trabajadores el verdadero motivo de esta movilización contra el Gobierno o que esta se vaya traducir en una mejora social y económica de los asalariados. Más bien lo contrario.
  Cualquier observador imparcial puede fácilmente percibir que UGT y CC OO se movilizan no en defensa de los trabajadores, sino de los injustos privilegios que la reforma laboral les va a despojar, reduciéndolos a organizaciones espectrales y, sobre todo, con los bolsillos vacíos. El sindicalismo de clase se había convertido en un verdadero chollo, al reciclar a UGT y CC OO en empresas (UGT y CC OO son propietarios del centenar largo de sociedades presentes en todas las áreas económicas) y a sus líderes y la legión de liberados en señoritos que medran sin dar un palo al agua, gracias al maná del Estado, primero con el reparto del antiguo patrimonio sindical y después con las generosas subvenciones, que han permitido que conspicuos “compañeros del metal” hagan negocietes como consejeros de Banca con remuneraciones millonarias.
  No fueron precisamente los intereses de los trabajadores lo que llevó a UGT y CC OO a sacar jugosos beneficios de la crisis, al embolsarse un pico por la gestión del Plan de Pensiones de la Administración socialista. Ni tampoco el paripé de huelga de septiembre de 2010 contra el mismo Zapatero que había comprado previamente su silencio mientras se destruían más de tres millones de empleos. Durante el zapaterismo permanecieron callados como muertos –salvo la farsa de huelguita general contra el amago de reformita laboral– sin que la suerte de cinco millones de españoles les quitara el sueño. Lo que ahora les desvela es la pérdida de poder e influencia que va a suponer la reforma laboral, al primar los convenios de empresa sobre los sectoriales o a liberalizarse los cursos de formación. Eso sí que es sagrado y no los parias de la tierra.
  A otro nivel, tampoco parece que sean los intereses de los trabajadores lo que ha movilizado al Partido Socialista con su apoyo oficioso a la huelga y su rechazo a la reforma laboral. Más bien es la estrategia partidista y desleal, marca de la casa, la que puede explicar que parlamentarios socialistas tengan la cara dura de leer hoy en el Congreso una declaración contra la reforma laboral. ¡Precisamente ellos! Esa reforma que un Zapatero cucamente cortoplacista no quiso aplicar para evitarse disgustos y con la intención de endosar el marrón a su sucesor en La Moncloa. La jugada de acoso contra el Gobierno le sale ahora perfecta al producirse la huelga después del revés del PP en Andalucía. Singularmente porque el tándem PSOE-IU se va a erigir, desde una Junta radicalizada, en dogmático bastión contra las medidas reformistas del Gobierno, comenzando por la exigencia de reducir el déficit autonómico.
  Todo lo cual deja en evidencia el sesgo descaradamente partidista del 29-M. Y por lo tanto, espurio, ya que según la Carta Magna la motivación de la huelga es la defensa de los trabajadores. En este caso, la movilización es a todas luces contraproducente. En primer lugar, porque una España al límite no puede permitirse el lujo de perder cifras millonarias como consecuencia de los paros (se estima que entre 1.000 millones de euros si la apoya el 35%, y más de 3.000 en el caso de que el seguimiento fuera total). Y en segundo lugar, porque asestará un nuevo golpe sobre la credibilidad de la economía, y se desplomará más la imagen de la marca España ante Bruselas y los mercados. Lo que nos faltaba con la prima de riesgo disparada hasta los 350 puntos y la economía entrando en recesión.
  Ante esa tesitura, el Gobierno no tiene otra alternativa que sacar adelante las reformas, si quiere achicar el ingente gasto público, flexibilizar un mercado laboral decimonónico y sanear la economía para que salga del dique seco y vuelva a ser competitiva. Pero la pinza de izquierda y sindicatos de clase se obstina en remar en contra del futuro y de la racionalidad, prisioneros de trasnochados prejuicios ideológicos y sobre todo de la defensa de privilegios que sólo benefician a los zánganos de la colmena social.
  Nada bueno permiten augurar las amenazas de los piquetes que van a poner en jaque otro derecho fundamental, el derecho a trabajar (artículo 35 de la Constitución). Debido en parte a su actitud, pero también a la ausencia de una Ley de Huelga, la vieja asignatura pendiente de la democracia, que serviría para fijar criterios objetivos sobre la regulación de los servicios mínimos. Y tampoco permite augurar nada bueno la, a nuestro juicio, desafortunada autorización judicial para que la manifestación de huelguistas llegue a la madrileña Puerta del Sol. UGT y CC OO tenían otros espacios a su disposición, pero han preferido reactivar el escenario del 15-M, cargado de simbólicas reminiscencias, poner en el punto de mira a Esperanza Aguirre frente a su sede, y hacer bulto con otras protestas en una plaza que a poco que se llene parece invadida. Todo lo cual demuestra que bajo el disfraz de una huelga general estamos ante una campaña de agitación partidista y ante un chantaje de una casta de señoritos contra la inmensa mayoría de los trabajadores.