La Conferencia Episcopal Española difundió hace unos días una rectificación que El País se negó a publicar. El 26 de febrero, el periódico izquierdista publicó un artículo de su redactor de asuntos eclesiásticos, Juan G. Bedoya, en el que afirmaba que el Estado español pagaba el sueldo de los sacerdotes y obispos católicos “como si fuesen funcionarios” y, además, que la Iglesia vivía en la “impunidad fiscal” porque no abonaba el Impuesto de Bienes Inmuebles por sus edificios, privilegio que atribuía a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España de 1979.
Mezquitas, sinagogas...
El director de la oficina de información de la CEE, Isidro Catela, trató de que El País admitiese la rectificación, pero se le cerraron todas las puertas, incluidas las del defensor del lector, Tomás Delclós. Por eso, a los 25 días de la aparición del artículo Catela difundió la carta al director que había pedido que se publicase. En ella se decía que “son las diócesis quienes retribuyen mensualmente a los sacerdotes” y que la exención del IBI para algunos edificios se rige no por ese tratado internacional, sino por la Ley de Mecenazgo 49/2002. Esta concede a la Iglesia las mismas exenciones que otras instituciones sin fines lucrativos, como la Fundación Santillana, presidida por Ignacio Polanco, hijo de Jesús Polanco. También las mezquitas, las sinagogas y los templos protestantes reciben idénticos beneficios fiscales a las iglesias católicas.
Aparte de a la Iglesia Católica, El País está negando el derecho de rectificación a los políticos, intelectuales y simples ciudadanos que regula la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, así como varias sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional.
Tertsch y el 11-M
Historiadores del establishment, como Santos Juliá y Javier Tusell, han criticado los libros de Moa en las páginas de El País y le han acusado de plagio. La dirección del periódico ha cerrado a Moa las páginas de opinión y hasta la sección de cartas al director. En 2008, el entonces director de opinión,Lluís Bassets, le contestó a Moa: “hay otros medios y otros espacios donde pueden reflejarse y de hecho se reflejan otros puntos de vista más satisfactorios para usted y más acordes con sus ideas”. Pero el derecho de rectificación consiste, como dice Moa, en que “una persona aludida en un periódico debe poder replicar, tanto por su derecho a defenderse como, más aún, por el derecho de los lectores a una información contrastada”.
A finales de 2008, El País publicó varios artículos que sostenían que el Gobierno de Aznar había colaborado con el de George Bush en el traslado de prisioneros de manera ilegal a la prisión de Guantánamo y a otros lugares; los llamados vuelos de la CIA. El director del periódico, Javier Moreno, no quiso publicar la carta remitida por el secretario general de la fundación FAES, en la que se afirmaba que el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Carme Chacón, había comunicado que todos los vuelos cumplieron con el Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países.
Francisco Álvarez-Cascos obtuvo en 2009 una sentencia contra El País porque este se negó a publicarle una rectificación a una información en la que se le vinculaba con la trama de corrupción Gürtel, uno de los grandes asuntos en que se ha ocupado el periódico en los últimos años.
La viuda y la hija de Manuel Núñez protestaron porque se usó la muerte de este en un reportaje de El País Semanal (junio de 2009) para justificar la eutanasia. Las mujeres afirmaron que la autora del reportaje no contactó con ellas; su versión no se publicó ni como carta al director ni como rectificación. La defensora del lector de entonces, Milagros Pérez Oliván, publicó una queja titulada “La eutanasia filmada que nunca existió”, en la que cuenta que el reportaje presenta como inyección letal una simple inyección de morfina para calmar el dolor al paciente.
En el diario que ha sido considerado ejemplo de buen periodismo y de ética profesional el silenciamiento de los molestos se extiende a los de dentro de la casa. Un redactor presentó una queja anónima al comité de redacción sobre Hermann Tertsch por los ‘delitos’ de expresar opiniones sobre el 11-M contrarias a la línea editorial en un programa de Telemadrid. Poco tiempo después, Jesús Polanco, editor de El País, declaró en la junta de accionistas de Prisa de 2007 que “la contradicción” había sido “superada”. Tertsch dejó el periódico al que había estado vinculado durante 22 años.
La ley dice:
- El derecho de rectificación está regulado en una ley orgánica desde 1984.
- Se reconoce a los aludidos en las informaciones y a sus herederos en radio, prensa y televisión.
- Si el director del medio de comunicación no la admite, los perjudicados disponen de un procedimiento judicial especial.
- Este procedimiento es muy rápido para reparar así el daño causado cuanto antes.
- El plazo medio para poder acudir al juez es de siete días hábiles después de la denegación de la publicación de la rectificación.
- La acción se tramita como un juicio verbal.
- No se necesita abogado ni procurador.
- El perjudicado puede reclamar luego por vía penal y civil.
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