El futuro del Obamacare se conocerá en junio cuando los magistrados deberán dictar sentencia sobre la posible inconstitucionalidad del plan. El veredicto marcará el comienzo de la carrera presidencial y de ser contrario a los intereses de los Gobiernos será un duro golpe para el presidente. Aunque no sólo para él. El favorito a la nominación republicana, Mitt Romney, acometió una reforma de similares características en Massachusetts cuando era gobernador, una cuestión que ya le han echado en cara dentro de su propio partido.
Las modificaciones del plan Medicaid han levantado desde su aprobación numerosas críticas de las Administraciones estatales, que deberán contribuir en mayor medida al pago de la cobertura sanitaria de sus ciudadanos, algo que, según aseguran, no pueden asumir y podría llevarles a la bancarrota.
Según el Tribunal, el Gobierno federal no puede forzar a los estados a entregar recursos “hasta el punto en que presión se convierta en coacción”. El problema en cuestión en este sentido está en dónde se situará la línea que define hasta qué punto deben asumir este compromiso.
El abogado de los demandantes, Paul Clement, defendió ayer que si finalmente el Obamacare llega a implantarse –está planeado su inicio para 2014– eso podría suponer “la ruina” para muchos estados. Por su parte, el letrado que representa al Gobierno, Donald Verrilli, censuró las críticas, asegurando que la Administración federal cargará con todos los costes hasta 2016 y después, hasta 2020, pagará más de un 90%.
Los magistrados
Hasta el mes de junio tendrá que esperar la sociedad americana para conocer si el plan estrella en política interior de la Administración de Barack Obama sale adelante. Los nueve magistrados del Tribunal Supremo, cuatro demócratas y cinco republicanos deberán tomar una decisión clave para el futuro de Estados Unidos.
A tenor de lo visto durante las tres jornadas de audiencia pública los bandos están claramente delimitados. Sin embargo, el Gobierno y sus partidarios tienen depositadas sus esperanzas en que el magistrado Anthony Kennedy, considerado el más moderado entre los republicanos, dicte un veredicto favorable.
Mientras tanto, al pie de calle, las encuestas señalan que la sociedad está mayoritariamente en contra de la reforma. Un 47% la considera negativa y tan sólo un 36% beneficiosa para el país. Un dato clave a solamente unos meses de las elecciones presidenciales.
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