Port Moresby – Los obispos de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón reiteran el “no” a la pena de muerte, mientras que en el país se incremente el debate sobre una nueva ley de seguridad nacional. La pena de muerte ya está prevista en el Código Penal de Papúa Nueva Guinea, pero sólo se limita al caso de “asesinato voluntario”. Pero nunca ha sido puesta en acto, aunque hay algunos presos en el corredor de la muerte. El gobierno está considerando la posibilidad de extender la pena de muerte para otros delitos graves, como la violación, el asesinato, el asesinato por brujería, la malversación de fondos públicos.Según ha informado a la Agencia Fides una nota del p. Victor Roche, SVD, Secretario General de la Conferencia Episcopal, la Iglesia local ofrece al debate público tres razones para rechazar la pena de muerte. La primera: va en contra de la Biblia y en contra de los principios cristianos, en contra del mandamiento 'No matarás'. Puesto que Dios es el autor de la vida “ni el poder judicial ni el gobierno tienen el poder de quitar la vida de alguien”. La segunda razón es que “la pena de muerte no disminuye la tasa de criminalidad en los países en los que es utilizada y Papua Nueva Guinea no será la excepción”. “Mejorar el sistema de justicia y dar la certeza del castigo son elementos de disuasión mucho mejores para el crimen”, señalan los Obispos. En tercer lugar, la Iglesia pregunta: “¿Quién va a ejecutar a los criminales condenados a muerte en Papua Nueva Guinea? ¿Serán ciudadanos nuestros o se pagarán a algunos extranjeros? Si son conciudadanos, podrían tener lugar asesinatos por venganza contra la familia de los verdugos”, por lo que esta medida podría “hacer estallar luchas tribales” en detrimento de la armonía en la sociedad.
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