Tras el atentado fallido contra Nicolás Maduro y las detenciones y la retirada de la inmunidad a varios opositores que lo han seguido, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal del país piden a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo que protejan a la gente «contra las arbitrariedades y desviaciones de poder»
La Iglesia de Venezuela, a través de su Comisión de Justicia y Paz, ha exhortado al Gobierno de Nicolás Maduro «a cesar la represión violenta contra los ciudadanos», y ha animado a todos los grupos defensores de los derechos humanos a «estar atentos» a estas violaciones y «denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole» el derecho a un juicio justo.
El llamamiento se hizo público este jueves, como consecuencia de la situación generada por el presunto atentado con drones contra Maduro, que tuvo lugar el 4 de agosto, y en el que siete militares resultaron heridos. El miércoles, la Asamblea Nacional Constituyente retiró la inmunidad al expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor Julio Borges y al diputado Juan Requesens, exdirigente estudiante de 29 años, para enjuiciarlos por su supuesta relación con lo ocurrido.
La ANC fue creada por el régimen bolivariano para contrarrestar a la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría. El que fue presidente de esta última, Julio Borges, se encuentra desde hace varios meses en Colombia. Requesens, en cambio, continuaba en Venezuela y fue arrestado el martes por la policía política. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto de Borges y el enjuiciamiento de Requesens por «instigación pública», «traición a la patria» y «homicidio intencional en grado de frustración».
No a las detenciones arbitrarias y torturas
Estas acciones «se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social» que vive el país, reconocen con preocupación los obispos. De momento, han sido detenidas seis personas y Venezuela ha solicitado la extradición de varias más afincadas en Colombia –entre ellas Borges– y Estados Unidos.
La detención de parlamentarios, funcionarios o ciudadanos por su presunta responsabilidad en el atentado, afirma Justicia y Paz, no debe llevar «a detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas y desapariciones forzadas», pues estas prácticas «atentan contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos».
En este sentido, el comunicado recuerda a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República –órganos que juntos constituyen el Consejo Moral Republicano– que «están en la obligación de velar por el efectivo respeto y garantías de los Derechos Humanos». Por ello, deben proteger los derechos de las personas «contra las arbitrariedades y desviaciones de poder», investigando «de oficio las denuncias que conozcan» y la responsabilidad en ellas de los funcionarios públicos.
A las críticas por los procesos iniciados contra los dos opositores se sumó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que exigió el cese de los «ataques y las persecuciones políticas». Almagro dijo en su cuenta de Twitter que «dada la falta de credibilidad» de las autoridades venezolanas y el «uso de la tortura» para incriminar, se debería nombrar una comisión de expertos internacionales para investigar el intento de atentado a Maduro.
Alfa y Omega
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