El Envío de la semana pasada versaba, como quizá alguien recuerde, sobre el informe municipal y espeso con el que se está intentando poner en solfa la propiedad eclesiástica y, por tanto, de la comunidad católica, de la catedral de Córdoba, en tiempos ya muy remotos mezquita aljama de esa ciudad. Avanzaba entonces un servidor que al susodicho informe no había por donde cogerlo jurídica e históricamente, pero quiso la casualidad que ese mismo día, y en la tribuna que ordinariamente linda con esta columna en la edición impresa del periódico, anidara uno de los papagayos autores del informe y aludidos en mi modesta columna. Y el tal aseguraba no sólo que el informe era correctísimo, más aún, que sólo había encontrado la oposición académica de algún exfalangista y algún ex comunista unidos en la común aversión al progreso y la democracia.
No habían pasado cuarenta y ocho horas desde que el pájaro piara cuando encontró respuesta en un comunicado firmado por nada menos que 43 medievalistas y arabistas de 17 universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre ellos cuatro académicos de la Historia y cerca de veinte catedráticos. En él se dice literalmente que "los argumentos de carácter histórico que la Comisión expone carecen del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias", que "como historiadores no podemos permitir que se afirme que el edificio no ha pertenecido o ha dejado de pertenecer en algún momento a la Iglesia católica y, en concreto, al cabildo catedralicio de Córdoba desde el mismo momento de la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla y León en 1236", y que "la Historia no puede ser utilizada de la manera en que la Comisión municipal ha pretendido servirse de ella para ofrecer cobertura a disputas ideológicas o de intereses".
Como los firmantes de este importante manifiesto no son sectarios ni escriben a sueldo, dejan muy claro que ellos no entran a juzgar sobre la modalidad más adecuada de gestión de ese espacio único que es la Catedral-Mezquita, pero advierten del grave daño que maniobras irresponsables como la que denuncian provocan a la Historia, "confundiendo a la opinión pública y desacreditándola ante las personas de criterio". Esperemos que las autoridades se percaten del lío en que se han metido, y en qué compañías, y, una vez más, rectifiquen.
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