El aborto provocado aceptado por la ley es uno de los azotes de nuestra civilización. Es la peor plasmación posible de lo que en la cultura occidental ha sido considerado durante milenios como el mal casi en estado puro, pues consiste en que la norma que regula la convivencia otorga potestad a las madres para dar muerte a sus hijos –por descuartizamiento o por envenenamiento–, sin darles la oportunidad de nacer. Y no sólo esto, sino además vistiendo este proceder de un falso ropaje humanitario, como si matar al hijo que viene (sea con defectos físicos o psíquicos, sea en el seno de una familia pobre, sea como consecuencia de una violación) fuese hacer un favor a la víctima, o prevenir posibles traumas psicológicos a su madre derivados del hecho de quedarse encinta.
Desde la prohibición hipocrática a los médicos, en el siglo V a. C., hasta bien entrado el siglo XX, el aborto provocado fue considerado un mal castigado por la ley, hasta que sobrevinieron las primeras consecuencias de unas filosofías que niegan la dignidad de la persona y que han derivado en el comunismo, el nazismo y la perversión de la democracia mediante la hedonista ideología de género, mal llamada feminista, que destruye lo más noble y excelso de las mujeres en tanto que tales.
El trabajo que publicamos hoy nos muestra el río de sangre inocente derramada en abortos provocados en España sólo desde 1985, fecha negra de la primera norma que relajó el valor sacral de la persona, de cada persona, por el hecho radical de pertenecer a nuestra estirpe. No debe sorprendernos: es la consecuencia lógica de esta mentalidad inhumana.
Por eso nos llena de inquietud el error colosal de comprensión de esta tragedia que demuestran tanto el anuncio de una tímida reforma legal hecho por el ministro de Justicia como la declaración del Ministerio de Sanidad, en el sentido de que “estos datos implican que tomaremos medidas, sobre todo para dar alternativas a las mujeres, y que no se vean abocadas a esta situación”. Si en lo que se piensa es en aumentar las facilidades anticonceptivas será como apagar el incendio con un lanzallamas: el fracaso está asegurado. Lo primero, inexcusablemente, en este combate es derogar hasta el último vestigio de la mentalidad antinatalista que envenena nuestra legislación; y, sólo después, acometer la durísima tarea de regenerar moralmente a esta sociedad, por mucho que se encrespen la izquierda española y los poderosos lobbies del negocio del aborto en la Unión Europea.
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