Las monjas del convento de Santa Inés ya pueden respirar tranquilas. En la tarde de ayer sábado, 23 de diciembre, los Hermanos Mayores de las ocho corporaciones del Martes Santo de Sevilla les hicieron entrega de los 1.710 euros de la multa que les impone la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía por la reparación del órgano conventual sin su permiso previo.
De esta forma, José de Anca Sosa (El Cerro), Jesús Bustamante León (San Esteban), Jesús Resa Rodríguez (Los Estudiantes), José Luis Maestre Salcedo (San Benito), Justo Rufino Charlo (La Candelaria), Manuel Pío Casal (Dulce Nombre) y Juan Jiménez Gómez (Santa Cruz), en nombre también de José Antonio Oliert Rodríguez (Los Javieres), acudieron al Convento de Santa Inés junto al delegado del Martes Santo, Juan José Morillas.
No quiso faltar a la simbólica cita el abogado de las clarisas, Joaquín Moeckel, uno de los grandes impulsores de esta iniciativa en las que las ocho hermandades han hecho gala de su acción social y solidaria.
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Fue el templo de este cenobio, situado en la calle Doña María Coronel, el lugar donde la abadesa, Sor Rebeca, recibió el mejor regalo de Navidad posible junto a otra hermana clarisa, dada la situación de grave deterioro que sufre este espacio de oración.
El marco legal
Como informó este lunes ABC, la multa a las propietarias del monasterio de Santa Inés se redujo de los 170.000 iniciales por dos «infracciones graves» a la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) a sólo 2.850 euros, que se quedará en 1.700 euros, un 1 por ciento de la cantidad inicial, por pronto pago.
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico aprobó en noviembre el proyecto de restauración presentado por las religiosas, tan sólo seis días después de que se les comunicara la sanción de 170.000 euros y se abriera el plazo de alegaciones. Y las dos infracciones graves pasaron a ser consideradas «leves»
El delegado territorial de Cultura, José Manuel Girela, anunció este lunes la rebaja de la multa 2.850 euros, «pero si dentro del procedimiento administrativo hay un reconocimiento por parte de la comunidad o de los restauradores de que no se pidió autorización previa, y se acata la sanción por ello, y además por pronto pago, según la ley, van a recibir un descuento del 40 por ciento de la sanción y ésta se quedaría en 1.710 euros»
Joaquín Moeckel, abogado de las monjas, celebró la resolución pero lamentó haberse enterado de la misma por los medios de comunicación: «La Junta de Andalucía ha notificado la resolución del expediente sancionador por teletipo. Es intolerable que no se informe previamente a la comunidad».
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