miércoles, 1 de octubre de 2014

EN ESPAÑA NO SE DECLARA UN TERCIO DE LOS ABORTOS, SEGÚN UN INFORME.




Un 35% de los abortos que se practican en España no aparecen en las estadísticas oficiales. Lo desvela un informe de la plataforma La vida importa, que además aporta datos sobre el gran negocio que supone la industria del aborto en nuestro país
Noticia digital (01-X-2014)

Han pasado cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Aído-Rajoy, y continúa el fraude generalizado en torno a la práctica del aborto. Así lo afirma la plataforma La vida importa en su informe La situación real del aborto en España. En él, aseguran que un 35% de los abortos que se practican en España no se declaran, y deben sumarse a los datos oficiales.
Tras una investigación de campo sobre las irregularidades cometidas en la práctica del aborto, el equipo de La vida importa ha calculado que en Madrid se realizan al año unos 30.900 abortos, en vez de los 23.683 declarados en 2012, lo cual supone un incremento del 30,5%. En cuanto al resto de España, afirman que se producen al año unos 173.000 abortos, un 53,9% más de los 112.390 recogidos por las estadísticas oficiales.
21 millones de euros
Los 60.610 abortos no declarados suponen, por lo tanto, un 35% del total de abortos que se practican en España. Estos abortos no sólo eluden cualquier control sobre su legalidad, sino que suponen también un fraude económico: calculando unos 350 euros por aborto, de los abortos invisibles resulta un negocio de más de 21 millones de euros que no se declaran a Hacienda.
La vida importa ha descubierto, además, que, debido a la total falta de control e inspecciones, la Sanidad Pública paga por los abortos un precio más alto que el de mercado, o paga abortos químicos -que tienen un coste de unos 50 euros- como si fueran quirúrgicos -con un coste para el erario público de 380 euros-.
Estos datos vienen a reforzar las denuncias que las entidades provida llevan haciendo durante años. Según estas entidades, muchas de las mujeres a las que ayudan, ya habían abortado o se habían informado en algún centro, en el que les pidieron pagar en metálico y no les dieron factura.
Lo descubierto en este informe, además, refuta el argumento que se dio a favor de la ley del aborto de 2010 –ahora asumida por el PP–, según el cual dicha ley haría frente a este fraude. Cuatro años después, con la nueva ley no sólo se han blanqueado muchos de los abortos que antes se cometían de forma fraudulenta, sino que se sigue cometiendo un gran fraude.
María Martínez López

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