UNA OPORTUNIDAD PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA.

Estalla el debate sobre la laicidad en México, en vísperas del Viaje del Papa

Una oportunidad para la libertad religiosa

Cuando Juan Pablo II pisó por primera vez México, en 1979, las autoridades permitieron al Papa una excepción en la aplicación del Código Civil: llevar sotana o un distintivo clerical en público, algo entonces prohibido. En vísperas del Viaje de Benedicto XVI, se reabre el debate sobre la laicidad, con una reforma constitucional en curso

Un momento del rodaje de la película Cristiada

Cuando Benedicto XVI pise, por primera vez, tierras mexicanas, entre el 23 y el 26 de marzo, no tendrá que justificarse por llevar las vestimentas propias de un Papa, gracias a cambios en la legislación, pero se verá involucrado en un debate nacional en aquella República que, desde hace 150 años, es oficialmente laica.Y es que México, el segundo país del mundo en número total de católicos (el 91,89% de los 115 millones de habitantes está bautizado en el seno de la Iglesia católica), cuenta con una Constitución que, en algunos aspectos, es más antirreligiosa que la de la Unión Soviética.

La Visita del Santo Padre tiene lugar en medio del debate nacional, con motivo de las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo y que, como es lógico, están sacando a relucir los viejos debates laicistas. Este país, desde 1929 hasta el año 2000, fue gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, el PRI, acérrimo garante, durante todas esas décadas, de una laicidad negativa, concebida como represión de toda manifestación pública religiosa.

La aplicación de la Constitución mexicana, tanto la de 1857 como la actualmente vigente, de 1917, llevó a repetidas y sangrientas persecuciones religiosas que van mucho más allá del conocido alzamiento de la Cristiada (sobre el que Hollywood acaba de terminar una gran producción que se presentará en abril, en México).

Las Leyes de Reforma de 1859 establecieron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la supresión de las Órdenes religiosas, la secularización de cementerios, hospitales y centros benéficos. Pero, quizá, la persecución religiosa más radical fue la del Presidente Plutarco Elías Calles (1924-1929): expulsó a sacerdotes, sancionó con multas y cárcel la enseñanza religiosa, la vestimenta clerical o a quienes promovieran la consagración religiosa, o profesaran actos de culto fuera de los templos, que quedaban controlados por la autoridad civil. Estallaría así la oposición de los obispos, que, el 31 de julio de 1926, ordenaron la suspensión del culto público en toda la República, como forma de protesta ante la Ley Calles. Algunos cristianos tomaron las armas, pero su lucha no contó con el claro apoyo de los obispos, ni de la Santa Sede. El reconocimiento del martirio mexicano más solemne tuvo lugar el 21 de mayo del año 2000, cuando el Beato Juan Pablo II canonizó a 25 mártires de la persecución religiosa en México. En ningún momento, sin embargo, la Iglesia ha canonizado o beatificado a bautizados que hubieran recurrido a las armas.

Debate explosivo

Un estandarte de los cristeros

En este trasfondo explosivo, la preparación de la Visita del Santo Padre tiene lugar en medio del debate nacional sobre la reforma del artículo 24 de la Constitución, con el objetivo de reconocer finalmente la libertad religiosa. Un paso decisivo en este sentido ya lo dio, el 15 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados, al reformar su enunciado, con la reforma del 8 de marzo de 2011 sobre el artículo primero, que reconoce los derechos humanos.

Esta reforma ha sido apoyada por los representantes de la Iglesia en México. El domingo pasado, el cardenal Norberto Rivera, arzobispo Primado, ante los críticos de la reforma, en la que ven supuestos privilegios para la Iglesia, respondió: «Que quede muy claro a la opinión pública nacional: la Iglesia no busca con esta reforma remover el carácter laico de la educación pública; tampoco pretende interferir en los asuntos que son propios del Estado; lo único que pide es que se reconozca el derecho humano de todo ciudadano a la libertad religiosa».

El mismo purpurado aclaró que la Iglesia no se opone a la aprobación de la reforma del artículo 40 de la Constitución, que declara a la República como laica, pues de hecho ya lo es. La Iglesia no está en contra de la laicidad; está en contra de una laicidad negativa, que busca reprimir toda manifestación religiosa pública.

Asimismo, monseñor Carlos Aguiar Retes, Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, en una reciente entrevista radiofónica, ha aclarado que es necesario reformar el artículo 24, pues éste sólo reconoce la libertad de conciencia y de culto, mientras que la libertad religiosa significa mucho más. La libertad religiosa debe ser ampliada, aclaraba, «no solamente a aquel concepto antiguo del siglo XIX en que se pretendía dejar solamente al ámbito de lo interior, de la privacidad del individuo, el concepto de religión». En definitiva, lo que la Iglesia propone es aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promovida por la ONU en 1948, en la que se garantiza el ejercicio de la propia religión.

El prelado pone el ejemplo del típico debate que, en el pasado, se ha desencadenado en México, y que volverá a desatarse cuando el Papa visite el país, y el Presidente de la República participe en una Misa. ¡Se rompe el Estado laico, acusan los órganos de grupos laicistas y masónicos, de gran raigambre en la nación. La propuesta de reforma de la Constitución busca garantizar la libertad religiosa no sólo para los sacerdotes, sino para los funcionarios públicos, hoy penalizados en el ejercicio de sus derechos.

Laicidad positiva

De este modo, la Visita del Papa a México se convertirá en una oportunidad estupenda para que Benedicto XVI pueda promover una de las contribuciones propias de su pontificado: la laicidad positiva. Este concepto lo ilustró el Papa, al visitar Francia, patria de la separación Iglesia-Estado, en septiembre de 2008.

En aplicación del principio evangélico de Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, el Papa explicó ante el Presidente Nicolás Sarkozy, en aquella ocasión, que «es fundamental insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso, para tutelar tanto la libertad religiosa de los ciudadanos, como la responsabilidad del Estado ante ellos. Y, al mismo tiempo, valorar más claramente el papel insustituible de la religión en la formación de las conciencias y su aportación al consenso ético de fondo en la sociedad».

Jesús Colina. Roma