Tras dos años en el cargo, se pueden señalar ocho medidas tomadas por el Presidente Trump en defensa de los no nacidos. La decisiva es la octava, que podría cambiar radicalmente la consideración jurídica del aborto en los Estados Unidos y tendría efectos más allá de sus fronteras.
(InfoCatólica) Cuando el Presidente norteamericano, Donald Trump, fue elegido en 2017, uno de los aspectos de sus futuras políticas que más atención suscitaron fue si tomaría o no medidas para proteger la vida de los no nacidos. Si bien en el pasado, se había mostrado favorable al aborto legal, Trump cambió de opinión hace unos años y, pese a su fama de voluble e impredecible, se ha mostrado llamativamente firme en defensa de los no nacidos.
Después de dos años en el poder, es posible señalar las medidas concretas que ha tomado el mandatario en relación con la defensa de los niños no nacidos.
1) Privar de financiación a Planned Parenthood: Derogando la regla contraria impuesta por la administración del Presidente Obama, cuyo gobierno fue, quizás, el más abortista de la historia de los Estados Unidos, Trump ha permitido que los estados dejen de financiar a la multinacional abortista Planned Parenthood, firmando una ley en ese sentido.
2) Política de la Ciudad de México: El Presidente Trump ha prohibido que el dinero procedente de los impuestos se dirija a financiar abortos en el extranjero, reinstaurando la llamada Política de la Ciudad de México. Esta política fue creada por Reagan y ha estado en vigor durante todos los gobiernos posteriores del Partido Republicano (Bush padre, Bush hijo y el propio Trump), pero no durante los gobiernos del Partido Demócrata (Clinton y Obama).
3) Fondo de Población de las Naciones Unidas: Trump ha retirado la financiación estadounidense al Fondo de Población de las Naciones Unidas, que promueve abiertamente los anticonceptivos y la ideología de género y, de forma más o menos encubierta (bajo el engañoso término de «salud reproductiva»), el aborto en multitud de países.
4) Seguros médicos y objeción de conciencia: A diferencia de Obama, Trump ha dado luz verde a la objeción de conciencia contra los seguros legalmente obligatorios que incluyen abortos, esterilizaciones o anticonceptivos y que muchas entidades no podían aceptar por motivos de conciencia. También ha obligado a que las compañías de seguros revelen si sus planes de seguros cubren el aborto y ha creado la División de Conciencia y Libertad Religiosa, que protege a los médicos que no quieran realizar abortos.
5) Nombramiento de personas provida: La defensa de los no nacidos se ha convertido en un elemento importante de su administración al elegir a personas con firmes convicciones provida para multitud de cargos públicos, en particular el vicepresidente Mike Pence, pero también el Fiscal General Jeff Sessions, la Consejera Presidencial Kellyanne Conway o el Secretario de Estado Mike Pompeo, así como multitud de jueces federales.
6) Apoyo a la marcha por la vida: La marcha anual por la vida es el principal evento provida de los Estados Unidos y, en las dos últimas que se han celebrado, el Presidente ha grabado un mensaje personal de apoyo para que se reprodujera durante la marcha. El Vicepresidente Pence participó directamente en la marcha, donde afirmó: «Esta será la generación que restaure en América el derecho a la vida». Su presencia ha supuesto un gran impulso para el evento, que habitualmente es marginado por los principales medios de comunicación.
7) Veto de legislación abortista: Durante la última marcha por la vida, el Presidente Trump prometió públicamente usar su derecho de veto para impedir la aprobación de cualquier legislación abortista que pudiera aprobar el Congreso. En esta promesa se puede discernir un elemento de interés de partido, ya que en principio las leyes abortistas provendrían de la cámara baja, que está en manos del Partido Demócrata, pero no deja de ser un firme apoyo público del más alto nivel a la causa provida.
Si bien estas siete medidas son importantes, la realidad es que el aborto legal en Estados Unidos está blindado más allá del poder de cualquier Presidente, por una sentencia del Tribunal Supremo de 1973, en la famosa causa Roe contra Wade. En aquella ocasión, los jueces del Supremo encontraron un (implícito) derecho a la privacidad en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, el cual cubría (implícitamente) el «derecho» a abortar, que, por lo tanto, según decidieron, estaba protegido por la Constitución. Aunque varios jueces del propio Tribunal e innumerables expertos señalaron que la decisión carecía de base jurídica, porque inventaba como por arte de magia un derecho que no existía en la Constitución y que los redactores de la misma nunca habrían aprobado, lo cierto es que las decisiones del Supremo no pueden ser derogadas por nadie más que por el propio Tribunal y el fallo en favor del aborto permanece en vigor hasta el día de hoy.
El efecto fundamental de la decisión fue arrebatar a los estados (y a los votantes) la posibilidad de prohibir el aborto, que se había convertido en un derecho constitucional que no podía ser conculcado por ninguna ley. Algo similar se haría, cuarenta años después, con el «matrimonio» entre personas del mismo sexo.
8) Nombramiento de magistrados provida para el Tribunal Supremo: Debido a esta situación peculiar de los Estados Unidos, la contribución más importante que puede hacer Trump a la lucha contra el aborto en su país consiste en influir en la composición del Tribunal Supremo, cuyos miembros permanecen el cargo de forma vitalicia y, por lo tanto, generalmente son nombrados por el presidente que esté en el poder cuando se produce un fallecimiento o una renuncia.
Ya en su campaña electoral, Trump afirmó «Soy provida y nombraré jueces provida». En efecto, el nuevo Presidente ha nombrado ya dos magistrados del Supremo contrarios al aborto,Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh. El nombramiento de este último fue objeto de una resistencia desaforada por parte de demócratas, abortistas y feministas radicales, que temían precisamente que los nuevos jueces dieran marcha atrás al blindaje constitucional del aborto. Esto indica que, a pesar de las apariencias, la situación de los defensores del aborto es muy precaria: como ese blindaje del supuesto «derecho a decidir» se impuso por fiat judicial, sin ninguna votación por parte de los norteamericanos, igualmente podría desmantelarse por una simple decisión judicial del Tribunal Supremo, que volvería a permitir que los ciudadanos votaran en sus distintos estados (muchos de los cuales son firmemente provida) para limitar o prohibir el aborto.
A esto se suma que es muy posible que Trump tenga la oportunidad de nombrar un tercer magistrado, ya que la Juez Ruth Bader Ginsburg, de 85 años y militantemente abortista, fue operada de cáncer de pulmón en diciembre del año pasado (después haber sufrido anteriormente otros dos cánceres, pancreático y de colon) y hace tiempo que no puede cumplir sus deberes de magistrada del Supremo. Si el Presidente Trump llegara a nombrar un tercer magistrado contrario al aborto, la mayoría provida en el Tribunal Supremo sería de 6 a 3, lo cual probablemente supondría un cambio sustancial en este ámbito durante las próximas décadas.
Los nombramientos, sin embargo, no son garantía de nada. La triste realidad es que las grandes decisiones del Supremo contrarias a las normas fundamentales de la moral (en favor del aborto y también, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo) se han tomado gracias a la «deserción» de miembros supuestamente provida en el pasado, nombrados por presidentes republicanos y, en algún caso, «católicos».
¿Se atreverán los nuevos magistrados a dar marcha atrás en la decisión que su propio Tribunal tomó hace casi medio siglo? Es difícil de predecir. En ese sentido, la opinión pública norteamericana está pendiente de algunos casos sobre los que tendrá que decidir próximamente el Supremo y que podrían dar un indicio de por dónde irán los tiros en las futuras actuaciones del Tribunal. El más inmediato es un caso en el que se debatirá si es inconstitucional o no una ley del estado de Luisiana que pone cortapisas a las clínicas abortistas, exigiendo que los médicos que llevan a cabo el aborto tengan autorización para llevar pacientes a algún hospital cercano.
Si bien este caso y otros similares no llevarían, en principio, a revocar la decisión de Roe contra Wade, sí que podrían ser un anticipo de la seriedad de las convicciones constitucionalistas y provida de los nuevos magistrados. De esas convicciones podrían depender en gran medida que el aborto sufra un golpe decisivo en los Estados Unidos, que a su vez tendría una gran influencia más allá de sus fronteras.
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