En España sí existe un gran pacto educativo: se trata del artículo 27 de la Constitución, que reconoce tanto el derecho universal a la educación como la libertad de elección de los padres, responsables entre otras de decidir «la formación religiosa y moral» que quieren para sus hijos.
Palabra del cardenal Antonio Cañizares, que el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba no solo hizo propias, sino que puso además este artículo de la Carta Magna en relación con el 14, que garantiza la libertad religiosa en un Estado aconfesionalidad, y que al mismo tiempo se compromete a cooperar «con la Iglesia católica y las demás confesiones».
«Yo defiendo el estado laico, pero eso no significa que la sociedad sea laica», aseguró el que fuera secretario general de los socialistas, vicepresidente con Rodríguez Zapatero y ministro de Educación y de Presidencia con Felipe González, en cuyos gobiernos trabajó desde 1982 en áreas relacionadas con la enseñanza.
No fue fácil el consenso en 1978. El arzobispo de Valencia (antes lo fue de Ávila) recordó una conversación con el expresidente Adolfo Suárez, quien le reconoció que «el artículo 27 fue el artículo clave de la discusión en la Constitución». «¿Quién educa, el Estado o los padres?», prosiguió el cardenal.
Rubalcaba, sin entrar en esa última discusión de fondo («La educación es una tarea compartida, pero entiendo lo que quiere decir don Antonio»), recordó que «los socialistas solo nos levantamos una vez de la mesa durante la discusión constitucional, y fue en el artículo 27». Finalmente se llegó a un acuerdo y por eso «el 27 es de todos. Este es el consenso educativo».
Un consenso –valoró Cañizares– que el PSOE desarrolló con los conciertos educativos, ya que «tiene que haber gratuidad», o si no la libertad de elección no es real. Lo cual no ha sido óbice para que «la tentación de la escuela única» resurja periódicamente en la izquierda
«Creo que los conciertos son el desarrollo exacto de la Constitución», abundó Rubalcaba, quien pese a reconocer que, efectivamente, «este no es un tema tranquilo en la izquierda política», se declaró un «gran defensor de este modelo».
Una visión compartida de la educación
Moderados por el periodista Carlos Herrera durante la segunda y última jornada del Congreso La Iglesia en la sociedad democrática –organizado por la Fundación Pablo VI en colaboración con la Conferencia Episcopal (CEE)–, Rubalcaba y Cañizares dieron muestras de conocerse y entenderse bien. El vicepresidente de la CEE ejerció ya esa misma responsabilidad en tiempos de Rodríguez Zapatero, cuando recayó en él buena parte de la responsabilidad de la interlocución política con el Ejecutivo. Previamente, entre 1999 y 2005, había sido presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza. «Tuvimos grandes debates, noches en la Moncloa sin llegar a acuerdos», recordó el expolítico.
La buena sintonía no se limitó al terreno personal. Se pudo comprobar cuando Cañizares habló de una educación integral e impregnada de valores. O en la coincidencia en las críticas al modelo PISA, que evalúa la calidad de la enseñanza según parámetros puramente cuantitativos.
La instancia en la escuela como transmisora de valores por parte de la Iglesia fue lo que, a juicio de Rubalcaba, le facilitó desde sus responsabilidades de gobierno el entendimiento con los diversos agentes educativos católicos. «El diálogo no siempre ha sido fácil, pero siempre ha sido bastante productivo», dijo. «He tenido buena relación con la Iglesia: con la Conferencia Episcopal, con la FERE, con María Rosa de la Cierva [religiosa que fue miembro del Consejo Escolar del Estado y secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid–…)».Todo ello gracias a que «compartíamos una aproximación ética» a la cuestión educativa, frente a «otras visiones de carácter tecnocrático».
Entre los puntos más conflictos, el antiguo dirigente socialista –hoy de nuevo profesor de Química Orgánica en la Universidad Complutense– aludió a la insuficiente financiación de los conciertos, lo que achacó a las limitaciones presupuestarias.
También mencionó las actividades extraescolares quasi obligatorias en algunos concertados, lo que en la práctica anula el carácter gratuito de estos centros, y la menor presencia de alumnos de origen inmigrante en las escuelas concertadas. Si bien –tras las objeciones del cardenal Cañirares– reconoció que es solo un sector de la concertada el que «se ha desentendido de la integración», frente a otros muchos casos «modélicos». «El panorama es diverso» y «hay clichés que no son justos», como el que considera que «muchos centros de la Iglesia son de élite», afirmó.
Religión evaluable, pero no necesariamente computable
El debate giró hacia la enseñanza de la Religión, habitual objeto de discusión entre el episcopado español y los distintos gobiernos socialistas. El cardenal Cañizares pidió que siga siendo de oferta obligatoria para los centros y de elección libre para los padres. Y «evaluable», aunque –añadió– eso no significa que deba «pasar al expediente».
«Iba a decir amén», bromeó el ex político. «Oferta obligatoria, voluntaria para quien la quiera… ¿Y cómo no va a ser evaluable? Pero no necesariamente computable para todo. Ningún problema. Eso era la LOGSE».
La tramitación de aquella ley educativa socialista no estuvo sin embargo exenta de roces con la Iglesia, pese a lo cual el ex ministro afirmó que fue «una ley pactada de principio hasta el final» (con la excepción, matizó, del PP, que «no se quiso sumar»). Uno de los mayores desacuerdos se produjo con la ausencia de una alternativa evaluable y en buena medida también los horarios, reconoció Rubalcaba. «¿Qué hacer con los niños que no estudian Religión? Algo que no perjudique a los que sí la cursan, nos pedían esos padres. Pero entonces los otros padres nos decían: no les hagan perder el tiempo a nuestros hijos».
Dicho lo cual «ni usted ni yo pensamos que este sea el gran problema de la educación», prosiguió el exvicepresidente. No, al menos, «hasta que llegó el señor Wert [primer ministro de Educación de Rajoy] y volvió a levantar el avispero», prosiguió en referencia a la actual ley educativa, que el Gobierno quiere sustituir por otra, sin que hasta ahora haya sido posible encontrar un consenso.
De cara a las conversaciones con la nueva ministra, Isabel Celaá, a la que Rubalcaba dedicó encendidos elogios, el histórico socialista aconsejó a la Iglesia que «cojan cuatro o cinco grandes temas y pónganse de acuerdo. Esta cosa de pactarlo todo, 35 temas, no puede ser».
Un pacto –matizó Cañizares– que debe partir del ya existente plasmado en la Constitución Española. Y a partir de ahí, centrar los esfuerzos de todos en mejorar la calidad de la educación, sea concertada o pública.
Una nueva relación entre el Estado y las religiones
Hay mayores incentivos hoy para buscar un entendimiento, según Pérez Rubalcaba, un no creyente que guarda un gran recuerdo de sus años en un colegio católico (El Pilar de Madrid, de los marianistas). Ciertos conocimientos de la religión católica son necesarios para «no acabar convertido en un inculto» o «poder visitar el Museo del Prado y entender algo».
Al mismo tiempo, es necesario tener más conocimientos sobre las demás religiones. «Tenemos a más de un millón de musulmanes, gente con la que vamos a convivir siempre», dijo a modo de ejemplo.
Todo ello en un momento en que, desorientados por la globalización, muchas personas han vuelto a la religión como elemento identitario, «lo que convierte la enseñanza del hecho religioso en algo fundamental. Si queremos vivir en una sociedad cosmopolita, con distintas creencias en armonía, hay que enseñar el hecho religioso de modo que las religiones no sean instrumentos para atacar al que no piensa como tú».
Como sucede llamativamente en Francia, donde «alguna religión se está utilizando para lo que no se debe», el Estado está reconsiderando su relación con las confesiones religiosas. «En los tiempos que corren, haríamos bien en plantearnos nuevas formas de colaboración con las autoridades religiosas, porque están llamadas a jugar un papel, sea bueno o malo».
Ricardo Benjumea
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