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CATÓLICOS SE NIEGAN A «VIOLAR LA LEY MORAL COOPERANDO A QUE TERCEROS COMETAN ACTOS CONTRARIOS A SUS CREENCIAS»
La jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, ordenó este martes el aplazamiento de parte de la reforma de salud, que entra en vigor hoy 1 de enero, a petición de las Hermanitas de los Pobres, que atienden en residencias a personas sin recursos económicos. La decisión bloquea la obligación impuesta a todos los empresarios de garantizar el acceso de sus trabajadores a anticonceptivos y a la píldora del día siguiente.
(Agencias/InfoCatólica) La jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, ordenó este martes el aplazamiento de una parte de la reforma de salud a petición de las Little Sister of Poor (Hermanitas de los Pobres), que tienen diversas residencias para personas sin recursos económicos en Estados Unidos.
La decisión de la jueza bloquea la aplicación a las organizaciones religiosas de la obligación, prevista en la nueva ley, de proporcionar a sus empleados planes de seguros médicos que incluyan medios de control de la natalidad.
Sotomayor ha dado de plazo al Gobierno hasta el próximo viernes para que responda a su decisión de aplazar esta parte de la reforma sanitaria que este primero de enero, comienza su andadura en el país.
Una serie de organizaciones católicas y otros grupos religiosos, que no habían conseguido frenar esta disposición de la nueva ley en tribunales inferiores, había introducido un recurso ante el Supremo para que anulara el llamado «mandato» individual relacionado con los anticonceptivos.
La decisión de Sotomayor responde en particular a una petición promovida por una congregación de monjas católicas de Colorado.
Organizaciones católicas solicitaron este martes, en una apelación de emergencia ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que se retrase un requerimiento de la Ley de Salud conocida como Obamacare, que los obligará a garantizar el acceso de sus trabajadores a anticonceptivos y a la píldora del día siguiente.
La arquidiócesis de Washington DC, Tennessee y Michigan, junto con grupos afiliados que incluyen a la Universidad Católica, pidieron a la Suprema Corte bloquear la ejecución de esa parte de la legislación, conocida como la Ley de Asistencia Asequible, que entrará en vigor este miércoles.
El tema ha causado fricción entre gobierno, los grupos religiosos y empresas privadas que tienen fuertes objeciones morales.
Bajo las reglas finales negociadas entre el gobierno y una variedad de grupos externos, las iglesias y lugares de culto están exentos del mandato. Pero no lo están otros grupos sin fines de lucro afiliados a asociaciones religiosas como hospitales dirigidos por la iglesia y las escuelas parroquiales.
Esos lugares, de acuerdo con la legislación, deberán facilitar la cobertura de anticonceptivos sin costo a sus empleados o de una compañía de seguros que proporcione el servicio sin la participación directa del empleador.
«Mañana, los solicitantes (de las organizaciones católicas) se verán obligados a elegir entre sanciones onerosas o convertirse en cómplice de un grave daño moral», señalaron los grupos en el documento presentado ante la Corte.
«Del mismo modo que un individuo puede ser considerado responsable de ayudar e incitar un crimen que no ha cometido, también los católicos pueden violar la ley moral cooperando a que terceros cometan actos contrarios a las creencias católicas», señalaron los grupos.
Aún no se sabe la fecha en que la Suprema Corte podría sesionar al respecto.
El máximo tribunal aceptó en noviembre estudiar dos casos que involucran a corporaciones con fines de lucro que señalan que su libertad religiosa es violada por la ley.
Entre los demandantes está Hobby Lobby, una cadena estadounidense de objetos artesanales. El tema a discutir será si las compañías privadas pueden rechazar la ley si viola sus derechos religiosos.
La compañía Green Family, dueña de Hobby Lobby, señala que se oponen a la píldora del día siguiente pues consideran que constituye un aborto y viola su fe, aunque no se oponen a todos los anticonceptivos.
La Casa Blanca señaló en noviembre que considera que facilitar la adquisición de anticonceptivos «es esencial para la salud de la mujer».
Pocas horas antes que la ley entrara en vigor, la magistrada Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema, bloqueó el martes la implementación de una parte de la nueva ley de salud que obligaba a algunas organizaciones con afiliación religiosa a ofrecer a sus empleados un seguro de salud que incluyera medidas para el control de la natalidad.
La decisión de la magistrada Sotomayor, de origen puertorriqueño, ocurre después de numerosos esfuerzos de grupos de afiliación católica en todo el país, que acudieron a tribunales federales para impedir la implementación, que comienza el miércoles, de partes de la Ley de Servicios Médicos Asequibles, conocida como Obamacare.
Sotomayor respondió a una solicitud de una organización de monjas católicas de Denver, Little Sisters of the Poor Home for the Aged, de suspender de emergencia otra solicitud negada anteriormente por un tribunal federal de apelaciones.
«Se ordena al gobierno suspender temporalmente la implementación de la exigencia de cobertura de contraceptivos impuesta por la Ley de Protección al Paciente y Servicios Médicos Asequibles», expresó Sotomayor en la orden.
Sotomayor, que lideró el martes en Nueva York el conteo regresivo para recibir el nuevo año y activó el mecanismo que inició el descenso de la esfera iluminada en Times Square, dio al gobierno hasta el viernes a las 10 para responder a la orden.
La ley exige a los empleadores ofrecer seguro que incluya una amplia gama de cuidados preventivos, de manera gratuita, como la contracepción. La Iglesia católica prohíbe el uso de anticonceptivos.
El gobierno del presidente Barack Obama llegó a un acuerdo que intentó crear un acomodo para los hospitales, universidades y grupos de servicios sociales afiliados a organizaciones religiosas y que se oponen al control de la natalidad. La ley exige a las aseguradoras o los administradores de planes de salud que paguen la cobertura del control de la natalidad y establezca formas para reembolsarles esos gastos.
Pero para que eso funcionara las monjas tendrían que haber firmado un formulario que autorizaba a sus aseguradores a ofrecer cobertura de anticonceptivos, algo que se opone a sus creencias, alegó su abogado, Mark Rienzi.
«Sin una orden de emergencia, la madre provincial Loraine Marie Maguire tiene que decidir entre dos cosas: (a) firmar y presentar un formulario de certificación, lo que viola sus creencias religiosas, o (b) negarse a firmar el formulario y pagar multas onerosas», dijo Rienzi.
La Casa Blanca no comentó sobre la orden judicial el martes por la noche. Rienzi expresó en una declaración que estaba encantado con la decisión de Sotomayor. «El gobierno tiene muchas formas de ofrecer anticonceptivos al pueblo», dijo. «Pero no necesita obligar a las monjas a participar».
La decisión de Sotomayor de demorar la implementación de esa parte de la ley de salud fue apoyada por el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que también emitió una orden de emergencia a favor de grupos de afiliación católica que impugnaban la cláusula de los anticonceptivos, como la Arquidiócesis de Washington DC y la Universidad Católica. Pero uno de los tres jueces del panel que tomó la decisión, David S. Tatel, dijo que él habría negado la solicitud.
«Porque creo que los solicitantes probablemente no logren hacer valer su alegación de que la cláusula impugnada impone una 'carga sustancial' bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, yo negaría su solicitud de una suspensión temporal en espera de la apelación», dijo Tatel.
La Arquidiócesis alabó la decisión del tribunal de apelaciones en un comunicado.
«La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito de Washington DC se apega a las decisiones de tribunales de todo el país que han sostenido que el mandado impone una carga sustancial e impermisible sobre el libre ejercicio de la religión. Estas decisiones también vindican el compromiso de los obispos católicos de Estados Unidos de mantenerse unidos en la defensa de la primera y más sagrada libertad: la libertad de religión».
La Corte Suprema ya había decidido fallar sobre si los negocios pueden usar objeciones religiosas para no cumplir la exigencia de cobertura de anticonceptivos a beneficio de los empleados. Se espera que ese caso, que involucra a Hobby Lobby Inc., cadena de tiendas de Oklahoma City con 13.000 empleados a tiempo completo, se alegue en marzo y se decida en el verano.
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