La Iglesia es la única institución en España que se somete cada año a un referéndum, pero no a uno cualquiera, como las encuestas del CIS sobre popularidad o prestigio, sino al más riguroso de todos: el de los contribuyentes. No hay ninguna otra organización, partido político, sindicato o asociación que se exponga a un plebiscito similar, ni ganas que tienen. Ni siquiera, por supuesto, los mismos políticos de izquierda que la semana pasada acusaban a la Iglesia de no ser «democrática». A ver quién de ellos, desde Rubalcaba a Cayo Lara, pasando por Toxo y Méndez, se atreve a aplicar a su respectivo negociado el sistema de financiación de la Iglesia. He ahí el ejercicio de libertad ciudadana más genuino, pues el contribuyente soberano no sólo confía su voto, sino también una parte de sus tributos. Y así año tras año, sin aparatos burocráticos ni comités federales de por medio. Según las cuentas colgadas ayer por la Conferencia Episcopal (¿para cuándo las del PSOE e IU en sus respectivas webs?), el año pasado, en plena recesión económica, más de nueve millones de españoles marcaron la «X» en la casilla de la Iglesia, lo que equivalió a 247 millones de euros. Cantidad muy respetable que debería animar a políticos y sindicalistas a adoptar el mismo modelo. Al PSOE, por ejemplo, con un presupuesto de sólo 20 millones de euros, le bastaría con que le avalara la décima parte de los que apoyan a la Iglesia para autofinanciarse. Y lo mismo cabe decir de los demás. De este modo, además de salirnos mucho más baratos, se daría un salto de gigante en la transparencia en la financiación, que es la gatera por la que se cuela la corrupción. Sorprende que los «indignados» del 15-M, tan partidarios de someter a plebiscito hasta la colocación de los semáforos, no hayan reclamado aún un «referéndum anual, ya» del contribuyente. No hay derecho a decidir más justo ni más justificado.
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