QUERELLAS; POR ALFONSO USSÍA.

Desconfío de aquellos que, anunciando una acción judicial contra quienes han herido o menoscabado su honor, proclaman pública y solemnemente que van a encomendar el asunto a «sus abogados». Los pedorros de los platós hepáticos lo hacen de continuo. «Como vuelvas a decir que me he acostado con Paqui te mando mis abogados». Nadie sabe el número exacto de abogados dispuestos a demostrar que no existió tal fornicio con Paqui, y menos aún quién es Paqui y a qué se dedica, pero la respuesta acostumbra a ser contundente: «La que te voy a mandar mis abogados soy yo por haber afirmado que soy lesbiana». He sido demandado en alguna ocasión y objeto de más de una querella criminal. Y siempre he recurrido a un abogado, no a mis abogados, entre otras razones, porque no los tengo. Excepto una demanda perdida, he salido airoso del resto gracias a José María Stampa Braun, Calixto Alonso del Pozo –eminente letrado santanderino–, y Francisco Hiraldo, el jefe de la Asesoría Jurídica de LA RAZON. Pero me encomendé a ellos por separado, no en versión tropa, y con sólo un abogado en cada caso los resultados han sido excelentes. Mi desconfianza se sostiene en una premisa. Cuanto menos segura se siente una persona ante las leyes, precisa de más abogados para albergar la esperanza del éxito. Si todas las demandas civiles y querellas criminales precisaran de abogados y no de un abogado, los despachos de los jueces serían como el camarote de los Hermanos Marx.

He escrito que creo haber creído a Rajoy y no me desdigo. Es lento pero honesto. También excesivamente predispuesto a rodearse de mediocridades. El mismo defecto que Fraga. Durante el efímero paso de Antonio Hernández Mancha por la presidencia del Partido Popular, tuvo el tiempo y la vista suficientes para calar a Luis Bárcenas y echarlo posteriormente con la debida indemnización. Pero Fraga lo recuperó, porque como decía Pío Cabanillas, «a Manolo le cabe todo el Estado en la cabeza, pero ni una letra más». No conocía a la gente, y la prueba de ello se apellida Verstrynge. Se trata de un juicio de valor, pero creo que Rajoy, como Felipe IV, tiene en Arriola a su temido Conde-Duque de Olivares, probablemente el asesor con mayor capacidad para equivocarse de cuantos han bebido la ambrosía del poder. Me refiero a Arriola, no al difunto Conde-Duque, que se atrevió, el muy cabrón, a encarcelar a don Francisco de Quevedo en San Marcos de León por unos poemas satíricos.

Eché en falta, y también lo he escrito, el anuncio de Rajoy de querellarse contra Luis Bárcenas y «El País». No con la colaboración de sus abogados, sino con uno sólo y de confianza. María Dolores de Cospedal sí se refirió a «sus abogados», pero éstos, bastante lentos, todavía no han interpuesto en su nombre la querella criminal necesaria. Y tampoco la ministra Ana Mato busca por los grandes despachos de abogados de Madrid un letrado dispuesto a acompañarla en la recuperación del honor puesto en duda por las informaciones de los medios de comunicación. El Presidente ha sido señalado por esos papeles probablemente apócrifos como receptor de sobresueldos. Y esa acusación necesita la urgente reacción judicial del Presidente del Gobierno. Que no haga caso, por esta vez, a Arriola, que le habrá recomendado calma y que deje pasar el tiempo. En este caso la calma es la tormenta y el tiempo no lo tiene. De no querellarse, aumentarán las dudas y algunas de ellas se manifestarán como negras certidumbres. Sobra con un abogado. Pero falta la querella.